La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, por su presunta participación en las protestas y bloqueos que durante 53 días paralizaron el país para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El exmandatario, refugiado en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, denuncia que la orden de captura no es más que un nuevo capítulo de la persecución política orquestada por la derecha para desviar la atención de la profunda crisis económica y social que atraviesa Bolivia. La clase trabajadora boliviana y los pueblos de Nuestramérica asisten a un nuevo episodio del lawfare de clase: la misma justicia que se ensaña con los movimientos populares aplica una vara distinta cuando se trata de proteger a los poderosos. Como escribió Karl Marx, “el poder del Estado no es más que el poder de la clase dominante organizado para la opresión de las clases oprimidas”.
Por Equipo El Despertar
La geografía del despojo: los bloqueos que la derecha llama “terrorismo”
La orden de captura, dictada por el fiscal Brayan Melgar, no es un acto de justicia sino un instrumento de dominación de clase. La acusación de “terrorismo” y “alzamiento armado” contra el líder indígena que gobernó Bolivia durante catorce años no es más que la respuesta de la burguesía alzada en armas contra la amenaza del retorno del proyecto popular.
Los hechos que motivan la orden son elocuentes: durante 53 días, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) mantuvieron bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Paz. La respuesta del gobierno fue la declaración del estado de excepción y el despliegue militar. El saldo: al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica, y pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
La derecha boliviana y el gobierno de Paz han convertido la protesta social en delito. Como escribió Rosa Luxemburgo, “la libertad solo para los partidarios del gobierno no es libertad”. En Bolivia, la libertad de movilización, de organización y de expresión ha sido criminalizada bajo el manto del “terrorismo”. Los bloqueos, que son una herramienta legítima de resistencia de los movimientos populares, han sido transformados en “alzamiento armado” para justificar la represión y el encarcelamiento de los líderes indígenas.
El lawfare de clase: el Estado como instrumento de dominación
La orden de captura contra Morales no es un hecho aislado, sino la continuación de una estrategia sistemática de judicialización de la política. La denuncia fue presentada por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, y respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Es decir, la clase dominante boliviana, que históricamente ha controlado el aparato del Estado, utiliza el poder judicial para perseguir a sus enemigos políticos.
El caso de Vicente Salazar, el principal líder de los campesinos de La Paz, que permanece en detención preventiva desde el 6 de julio, es la prueba de que la estrategia del lawfare no se limita a Morales. La derecha boliviana busca descabezar el movimiento popular, encarcelando a sus líderes y criminalizando la protesta social.
La respuesta de Morales, que denunció la persecución política como una maniobra para “ocultar el verdadero drama que vive Bolivia”, resume la esencia del conflicto: la crisis que enfrenta Bolivia no es producto de los bloqueos, sino de un modelo económico que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción.
Los dos procesos: la farsa de la justicia burguesa
La nueva orden de captura se suma a otra investigación por presunta trata agravada de personas, donde Morales está acusado de mantener una relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016. En mayo, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía por no presentarse al juicio. Sin embargo, la propia justicia boliviana ha sido cuestionada por su lentitud y su sesgo político.
La acumulación de cargos contra Morales —trata, terrorismo, alzamiento armado— es la marca del lawfare: la utilización del sistema judicial para desgastar, criminalizar y aislar a un líder político. La clase trabajadora boliviana debe leer estos procesos con otros ojos: no son actos de justicia, sino instrumentos de dominación de clase. Como escribió Lenin en El Estado y la revolución, el Estado no es un “mal necesario” que se corrige con el tiempo, sino un instrumento de dominación de la clase dominante.
La resistencia del pueblo: el Chapare como trinchera
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por centenares de seguidores que impiden su arresto. La resistencia de los cocaleros y los campesinos del Chapare es la expresión de la solidaridad de clase y la defensa del líder que representó la esperanza de los pueblos indígenas y los sectores populares.
El Chapare no es solo un refugio geográfico; es un símbolo de la resistencia popular. La negativa de Morales a entregarse —“No me voy a rendir”— es un acto de desafío a la justicia de clase. El exmandatario ha llamado a la movilización popular, advirtiendo que “no nos van a intimidar”.
Epílogo: el juicio de la historia
La orden de captura contra Evo Morales es la confirmación de que la justicia, en el Bolivia de los patrones, es un lujo para los ricos y un castigo para los pobres. La clase trabajadora boliviana, que ha visto cómo el gobierno de Paz profundiza el ajuste neoliberal y la represión, no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura” contra la corrupción. La corrupción no está en los bloqueos de los campesinos, sino en un sistema que protege a los poderosos y criminaliza a los que luchan por sus derechos.
Como escribió el Che Guevara, “la victoria no es la meta, es el camino”. En Bolivia, el camino de la resistencia popular sigue abierto. El Chapare resiste. La COB se moviliza. Y la lucha de los pueblos de Nuestramérica, contra el lawfare, la represión y el despojo, continúa.