El Séptimo Juzgado Civil de Santiago dictó una sentencia inédita contra la Congregación Salesiana, condenándola a pagar una indemnización de $325 millones por el encubrimiento sistemático de abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes contra nueve exalumnos entre 1973 y 2009. El fallo del juez Diego Portilla Silva establece que no se trató de “negligencias individuales”, sino de un “funcionamiento orgánico” que priorizó la imagen institucional por sobre la protección de niños y adolescentes. Mientras la orden religiosa se escuda en investigaciones canónicas tardías, la clase trabajadora asiste a la confirmación de una verdad incómoda: el mismo aparato eclesiástico que predicaba la moral y la rectitud construyó un entramado de silencio para proteger a sus depredadores y garantizar la impunidad de sus crímenes.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La tarde de este martes, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago emitió un fallo que, por su contundencia, debería estremecer los cimientos de la Iglesia católica en Chile. Luego de cuatro años de litigio, el juez Diego Portilla Silva condenó a la Congregación Salesiana a pagar una indemnización total de $325 millones a ocho de los nueve denunciantes que demandaron a la orden por los abusos sexuales que sufrieron entre 1973 y 2009 en distintos establecimientos educacionales de la congregación.
La sentencia, sin embargo, trasciende la dimensión económica. El magistrado fue categórico al calificar los hechos como parte de “un patrón sistemático e institucional”, estableciendo que “no se trata de la suma de negligencias individuales, sino de un funcionamiento orgánico cuyas deficiencias estructurales eran de tal entidad que permitieron la ocurrencia sistemática de hechos de connotación sexual”. El fallo describe una suerte de “tormenta perfecta” configurada por “medidas que lejos de estar orientadas a la protección de los niños, niñas y adolescentes, tienen por propósito gestionar el retiro discrecional y silencioso de los agresores, existiendo una primacía de la imagen institucional sobre la protección de las personas miembros de la congregación”.
El negocio del silencio: cómo la orden protegió a sus depredadores
La sentencia derriba uno de los pilares de la defensa de la orden Salesiana: la existencia de investigaciones canónicas. El fallo establece que estos procedimientos internos fueron “sistemáticamente tardíos y de carácter reactivo, iniciándose décadas después de los hechos y, como señala la misma institución, solo ante denuncias formales, nunca ante indicios previos”. Además, el juez subrayó que el derecho canónico es “distinto del derecho estatal” y que “no permite la aplicación de medidas cautelares”, dejando a las víctimas desprotegidas frente a una maquinaria eclesiástica diseñada para el encubrimiento.
El fallo va más allá al señalar que la omisión institucional en la prevención y supervisión de sus miembros “fue condición necesaria de la ocurrencia y prolongación de los abusos”. Si la congregación hubiera separado oportunamente a los sacerdotes abusadores, “los daños no se habrían producido o bien no habrían alcanzado la extensión, la duración ni las consecuencias que presentan a la fecha”. En otras palabras, la orden Salesiana no solo encubrió los crímenes, sino que creó las condiciones para que se repitieran durante décadas.
La geografía del horror: abusos que cruzaron el país
Los abusos no se limitaron a un solo establecimiento o región. La sentencia abarca casos ocurridos en Putaendo, Santiago, Talca, Concepción, Valdivia y Punta Arenas, así como en casas de veraneo y viviendas particulares en localidades como Coñaripe, Molina, La Cisterna y La Florida. La geografía del horror revela que el fenómeno no fue un accidente localizado, sino una práctica extendida que la orden permitió y facilitó.
Los sacerdotes abusadores, según el fallo, fueron protegidos mediante “dispensas del celibato sugeridas por la propia congregación como mecanismo para evitar procesos formales de dimisión”. Es decir, la orden no solo sabía de los abusos, sino que desarrolló un protocolo interno para deshacerse de los agresores sin que estos enfrentaran la justicia civil ni el escarnio público, garantizando que pudieran seguir ejerciendo en otros lugares.
La justicia civil frente a la impunidad eclesiástica
El fallo del juez Portilla Silva representa un hito en la lucha de las víctimas de abusos eclesiásticos contra la impunidad que ha caracterizado a la Iglesia católica en Chile. Las víctimas, según informó El Mostrador, evalúan pedir que se reactive la investigación penal por asociación ilícita, lo que podría abrir un nuevo frente judicial contra la orden.
La condena llega en un contexto donde la Fiscalía de Chile investiga a 158 miembros de la Iglesia Católica por abusos sexuales, de los cuales 65 pertenecen, en su mayoría, a los salesianos y maristas. La magnitud de las cifras revela que el caso Salesiano no es una excepción, sino la punta del iceberg de una crisis sistémica que la jerarquía eclesiástica ha preferido silenciar.
La función de clase del silencio eclesiástico
Desde una perspectiva marxista, el encubrimiento de los abusos sexuales por parte de la orden Salesiana no es una anomalía moral, sino la expresión de la función ideológica que la Iglesia cumple en el capitalismo: legitimar el orden establecido y disciplinar a las conciencias. Al proteger a sus sacerdotes abusadores y silenciar a las víctimas, la Iglesia no solo traiciona su propio discurso moral, sino que refuerza una estructura de poder que se sostiene sobre la base de la impunidad y el secretismo.
El fallo judicial, al declarar que la orden priorizó la “imagen institucional” sobre la protección de los niños, desnuda la lógica de una institución que se concibe a sí misma como un poder por encima del Estado y de la ley. La Iglesia, como el capital, tiene sus propios códigos, sus propios tribunales y sus propias formas de encubrimiento. El silencio eclesiástico no es un accidente; es la respuesta natural de una institución que ha aprendido a gestionar sus escándalos como una corporación gestiona sus crisis de relaciones públicas.
Epílogo: la deuda de la Iglesia con las víctimas
La condena a la orden Salesiana es un paso adelante en la búsqueda de justicia para las víctimas, pero no es suficiente. Los $325 millones de indemnización no repararán el daño causado a los nueve exalumnos que fueron abusados durante décadas. Tampoco devolverán la infancia robada a quienes fueron violados en los colegios, las casas de veraneo y las viviendas particulares donde la Iglesia debía protegerlos.
La clase trabajadora debe leer este fallo con otros ojos: no se trata de un triunfo de la justicia, sino de un recordatorio de que la impunidad de los poderosos tiene un costo, y que ese costo lo pagan los de abajo. La Iglesia católica, como el Estado y el capital, es una estructura de poder que ha demostrado una y otra vez que está dispuesta a sacrificar a los más vulnerables para proteger su propia imagen. La lucha por la justicia en el caso Salesiano es parte de una lucha más amplia: la lucha por un mundo donde ninguna institución, por sagrada que se proclame, esté por encima de la ley.