La capitulación del Ejecutivo al cercenar los pilares punitivos de su propia Reforma de Seguridad expone la verdadera naturaleza de la política institucional: un regateo entre fracciones de la burguesía para resguardar la gobernabilidad del capital sacrificando los derechos de la población.
Por Equipo El Despertar
La reciente decisión del Ejecutivo de suprimir el Nuevo Estado de Excepción y la ampliación de facultades para la interceptación telefónica de la llamada Reforma de Seguridad —con el propósito explícito de destrabar los votos de la oposición en el Congreso— ha sido aclamada por los medios hegemónicos como una “demostración de pragmatismo”, “espíritu de consenso” y “responsabilidad democrática”. Esta narrativa corporativa intenta vestir de virtud política lo que en el análisis dialéctico y materialista no es más que una descarada transacción entre los partidos del orden para preservar la estabilidad institucional sin alterar las bases de la acumulación capitalista.
Frente al atolladero legislativo, la administración central optó por sacrificar las herramientas de control y vigilancia que originariamente presentó como “imprescindibles” para la seguridad pública. Sin embargo, este repliegue no responde a una convicción garantista ni a una preocupación sincera por las libertades civiles de las clases subalternas. La renuncia a la regulación de las intervenciones telefónicas y al régimen de excepción comunal es el costo de peaje pactado con las bancadas de la derecha y del gran empresariado, cuya principal inquietud ante tales facultades nunca fue el abuso policial en las poblaciones golpeadas, sino el riesgo de que la inteligencia fiscalizadora pudiera salpicar sus propios entramados de corrupción corporativa y financiamiento ilegal de la política.
Desde la perspectiva del materialismo histórico, el poder legislativo burgués no opera como una arena neutral de representación popular, sino como un parlamento de dueños de capital donde las leyes se compran, se recortan y se ajustan según la correlación de fuerzas patronal. Como explicaba Vladimir Lenin al develar la naturaleza del Estado en El Estado y la revolución: «La democracia burguesa, inevitablemente estrecha, que margina de modo disimulado a los explotados, sigue siendo siempre, por esta razón, una democracia para la minoría, solo para las clases poseedoras». La Reforma de Seguridad, despojada de sus elementos más contradictorios para las élites, se convierte en un cascarón legal diseñado para proyectar la ilusión de “orden social” mientras deja intactas las redes de impunidad del capital financiero y del crimen organizado de cuello blanco.
El espectáculo de la cocina parlamentaria confirma que el problema de fondo no reside en el grado de cobertura que tenga un estado de excepción o un protocolo de espionaje telefónico, sino en la utilización del debate securitario como una cortina de humo. La clase trabajadora y los sectores populares no se benefician de las componendas de un Congreso que aprueba leyes desdentadas para los poderosos y punitivas para la marginalidad. Romper la trampa del consenso parlamentario exige desenmascarar estas reformas de fachada y construir la fuerza política de los pueblos para disputar una seguridad genuina: aquella que nace del fin de la precarización, de la restitución de los derechos sociales y de la soberanía popular sobre el territorio.