En menos de doce meses, las prioridades de las familias trabajadoras dieron un vuelco definitivo: el desempleo estructural y la inflación desplazaron a la “delincuencia” como la principal preocupación nacional, desnudando cómo la agenda punitiva de la extrema derecha buscaba encubrir la precarización y el saqueo del capital.
Por Equipo El Despertar
El acelerado giro en las preocupaciones prioritarias de la población chilena —donde en menos de un año los problemas vinculados al desempleo, los bajos salarios y la carestía de la vida desplazaron drásticamente a la “seguridad ciudadana” al tope de las inquietudes sociales— representa un hecho político de profunda significación analítica. Desmintiendo los relatos de la prensa hegemónica, que intentan encuadrar este fenómeno como una simple “volatilidad de la opinión pública” o un “cambio estacional en la agenda mediática”, el desplome de la narrativa del pánico delictual expone el choque frontal entre el discurso de la extrema derecha y las urgencias materiales de la clase trabajadora.
Durante la fase de instalación del gobierno de José Antonio Kast, la burguesía y sus aparatos ideológicos promovieron de forma obsesiva la histeria securitaria como un dispositivo de disciplina social. La sobreexposición de la violencia común y el despliegue demagógico de la “mano dura” buscaron paralizar la protesta, justificar el aumento del gasto represivo y, fundamentalmente, invisibilizar la silenciosa aplicación del ajuste neoliberal. Sin embargo, tras doce meses de gestión patronal, la crudeza de la realidad económica ha terminado por agrietar el montaje propaganda: la pérdida sistemática de puestos de trabajo, el cierre de empresas periféricas y la licuación de los sueldos por la inflación han vuelto insostenible la ilusión de que el principal enemigo del pueblo viste de capuchón y no de terno corporativo.
Las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo —centradas en la flexibilización laboral, la contención del gasto social, las exenciones tributarias a los grupos concentrados y la paralización de la inversión pública— han actuado como un acelerador directo del despojo. Mientras las grandes familias del empresariado resguardan sus tasas de ganancia, en las poblaciones y centros urbanos la falta de ingresos ha dejado de ser una amenaza hipotética para convertirse en una angustia cotidiana. Referentes del sindicalismo de base y de los comités de allegados han caracterizado este punto de inflexión con precisión materialista: “Nos vendieron que el gran problema del país era el miedo a salir a la calle, pero hoy el verdadero miedo en las poblaciones es no saber si el mes que viene habrá trabajo o cómo se va a comprar la comida. El gobierno usó el discurso de la seguridad como un somnífero para pasar el ajuste, pero el hambre y la cesantía no se combaten con más policías en las esquinas ni con leyes represivas, se combaten devolviéndole los derechos a la clase trabajadora”.
Desde la perspectiva del materialismo histórico, el desplazamiento de la seguridad por la crisis económica evidencia los límites de la hegemonía punitiva cuando choca con las contradicciones de la acumulación capitalista. El gobierno ya no puede recurrir al fantasma de la delincuencia para distraer a las masas del vaciamiento de sus bolsillos. Sin embargo, la sola toma de conciencia sobre el deterioro material no garantiza una salida emancipadora si no se canaliza políticamente. La tarea estratégica para la vanguardia militante y las organizaciones populares radica en articular esta indignación socioeconómica, superando el marco del consumo y la queja individualista para erigir un Plan de Luchas unificado que enfrente directamente a la patronal, exija la defensa del empleo y recupere las calles en función de las demandas históricas del proletariado.