El masivo rechazo popular frente a los decretos que benefician a pederastas y criminales de lesa humanidad de Punta Peuco expone la fractura insalvable entre la casta patronal y la clase trabajadora, que desborda el cerco institucional para exigir la renuncia inmediata del titular de Justicia.
Por Equipo El Despertar
La indignación popular que recorre el territorio nacional tras revelarse la firma de decretos administrativos que concedieron rebajas de condena a 56 sentenciados por abusos sexuales a menores de edad y a criminales de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco ha escalado a una crisis política de proporciones históricas. Descartando los intentos de la prensa corporativa y de La Moneda por presentar esta aberración como una “mera controversia técnica”, una “disputa de interpretación reglamentaria” o una “falla en la mirada política”, el contundente rechazo de la inmensa mayoría del país desnuda la doble moral del Estado burgués: represión implacable para la protesta trabajadora y paternalismo complaciente para los agresores y agentes de la dictadura.
La pretensión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de atrincherarse en el cargo afirmando públicamente que “no ha pensado en renunciar” y que espera “acompañar al Presidente sus cuatro años de mandato”, ha funcionado como un alfiler sobre el malestar acumulado. La caída preventiva del subsecretario de la cartera en días recientes ha resultado insuficiente para contener el repudio popular, demostrando que las masas trabajadoras no aceptan los sacrificios de fusibles burocráticos con los que el Ejecutivo busca proteger al corazón de su gabinete. El argumento legalista agitado por Rabat queda al descubierto frente a la jurisprudencia de la propia Corte Suprema, que ha ratificado en fallos anteriores que la reducción de pena es una facultad discrecional y no un derecho automático del condenado, dejando al desnudo que la firma de estos decretos obedeció a una decisión política orientada a consolidar la impunidad.
Frente a la parálisis de la política institucional y el evidente esfuerzo del bloque dominante por blindar a sus cuadros, organizaciones de base, comités de defensa de la infancia, agrupaciones de derechos humanos y el sindicalismo combativo han tomado la palabra, convirtiendo el rechazo en un grito unánime de movilización: “El pueblo chileno no va a tolerar que se utilice la firma presidencial para perdonar a quienes agredieron a nuestros niños y a quienes torturaron y asesinaron bajo la dictadura militar. La permanencia del ministro Rabat es una provocación que demuestra el verdadero rostro de este gobierno. Exigimos su renuncia inmediata, el fin definitivo de estos beneficios de impunidad y el castigo efectivo a los responsables del despojo y la violencia contra la clase trabajadora”.
Desde la perspectiva del materialismo histórico, el clamor masivo por la renuncia del ministro expone la bancarrota de la retórica de la “mano dura” agitada por la extrema derecha. La supuesta intransigencia con la delincuencia se disuelve en el instante en que el aparato estatal actúa favoreciendo a sectores afines a su entramado de clase e ideológico. La exigencia popular de salida no constituye simplemente un reclamo contable de nombres en el gabinete, sino la afirmación del derecho soberano del pueblo a poner freno a la impunidad. La tarea impostergable para la vanguardia revolucionaria radica en coordinar esta masiva reserva moral de la clase trabajadora, canalizando la indignación social hacia un plan de luchas capaz de desmantelar el entramado de privilegios patronales y de impunidad institucional.