Las asociaciones de alcaldes frenan la normativa del Ministerio del Interior al denunciar que pretende convertir a los inspectores en un cuerpo policial de segunda categoría sin inyectar recursos del Tesoro Público, transfiriendo el costo de la contención social a las familias trabajadoras y profundizando la precarización laboral.
Por Equipo El Despertar
La ultimátum transversal de los alcaldes exigiendo al Ejecutivo el retiro inmediato del nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Municipal ha quebrantado el relato de “consenso republicano” que la administración central intentaba proyectar. Mientras los voceros de Gobierno y la prensa hegemónica catalogaban la propuesta reglamentaria como un paso decisivo para “ordenar la prevención del delito”, las directivas comunales de todo el espectro político cerraron filas para paralizar el texto, calificándolo de inviable, centralista y desconectado de la realidad territorial de los municipios.
Desde el análisis dialéctico y materialista de la coyuntura, la exigencia de retiro no es una mera discrepancia de calendario administrativo; es el estallido de una contradicción de clase en el corazón del Estado burgués. El Ejecutivo pretende “delegar” la tarea del orden público a los gobiernos locales imponiéndoles estándares de equipamiento táctico, protocolos de intervención de alto riesgo y fiscalización comunal, pero sin traspasar un solo peso de presupuesto fiscal permanente. Esta maniobra busca descargar la crisis securitaria nacional en los hombros de las administraciones locales, obligándolas a desviar fondos destinados a salud primaria, educación, vivienda e infraestructura comunitaria para financiar tareas inherentes al aparato coercitivo del Estado.
El diseño reglamentario profundiza además la segregación socioespacial de la población trabajadora. Mientras las comunas del gran capital pueden costear sin sobresaltos flotas blindadas, tecnología de vigilancia y coberturas de seguro para su personal, las comunas populares golpeadas por el desempleo y el hacinamiento quedan atrapadas en la asfixia presupuestaria, obligadas a elegir entre reparar un consultorio o comprar chalecos balísticos. La pretensión de equiparar las funciones de los inspectores a las de los cuerpos policiales permanentes se traduce en una peligrosa precarización de la fuerza de trabajo municipal. Los inspectores —contratados en su mayoría bajo regímenes inestables como la contrata o los honorarios— son empujados a la primera línea del conflicto social sin las garantías laborales, previsionales ni de salud que corresponden a las labores de alto riesgo.
Como advirtiera el teórico e intelectual italiano Antonio Gramsci al analizar los mecanismos de coacción y hegemonía en el Estado ampliado: «Las clases dominantes intentan resolver la crisis de sus instituciones delegando las funciones de coerción y control social en organismos locales e intermedios, buscando amortiguar el conflicto de clase sin alterar la distribución de la riqueza». El freno impuesto por los ediles deja al descubierto la trampa del “populismo penal de proximidad”: pretender contener la violencia estructural mediante inspectores precarizados no resuelve las causas de la marginalidad, sino que administra los síntomas de la crisis a costa del bienestar de las comunidades populares.
La exigencia de retirar el reglamento debe servir para desmantelar la ilusión de que la seguridad se resuelve con parches normativos y transferencias de riesgo sin financiamiento. La clase trabajadora y los sectores organizados del territorio deben exigir el fin de la precarización en el empleo público, la restitución de los fondos sociales despojados a las comunas vulnerables y la construcción de un modelo de protección que sitúe el bienestar colectivo por sobre la agenda represiva de la patronal.