La exigencia de renuncia al secretario regional ministerial tras sus polémicas declaraciones sobre la gestión de la emergencia expone la estrategia del Ejecutivo para sacrificar peones políticos mientras se resguarda el modelo de monocultivo privatizado que devora Wallmapu.
Por Equipo El Despertar
La fulminante salida del Seremi de La Araucanía, gatillada por sus infortunadas afirmaciones respecto a la capacidad de respuesta y las causas del letal incendio que azota a la región, ha sido presentada por el aparato gubernamental y la prensa hegemónica como un acto de “responsabilidad política” y “gestión de crisis”. La narrativa corporativa busca encuadrar el hecho dentro de la lógica del error individual, pretendiendo convencer a la opinión pública de que la remoción de una autoridad regional resuelve la falta de previsión y la fragilidad institucional frente a los desastres socioambientales.
Sin embargo, desde una lectura dialéctica y materialista, el despido del funcionario opera como un clásico control de daños para proteger la superestructura del modelo extractivista. Las declaraciones que provocaron su caída no fueron más que la filtración involuntaria de la impotencia estructural del Estado burgués frente a la voracidad del capital forestal. Al sacrificar a un fusible burocrático, la administración central busca desviar la atención de la contradicción de fondo: la proliferación de pinos y eucaliptos a gran escala que convirtió al territorio en un polvorín al servicio de la tasa de ganancia de los grandes grupos económicos.
La devastación recurrente por fuegos sin control en el sur de Chile demuestra que el desastre no es un fenómeno neutral ni meramente “natural”. Responde a la acumulación por desposesión ejercida por el latifundio forestal, que transformó la cuenca hidrográfica y la biodiversidad autóctona en hileras de combustible altamente inflamable. Como advertía el economista y teórico marxista James O’Connor al formular la segunda contradicción del capitalismo: «El capital tiende a autodestruirse al deteriorar y agotar sus propias condiciones materiales de producción y el entorno natural, traspasando los costos de la degradación ambiental a las clases subalternas y al presupuesto público».
La destitución del seremi en nada altera la precariedad con la que las brigadas combaten el fuego ni la falta de soberanía territorial sobre la tierra concentrada por la patronal. Pretender que el problema se soluciona renovando autoridades en las secretarías ministeriales es perpetuar el engaño ideológico que enmascara el negocio de las forestales. La verdadera contención de las catástrofes en La Araucanía exige poner fin al régimen de acumulación extractivista, restituir los bienes comunes a las comunidades y reconstituir un modelo de producción subordinado a las necesidades de la vida y no a las exigencias del mercado.