El rechazo de jefes comunales al reglamento del Ministerio del Interior desnuda la estrategia centralista para traspasar la responsabilidad del orden público a los municipios sin financiamiento estructural, acentuando la segregación de clase y la precarización de la labor comunitaria.
Por Equipo El Despertar
El reclamo transversal de alcaldesas y alcaldes de diversos sectores políticos ante la pronta entrada en vigencia del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal ha puesto al descubierto las contradicciones de la política penal del Estado capitalista. La normativa —que pretende normar y ampliar el despliegue de los inspectores comunales, exigirles equipamiento de protección y tipificar nuevas funciones de apoyo policial— es presentada por las autoridades centrales como un “avance en la prevención del delito”. Sin embargo, las jefaturas locales denuncian que la imposición de exigencias técnicas sin una inyección equivalente de recursos fiscales obligará a los municipios a sacrificar presupuesto social para financiar tareas propias del orden público estatal.
La prensa hegemónica intenta encuadrar este conflicto como una simple “discrepancia administrativa” sobre tiempos de implementación o coordinación logística. No obstante, desde la perspectiva del materialismo histórico, el diseño evidencia cómo la administración central transfiere el costo de la contención social a los gobiernos locales. Al encargar la prevención a la burocracia comunal sin alterar la distribución de la riqueza ni redistribuir los ingresos tributarios, el Estado profundiza la brecha de clase entre comunas ricas y populares. Los municipios del gran capital pueden costear flotas de patrullaje privativas y equipamiento táctico, mientras que las comunas donde se concentran las familias trabajadoras quedan atrapadas en la desprotección y el ahogo presupuestario.
Esta dinámica de delegación represiva refuerza además la mercantilización de la seguridad y la precariedad de la fuerza de trabajo municipal. Los inspectores de seguridad —sometidos a regímenes laborales vulnerables como la contrata o los honorarios— son empujados a asumir roles de alto riesgo sin la formación, las garantías de salud ni la estabilidad laboral de los cuerpos policiales permanentes. Como señalara el teórico e intelectual italiano Antonio Gramsci al analizar los mecanismos del Estado ampliado y la coerción: «La burguesía intenta resolver los problemas de hegemonía transfiriendo las funciones represivas hacia organismos intermedios o locales, enmascarando la violencia de clase bajo la fachada de la administración comunitaria».
El alzamiento de las municipalidades contra el reglamento del Ministerio del Interior desenmascara la trampa del “populismo penal de proximidad”. La pretensión de convertir a los inspectores locales en policías de segunda categoría no busca resolver las causas estructurales de la marginalidad ni la violencia social, sino administrar los síntomas de la crisis mediante el aparataje disuasivo. La verdadera disputa territorial no pasa por homologar uniformes o comprar patrullas con dineros de los presupuestos de salud o educación municipal, sino por exigir la restitución del gasto social, el fin de la segregación socioespacial y el resguardo de las prioridades comunitarias frente a la agenda punitiva de las clases dominantes.