El contraste entre la pasividad policial frente al bloqueo de rutas por parte del gremio de camioneros y el despliegue de violencia estatal contra las manifestaciones de la juventud popular y el sindicalismo combativo expone la función del Estado como guardián de los intereses de la burguesía comercial y financiera.
La paralización de carreteras convocada por los grandes gremios del transporte de carga y camioneros ha vuelto a poner de manifiesto, con absoluta nitidez, la doble vara y la naturaleza de clase del aparato estatal bajo la administración de José Antonio Kast. Descartando las lecturas de la prensa corporativa —que insisten en encuadrar el conflicto como un “diálogo complejo por demandas de seguridad vial” o un “ejercicio legítimo de presión gremial”—, la perspectiva del materialismo histórico exige desenmascarar la sustancia política del fenómeno: el paro camionero opera como una acción de fuerza de una fracción de la burguesía comercial y de intermediación para extorsionar al Fisco y asegurar sus márgenes de ganancia, contando con la complacencia táctica de las fuerzas del orden.
Mientras los convoyes patronales bloquean arterias estratégicas del país interfiriendo con el abastecimiento de las grandes ciudades sin sufrir la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado ni el lanzamiento de unidades de control de orden público, la respuesta gubernamental frente a la protesta obrera y estudiantil sigue siendo la persecución implacable, las detenciones masivas y el uso sistemático de la fuerza de carabineros. La misma administración que justifica el diálogo paciencioso con la patronal del transporte es la que decreta querellas, querellas por Ley Antiterrorista y cercos policiales cuando la juventud popular sale a las calles a exigir educación pública o cuando las y los trabajadores se declaran en huelga por salarios dignos.
Frente a esta abierta simetría represiva, referentes del sindicalismo combativo y de las organizaciones estudiantiles de base han denunciado el trasfondo ideológico de la gestión gubernamental: “Cuando los camioneros cortan las rutas para cuidar sus bolsas de ganancias y exigir subsidios al diésel, el gobierno les envía comisiones ministeriales a negociar con café de por medio. Pero cuando los estudiantes o los trabajadores marchamos por derechos sociales y condiciones de vida, la respuesta del gobierno de Kast son los carros lanzaaguas, las bombas lacrimógenas y la cárcel. Esto no es un problema de protocolo policial; es la prueba de que este Estado y este gobierno protegen los negocios de los poderosos y persiguen con rabia a la clase trabajadora que se organiza”.
Desde la perspectiva del materialismo histórico, el trato preferencial otorgado al paro patronal frente a la criminalización de la protesta popular demuestra que el monopolio de la violencia estatal no es neutral. El gobierno de extrema derecha utiliza la represión no para preservar un “orden público” abstracto, sino para salvaguardar la disciplina laboral y la paz social que exige la acumulación capitalista, mientras tolera la insubordinación de los gremios empresariales cuando estos presionan para moldear las políticas públicas a su favor. La tarea impostergable para la vanguardia militante y la clase trabajadora radica en evidenciar este doble rasero, desmantelar la ilusión de la neutralidad institucional y articular un Plan de Luchas de masas capaz de responder a la violencia patronal y estatal mediante la autoorganización y la huelga general.