De Ecuador a Honduras, pasando por Argentina y Chile, la región asiste a una ola de militarización de la seguridad pública sin precedentes desde el fin de las dictaduras. Gobiernos de ultraderecha y centroderecha, siguiendo el manual del “modelo Bukele”, despliegan tropas en las calles, construyen megacárceles, decreman estados de excepción y otorgan inmunidad a fuerzas extranjeras, todo bajo la bandera de la “lucha contra el crimen organizado”. Los resultados son elocuentes: en Ecuador, la violencia aumentó un 30% pese a la militarización; en Honduras, el retorno de los militares a las calles revive los fantasmas de la dictadura. La clase trabajadora latinoamericana asiste a la consolidación de un nuevo orden represivo, donde el Estado de derecho se sacrifica en el altar del “orden” y el capital encuentra en las Fuerzas Armadas el garante definitivo de sus intereses.
Por Equipó El Despertar
La oleada militar: el regreso de los cuarteles a la vida cotidiana
Lo que comenzó como una excepción se ha convertido en la regla. A lo largo de 2025 y 2026, América Latina ha sido testigo de una expansión sin precedentes del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Gobiernos de distinto signo, pero con un denominador común —la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la clase trabajadora— han recurrido a la militarización como respuesta a la crisis de violencia, crimen organizado y debilidad institucional. Como señala un reciente seminario internacional, la expansión de los roles militares “no responde únicamente a decisiones coyunturales, sino a fallas estructurales del Estado”.
Ecuador es el caso más emblemático de esta tendencia. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” y ordenó a las Fuerzas Armadas “neutralizar” a 22 grupos del crimen organizado. La militarización de la seguridad se convirtió en el principal eje de su política. El gobierno construyó una megacárcel, extendió estados de excepción y desplegó a miles de militares. Sin embargo, los resultados han sido desastrosos: en 2025, Ecuador registró 9.216 homicidios, un incremento del 30,48% en comparación con 2024. Como advierte el investigador Luis Córdova, el país ha importado de Bukele una “estética” de la guerra contra el crimen, pero no ha podido controlar el crimen organizado. La militarización, lejos de resolver la crisis, la ha profundizado.
Honduras: el regreso de la dictadura de los cuellos blancos
En Honduras, el gobierno nacionalista de Nasry Asfura ha retomado la militarización de la seguridad pública, reviviendo la estrategia de la dictadura de Juan Orlando Hernández. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, anunció el retorno de los militares a las calles, bajo el argumento de brindar más “seguridad al pueblo hondureño” frente a los 898 homicidios documentados. La medida pone fin a la estrategia implementada por la presidenta Xiomara Castro, que había logrado una reducción histórica de la violencia.
La militarización en Honduras no es solo ineficaz, sino también carísima. Durante la dictadura de Hernández, cada día de patrullaje militar costó a los hondureños 383.500 lempiras, un dinero que no redujo la incidencia criminal. El régimen orlandista entregó a los militares 112.000 millones de lempiras entre 2014 y 2020, utilizados para la compra de equipo de represión social. La historia se repite: el capital encuentra en los militares el garante de sus intereses, mientras la clase trabajadora paga el costo de una seguridad que nunca llega.
Argentina y Chile: la frontera como campo de batalla
En el Cono Sur, la militarización también avanza. En Argentina, el gobierno de Javier Milei autorizó por decreto que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interior. Organizaciones de derechos humanos han rechazado esta medida, advirtiendo que las experiencias de militarización en la región “demostraron no tener resultados”.
En Chile, el gobierno de José Antonio Kast ha implementado el “Plan Escudo Fronterizo”, una estrategia que militariza la frontera norte y transforma el control migratorio en una operación de seguridad nacional. La inversión en infraestructura de vigilancia fronteriza ha aumentado un 12% en el presupuesto de defensa. El plan, que incluye zanjas y muros perimetrales, busca contener la migración irregular y combatir el crimen organizado, pero plantea el reto de gestionar una crisis humanitaria con herramientas de combate. La militarización de la frontera, como señala un análisis, redefine la presencia del Estado chileno en sus regiones extremas, estableciendo la infraestructura física como la herramienta primaria de disuasión.
El modelo Bukele: la estética de la guerra como negocio
El denominador común de esta ola militarizadora es el “modelo Bukele”. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha sido el referente de una nueva doctrina de seguridad que combina la militarización de la seguridad pública, el debilitamiento de la independencia judicial y la adopción de reformas represivas. En El Salvador, la militarización se ha extendido a toda la sociedad, empezando por la educación.
Como señala un informe de Amnistía Internacional, la militarización de la seguridad pública en El Salvador ha tenido un impacto devastador en los derechos humanos. El “modelo Bukele” no es una solución a la violencia, sino un negocio: la construcción de megacárceles, el despliegue de tropas y la militarización de la vida cotidiana generan millonarios contratos para las empresas de seguridad y construcción, mientras la clase trabajadora es sometida a un régimen de control y vigilancia sin precedentes.
La función de clase de la militarización
Desde una perspectiva marxista, esta ola militarizadora no es una respuesta a la inseguridad, sino una ofensiva de clase. La militarización de la seguridad pública en América Latina “no es un desvío autoritario, sino una decisión política adoptada desde gobiernos civiles”. Es la respuesta del capital a una crisis de legitimidad del Estado: cuando el sistema no puede garantizar la seguridad de la clase trabajadora, recurre a la fuerza bruta para disciplinar a los de abajo.
La militarización cumple tres funciones fundamentales. Primero, criminaliza a la clase trabajadora y a los sectores populares, presentándolos como el “enemigo interno” que debe ser combatido. Segundo, desvía la atención de las causas estructurales de la violencia: la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. Tercero, genera millonarios negocios para las empresas de seguridad, construcción y armamento, que se benefician de la militarización de la vida cotidiana.
Epílogo: la resistencia como única salida
La militarización de la seguridad pública en América Latina no es un destino inevitable. Es el resultado de una correlación de fuerzas que los movimientos populares y la clase trabajadora pueden y deben revertir. La historia enseña que los regímenes militares caen cuando los pueblos se organizan. La experiencia de Honduras, donde la estrategia de Xiomara Castro logró una reducción histórica de la violencia, demuestra que existe una alternativa: la inversión social, el fortalecimiento de las instituciones civiles y la protección de los derechos humanos.
Mientras los gobiernos de la región siguen el manual de Bukele, la clase trabajadora debe resistir. La militarización no es seguridad; es represión. No es orden; es control. No es democracia; es autoritarismo. La única salida no es esperar que los gobiernos decidan desmilitarizar, sino organizarse para construir un modelo de seguridad que ponga la vida de los de abajo por encima de las ganancias de los de arriba.