Mientras el gobierno de José Antonio Kast pregona su “mano dura” contra la delincuencia, la Fiscalía Supraterritorial desarticuló este miércoles una organización criminal dedicada a secuestros extorsivos, que operaba desde el corazón mismo del aparato represivo del Estado. Entre los siete detenidos se cuentan el exfiscal metropolitano Vinko Fodich y tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI). La investigación, que incluyó allanamientos en la oficina de Fodich en Providencia y la incautación de computadores, discos duros y su teléfono celular, apunta a una red de secuestros extorsivos, asociación criminal y lavado de activos que habría operado con la complicidad de quienes debían perseguir el delito. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: la “mano dura” que pregona la derecha no es contra el crimen organizado, sino contra los de abajo, mientras los propios guardianes del orden se pudren desde dentro.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La mañana del miércoles 9 de septiembre, el operativo de la Fiscalía Supraterritorial y la PDI dejó al descubierto una de las tramas más sórdidas de la historia reciente del país. Siete personas fueron detenidas en distintos sectores de Santiago, acusadas de integrar una organización criminal dedicada a secuestros con fines extorsivos. Entre los imputados figuran tres detectives en servicio activo y el abogado y exfiscal Vinko Fodich, quien se desempeñó como fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente entre 2005 y 2010. Los allanamientos incluyeron la oficina que Fodich mantiene en Providencia, donde fueron incautados computadores, discos duros y documentos, además de su teléfono celular.
La investigación, que se inició al interior del Departamento de Asuntos Internos de la PDI tras detectar posibles conductas delictivas cometidas por integrantes de la propia institución, apunta a delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracciones a la Ley Orgánica de la PDI. Uno de los detenidos, Luis Moraga Parisi, es primo del excandidato presidencial Franco Parisi, y fue investigado en 2023 por la compra del denominado “edificio sin ley” de La Cisterna. La Fiscalía también busca determinar el rol operativo que cumplía cada uno de los involucrados dentro de la estructura delictual.
De persecutor a delincuente: la doble cara del “Estado de derecho”
La detención de Fodich no es un hecho aislado, sino la culminación de una trayectoria que expone la podredumbre del sistema. El exfiscal, que en 2008 y 2009 integró el equipo que investigó el caso de “La Quintrala” —María del Pilar Pérez, acusada de encargar una serie de asesinatos al sicario José Ruz—, ahora enfrenta cargos por su presunta participación en una red criminal. El mismo hombre que interrogó a una de las asesinas más notorias de la historia reciente de Chile hoy es investigado por su vínculo con una organización dedicada a secuestrar y extorsionar a ciudadanos chinos.
La ironía es brutal: el exfiscal que persiguió el crimen organizado ahora es señalado como parte de él. Su trayectoria incluyó la jefatura de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina (2005-2010), donde se especializó en casos de delitos económicos, corrupción y lavado de dinero. Precisamente estos últimos son los delitos que hoy lo tienen en el centro de la mira judicial.
La información periodística ha revelado que Fodich ya enfrentaba otra investigación por presunto lavado de activos, vinculado a la casa de cambios Change Panda SpA, constituida junto al empresario chino Tao Jiang y al excandidato a concejal del PPD, Luis Muñoz Morales. Las cuentas vinculadas con la sociedad registraron depósitos en efectivo por aproximadamente $5.790 millones, y la Fiscalía indaga a una decena de personas y al menos 30 sociedades que habrían realizado transferencias cruzadas por más de $4.000 millones. Fodich había rechazado previamente cualquier participación en una asociación criminal, afirmando que todos sus ingresos provenían de su trabajo y que su participación en Change Panda se limitaba a la condición de accionista minoritario.
La función de clase del crimen organizado de cuello y corbata
Desde una perspectiva marxista, el caso de Vinko Fodich y los detectives de la PDI no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El aparato represivo del capital no es un escudo contra el crimen organizado; es una de sus principales puertas de entrada. Los mismos funcionarios que debieran perseguir el delito son los que, en los hechos, lo facilitan o lo cometen.
La “mano dura” que pregona el gobierno de Kast no es contra el crimen organizado, sino contra los de abajo. Mientras el Presidente se ufana de su “tolerancia cero”, los agentes del Estado que debieran aplicar esa política son los mismos que se benefician del crimen. La corrupción no es un accidente; es la respuesta natural de un sistema que ofrece salarios de miseria a sus funcionarios y los somete a la tentación de vender sus servicios al mejor postor. Pero en el caso de Fodich, no se trata de un funcionario de base: era un fiscal de alto rango, un hombre que había llegado a la cúpula del sistema judicial y que, desde allí, operaba una red de secuestros y lavado de dinero.
El hecho de que entre los detenidos figuren tres detectives en servicio activo de la PDI es la confirmación de que la podredumbre no es un problema de “manzanas podridas”, sino de un árbol que está podrido desde la raíz. El Departamento de Asuntos Internos de la PDI fue el que detectó las primeras irregularidades, lo que sugiere que la institución es consciente de su propia degradación, pero no ha logrado detenerla. La investigación, que incluyó allanamientos en la oficina de Fodich y la incautación de sus dispositivos electrónicos, apunta a una red que operaba con total impunidad, protegida por el propio sistema que debía perseguirla.
El silencio cómplice del “gobierno de la seguridad”
La respuesta del gobierno de Kast ante este escándalo ha sido, como era de esperar, el silencio. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que impulsó una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción, ahora no tiene palabras para condenar a un exfiscal que operaba una red de secuestros desde el corazón del sistema judicial.
La hipocresía alcanza niveles grotescos. La misma administración que se llena la boca con discursos de “mano dura” contra la delincuencia, que promete “poner de rodillas al crimen organizado”, es la que, en los hechos, ha permitido que la podredumbre se extienda hasta las más altas esferas del aparato represivo. El gobierno de Kast no tiene un plan para combatir el crimen organizado; tiene un plan para blindar a los suyos.
El caso de Fodich es una ventana abierta a la podredumbre del sistema. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura”. La verdadera lucha no es contra la delincuencia común, sino contra un sistema que blinda a los poderosos y criminaliza a los de abajo. Mientras el gobierno de Kast sigue predicando la “mano dura” para los pobres, los fiscales y los detectives siguen haciendo su agosto con el saqueo de los recursos públicos. La podredumbre no es un accidente; es la esencia del sistema.