La caída del 2,6% en la producción de cobre —la más baja en 28 años para Codelco— no es una “recesión” natural ni un accidente geológico: es el resultado de décadas de subinversión y saqueo de la renta minera, mientras el capital privado celebra precios históricos y el Estado socializa el déficit sobre la clase trabajadora.
Por Equipo El Despertar
Cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, declaró ante El Mercurio que Chile atraviesa una “recesión del cobre”, utilizó una categoría que merece ser desmontada. No hay recesión en el sentido económico del término: el precio del metal rojo se sitúa en torno a los US$5,95 por libra, niveles históricamente inéditos en términos reales, y Cochilco proyecta un promedio de US$5,10 para 2027. Lo que existe es una crisis de producción —una caída del 2,6% respecto de 2025, hasta 5,27 millones de toneladas— que revela la contradicción fundamental del capitalismo extractivista: el capital privado extrae renta extraordinaria mientras el Estado, y con él la clase trabajadora, carga con las consecuencias estructurales del agotamiento de los yacimientos. La “recesión” no es del cobre: es del modelo.
Los datos desnudan la operación ideológica. Entre enero y junio de 2026, Chile produjo 2,48 millones de toneladas, un 6,6% menos que un año antes, con una caída interanual de 175.200 toneladas. Codelco, Escondida y Spence concentraron el 91% de la disminución neta nacional. El deterioro se profundizó hasta abril —con una baja de 13,8%— y solo revirtió parcialmente en junio con un alza de 5,2% que Cochilco describió como “todavía insuficiente para confirmar un cambio de tendencia”. La producción mensual cayó de 410.000 toneladas en enero a un piso de 375.000 en febrero, cerrando el semestre en 444.000 toneladas. Para cumplir la proyección anual, Chile tendría que producir cerca de 2,79 millones de toneladas en el segundo semestre, un escenario que la propia Cochilco califica con “riesgo a la baja”.
La explicación oficial apunta a “menores leyes minerales, mantenciones programadas y dificultades para estabilizar proyectos de reposición”. Quiroz vinculó el fenómeno con “muchos, muchos años con una inversión relativamente baja” y el “envejecimiento de los yacimientos”. Lo que el ministro no dice —porque no puede decirlo sin cuestionar el modelo— es que esa subinversión no es un accidente: es la lógica misma del capital. Las empresas mineras priorizaron la distribución de dividendos y la recompra de acciones sobre la reinversión productiva, maximizando la plusvalía extraída del trabajo minero y de la renta de la tierra. Codelco, la empresa estatal, arrastra una deuda de US$25.000 millones y enfrenta su producción más baja en 28 años. El capital privado —BHP, Anglo American, Glencore— tampoco invirtió lo suficiente para compensar el agotamiento de las leyes minerales. El resultado es una estructura productiva que extrae renta extraordinaria en los ciclos de precios altos pero no reproduce las condiciones materiales de su propia existencia. Es la contradicción entre la producción social y la apropiación privada llevada a su límite.
La narrativa hegemónica presenta la caída como un problema de “productividad” o de “competitividad”, categorías que ocultan la relación de explotación. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, cuestionó el concepto de “recesión” utilizado por Hacienda y apuntó a la diferencia entre volumen y precio: “Lo que dijo el ministro es una caricatura financiera, yo lo asimilo a que Chile está perdiendo producción de cobre fino. Ese es el efecto cantidad, pero el efecto precio ha tenido más de un 400% de alza”. Viera tiene razón en los números, pero su crítica se queda en la superficie: no cuestiona por qué se pierde producción. La respuesta está en la dinámica de acumulación del capital minero: cuando el precio sube, el capital no reinvierte proporcionalmente en expandir la producción, sino que extrae más renta con la misma base productiva, intensificando la explotación de la fuerza de trabajo y postergando la inversión en reposición de reservas. La “pérdida de producción” no es un fallo del mercado: es el resultado de la lógica de maximización de ganancias a corto plazo.
El impacto fiscal es la otra cara de la misma moneda. La minería privada pagará US$8.000 millones en impuestos durante 2026, un 32% más que en 2025, según la Dirección de Presupuestos. La tributación de la gran minería privada crecerá 27,6% en términos reales, impulsada por el ajuste al alza del precio del cobre de US$5,15 a US$5,46 por libra en las proyecciones oficiales. Cada centavo adicional en el precio del cobre genera un aumento de US$26,4 millones en los ingresos fiscales, distribuidos entre el año del alza y el siguiente. El Gobierno proyecta ingresos cíclicamente ajustados por $76.186.261 millones, con un crecimiento real de 5,8%, y una contención adicional del gasto por $709.993 millones.
Pero estas cifras, presentadas como “alivio fiscal”, ocultan una verdad más incómoda: el presupuesto de la nación depende estructuralmente de la renta minera, una renta que el capital privado se apropia y que el Estado solo recupera parcialmente mediante impuestos. Los US$3.000 a US$4.000 millones adicionales que el cobre y el litio podrían aportar al Fisco en 2026 no son un logro de la política fiscal: son el resultado de condiciones externas —precios internacionales altos, tensiones geopolíticas, transición energética global— sobre las cuales Chile no tiene control alguno. La dependencia del cobre no es una ventaja comparativa: es una trampa estructural. Cuando el precio sube, el Estado recauda más; cuando baja, el déficit se dispara y el ajuste recae sobre el gasto social. La crisis de Codelco —con su producción más baja en 28 años y una deuda de US$25.000 millones— es la prueba de que ni siquiera la empresa estatal escapa a esta lógica: opera como una corporación que debe generar excedentes para el Fisco, pero sin la autonomía financiera para invertir en su propia reproducción.
La clase trabajadora del cobre es la que carga con el costo real de esta crisis. Los 6.322 trabajadores y ejecutivos de Codelco que recibieron bonos por US$14,3 millones asociados a metas de producción de 2025 ahora deben devolverlos tras la corrección interna que reveló una sobreestimación de casi 27.000 toneladas métricas finas. Alberto Muñoz, dirigente de Chuquicamata, lo dijo sin ambages: “No hay ninguna opción de devolver ni un puto peso. No es culpa nuestra, señores. Nosotros vamos a producir todos los días. Los altos ejecutivos tendrán que asumir su responsabilidad de lo que viene”. La sobreestimación de producción —que obligó a Codelco a corregir sus cifras de 1.334.445 a 1.307.570 toneladas métricas finas— no fue un error técnico inocente: fue una maniobra para inflar resultados y justificar bonos, en una empresa que enfrenta una investigación penal por estos hechos. Los trabajadores producen el cobre; los ejecutivos inflan las cifras; cuando el engaño se descubre, los primeros son quienes deben devolver el dinero. Es la plusvalía en su forma más descarnada: el capital extrae el trabajo excedente, lo convierte en ganancia, y cuando el ciclo se revierte, traslada las pérdidas a quienes producen la riqueza.
Marx lo describió con precisión en El Capital: en el modo de producción capitalista, la crisis no es una anomalía, sino una manifestación necesaria de las contradicciones internas del sistema. La caída de la producción de cobre en Chile no es un fenómeno natural ni un castigo divino: es el resultado de una estructura de propiedad que subordina la reproducción de las condiciones materiales de la producción —los yacimientos, las plantas, la fuerza de trabajo— a la maximización de la renta extraíble. El Estado, lejos de ser un árbitro neutral, administra esta contradicción: socializa el déficit mediante ajustes del gasto público, mientras el capital privado se apropia de la renta extraordinaria en los ciclos de precios altos. La “recesión del cobre” que anuncia Hacienda no es una recesión del metal: es la crisis de un modelo que extrae renta sin reproducir las condiciones de su propia existencia, y que cuando el ciclo se agota, descarga el costo sobre la clase trabajadora.
La discusión sobre el presupuesto de la nación no puede reducirse a “cuánto recaudamos” o “cuánto gastamos”. La pregunta de fondo es quién produce la riqueza, quién se la apropia y quién carga con las consecuencias cuando el ciclo se revierte. Los trabajadores del cobre —los mineros de Chuquicamata, El Teniente, Escondida— no son “colaboradores” ni “capital humano”: son la fuerza de trabajo que extrae el mineral, que produce la renta, que sostiene el presupuesto fiscal. Y son ellos, no los ejecutivos que inflaron las cifras ni los accionistas que cobraron dividendos, quienes deben devolver los bonos, enfrentar los despidos y soportar la precariedad cuando el modelo muestra sus límites. La “recesión del cobre” es, en última instancia, una recesión de la clase trabajadora. Y como toda crisis capitalista, es también una oportunidad: la de preguntar si el cobre debe seguir siendo el “sueldo de Chile” administrado por el capital privado, o si debe convertirse en el fundamento de una economía puesta al servicio de las mayorías.