Más de tres mil trabajadores portuarios, agrupados en Conatraport, mantienen paralizados los principales terminales del país —desde Iquique hasta Punta Arenas— en una lucha que no es solo por 250 pensiones de gracia, sino por el principio de que el Estado no puede usar recursos públicos para dividir a la clase trabajadora y favorecer a una organización sindical por sobre otra. El gobierno de José Antonio Kast, en lugar de resolver el conflicto, ha optado por la estrategia clásica del capital: la división y el favorecimiento selectivo, utilizando un beneficio social como moneda de cambio para quebrar la unidad del movimiento portuario. Mientras los gremios empresariales del Biobío advierten sobre un “efecto dominó” que podría paralizar toda la cadena productiva, el Ejecutivo se niega a dialogar, demostrando que su “mano dura” no es contra la delincuencia, sino contra los trabajadores que se atreven a exigir sus derechos.
Por Equipo El Despertar
La guerra de las pensiones de gracia: el Estado como factor de división
El conflicto que mantiene en vilo a los puertos chilenos no es una disputa gremial menor. En el fondo, es una batalla por el principio de igualdad ante la ley y la no injerencia del Estado en la vida sindical. La Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport), que representa a cerca de 3.000 trabajadores entre Tarapacá y Magallanes, denuncia que el gobierno modificó unilateralmente el criterio de asignación de las pensiones de gracia, un beneficio que se ha aplicado de manera ininterrumpida desde 2012.
El 19 de junio, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, comunicó un cambio radical: en adelante, las 250 pensiones de gracia anuales serían otorgadas únicamente a los trabajadores pertenecientes a una determinada confederación, excluyendo arbitrariamente a Conatraport. Como señaló el coordinador de Comunicaciones de Conatraport, Gabriel Rebolledo, “el 19 de junio, el subsecretario del Interior nos dice que ya no nos corresponde el beneficio, cambiando arbitrariamente las condiciones, beneficiando a una agrupación respecto de otra. Eso atenta contra la libertad sindical y, a nuestro juicio, también es inconstitucional”.
La lógica de esta maniobra es tan simple como perversa: al condicionar un beneficio social a la afiliación a una organización específica, el Estado está utilizando recursos públicos para intervenir en la vida sindical y dividir al movimiento obrero. Como escribió Friedrich Engels, “el poder del Estado no es más que el poder de la clase dominante organizado para la opresión de las clases oprimidas”. En este caso, la opresión se disfraza de “criterio administrativo”, pero su objetivo es el mismo: quebrar la unidad de la clase trabajadora.
El silencio del gobierno: la estrategia del desgaste
Frente a la movilización, el gobierno de Kast ha optado por el silencio y la inacción. Los trabajadores han realizado dos paralizaciones de advertencia y han agotado todas las instancias institucionales: reuniones con autoridades, parlamentarios de distintos sectores políticos y representantes del mundo empresarial. Pero hasta ahora, “no hemos recibido ninguna respuesta concreta del Gobierno que permita restablecer el criterio que el propio Ejecutivo aplicó durante más de tres años”.
El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, ha oficiado como mediador, e incluso entregó una carta al presidente José Antonio Kast, pero no ha existido un mayor acercamiento. Desde Conatraport no descartan iniciar un paro indefinido si el diálogo sigue estancado. La estrategia del gobierno es clara: desgastar a los trabajadores, esperar que el impacto económico de la paralización —que ya afecta a naves en San Vicente y Coronel— genere presión sobre los gremios para que cedan.
Pero lo que el gobierno no quiere reconocer es que este conflicto no es solo por 250 pensiones. Es una lucha contra una práctica antisindical que, como denuncia Conatraport, “constituye una grave práctica antisindical promovida por el propio Estado de Chile, utilizando recursos públicos para dividir al movimiento sindical portuario, impedir su unidad y favorecer artificialmente a una organización por sobre otra”.
El “efecto dominó” y la hipocresía del capital
Los gremios empresariales del Biobío han advertido sobre las “graves consecuencias” de la paralización. Un puerto detenido, señala el exseremi de Economía Javier Sepúlveda, “genera un efecto dominó: el transporte de carga por carretera se paraliza, los centros de acopio y bodegaje se saturan y, eventualmente, se obliga a detener las líneas de producción de nuestros sectores productivos clave”. Las exportaciones de la región del Biobío promedian más de US$31 millones diarios, y una paralización prolongada podría tener un impacto devastador en el empleo y la economía regional.
Pero la preocupación de los empresarios no es la misma que la de los trabajadores. Mientras el capital se preocupa por las ganancias, los portuarios luchan por su dignidad. Como escribió Rosa Luxemburgo, “la acumulación de capital no es posible sin la violencia y la guerra”. En este caso, la violencia es simbólica, pero no por ello menos real: es la violencia de un Estado que utiliza un beneficio social para dividir y debilitar a la clase trabajadora.
Epílogo: la unidad como única salida
La lucha de Conatraport no es solo por 250 pensiones de gracia. Es una batalla contra la estrategia de “divide y vencerás” que el capital y el Estado han utilizado durante décadas para mantener a raya al movimiento obrero. Como escribió Karl Marx, “los proletarios no tienen más que perder sus cadenas y tienen un mundo que ganar”. En este caso, lo que está en juego es el principio de que el Estado no puede intervenir en la vida sindical para favorecer a una organización por sobre otra.
La paralización de los puertos es un recordatorio de que la clase trabajadora, cuando se organiza, tiene el poder de paralizar la economía y de exigir que se respeten sus derechos. Pero también es un recordatorio de que la unidad es la única herramienta que tiene el proletariado para enfrentar la ofensiva del capital. Mientras el gobierno de Kast siga utilizando recursos públicos para dividir al movimiento sindical, la lucha por la igualdad y la justicia seguirá siendo una batalla pendiente.