Marx dedicó la sección quinta del tercer tomo de El Capital al capital que devenga interés, la forma más fetichizada del capital, en la cual el circuito D–D’ borra toda mediación productiva y el dinero parece crecer por sí mismo. Detrás de esa apariencia hay una relación de reparto, porque el interés es una fracción de la plusvalía producida en otra parte. De ahí proviene la noción de capital ficticio, que designa los títulos cuyo precio no es más que la capitalización de ingresos futuros, esto es, derechos de apropiación sobre trabajo que todavía no se ha realizado.
Daniel Jadue
I. El diagnóstico como programa
Toda reforma empieza por decirnos qué problema cree resolver, y en esa definición inicial va contenida la mitad de la respuesta. El ministro Quiroz eligió explicar la MK4 a los parlamentarios con la imagen de una ballena atrapada en una pecera con poca agua, que representaría el asfixiante momento del mercado de capitales chileno, afectado por regulaciones y por los retiros desde los fondos de pensiones durante la pandemia. Después completó la figura, sosteniendo que la reforma debe hacer entrar más agua en la pecera mientras la política fiscal mantiene a dieta a la ballena que ya está ahí, y ofreció como prueba de que el Estado ocupa demasiado espacio que su participación en el mercado local de renta fija subió de 14% en 2008 a 47% actualmente.
La metáfora dice más de lo que su autor quisiera. El agua es el ahorro social, la ballena es el capital financiero y el problema sería que no tiene espacio para moverse. En ninguna parte aparece la pregunta por quién produce esa agua, ni por qué millones de trabajadores tuvieron que sacarla de sus cuentas previsionales en 2020 y 2021 para comer, pagar el arriendo o sostener un negocio que se caía.
El mensaje del proyecto relaciona la pérdida de profundidad y liquidez del mercado local, entre otros factores, con los retiros previsionales de 2020 y 2021, el rezago regulatorio y la reducción de fuentes de financiamiento de largo plazo. En este contexto vale recordar que el 18 de octubre fue, entre muchas otras cosas, el momento en que la financiarización de la vida cotidiana llegó a su punto de saturación, porque las pensiones, la salud, la educación y la vivienda se habían convertido en otros tantos mecanismos de extracción de renta sobre los mismos hogares. Los retiros fueron la expresión económica de esa saturación, pues la gente recuperó una parte del salario diferido que el sistema de AFP había puesto a trabajar para el capital. La derecha llama a eso “pérdida de profundidad”. La MK4 se propone reparar precisamente esa fractura y devolver el ahorro obrero a su función de materia prima de la acumulación financiera que en Chile opera desde el surgimiento de las AFP.
Tomo como punto de partida el hecho de que no basta preguntar si una medida abarata un crédito o agiliza un trámite, porque lo decisivo es quién controla los mecanismos, quién se apropia del excedente, quién carga con los riesgos y qué relaciones sociales quedan consolidadas cuando la ley se publique. Con esa vara hay que leer un proyecto que se articula en cuatro ejes, acceso a la vivienda, financiamiento para empresas, modernización regulatoria y atracción de capital internacional, y que el gobierno bautizó como “financiamiento para la casa propia”, como si la vivienda fuera el corazón del asunto y no la puerta amable por la que entra todo lo demás. Una vez más el proyecto se presenta con una facahada amable que busca pasar gato por liebre.
II. Dinero que pare dinero y el segundo circuito
Marx dedicó la sección quinta del tercer tomo de El Capital al capital que devenga interés, la forma más fetichizada del capital, en la cual el circuito D–D’ borra toda mediación productiva y el dinero parece crecer por sí mismo. Detrás de esa apariencia hay una relación de reparto, porque el interés es una fracción de la plusvalía producida en otra parte. De ahí proviene la noción de capital ficticio, que designa los títulos cuyo precio no es más que la capitalización de ingresos futuros, esto es, derechos de apropiación sobre trabajo que todavía no se ha realizado.
Profundizar el mercado de capitales significa multiplicar esos títulos y hacerlos más transables, y la MK4 lo hace en cada capítulo. Permite reinvertir recursos entre fondos mutuos y fondos de inversión públicos sin gatillar inmediatamente el impuesto, elimina la retención del 4% sobre los intereses de los bonos empresariales, incorpora repos para las AFP y eleva de 6 a 8 UTM anuales el tope de la bonificación fiscal del APV Régimen A. Ninguna pieza aislada es escandalosa, y sería deshonesto presentarlas así. Lo que las vuelve significativas es la dirección común, puesto que todas facilitan que el ahorro social circule como capital ficticio y todas reducen la porción de esa circulación que el Estado grava o regula. El coordinador de Mercado de Capitales de Hacienda fue transparente sobre cómo medirá el éxito, al decir que miraría el tamaño del mercado de capitales doméstico en relación al PIB. El indicador es el volumen de títulos. Ni el número de familias con techo, ni la inversión productiva nueva, ni el salario real forman parte de la medición.
Harvey permite dar un paso más. Su teoría de los circuitos de acumulación, que explica que cuando la rentabilidad cae en el primer circuito, el de la producción de mercancías, el capital excedente migra hacia el segundo circuito, el del entorno construido, la construcción, el suelo y la hipoteca. Chile lleva más de una década de crecimiento mediocre y de inversión productiva estancada; el ministro ha dicho que busca cuadruplicar la tasa de crecimiento de la inversión.
La MK4 responde a ese estancamiento organizando desde el Estado un canal preferente para que el capital fluya hacia el segundo circuito, con la vivienda como cauce principal. En el libro recordé que el sistema de AFP es el eslabón que conecta la financiarización de la vivienda con la de toda la política social chilena, pues el trabajador que cotiza termina financiando, sin saberlo, al fondo que compra el edificio donde vive para subirle el arriendo. La reforma engrasa ese eslabón.
III. La casa propia como consigna
En Cerro Castillo el Presidente resumió su propuesta diciendo que hay algo que nos reúne, la casa propia, y prometió menos pie, tasas más bajas y más plazo para la deuda hipotecaria. Conviene detenerse en la consigna, porque tiene una genealogía precisa. En 1872 Engels polemizó con Mülberger, que siguiendo a Proudhon proponía resolver la miseria habitacional convirtiendo a cada obrero en propietario de su casa. La respuesta de Engels conserva toda su vigencia; convertir al trabajador en propietario no lo libera del capital, lo ata a él mediante la deuda. El deudor hipotecario que paga durante décadas no es más libre que el arrendatario, y en cierto sentido es más vulnerable, porque la deuda lo encadena al empleo que le permite pagarla.
Lo que el gobierno ofrece como alivio, “más plazo”, es exactamente la prolongación de esa cadena. El Fonavi apunta a créditos a 30 años con pie del 10%, lo que significa que una familia joven que compre en 2027 terminará de pagar cerca de 2057, con buena parte de su vida laboral hipotecada. Aalbers sistematizó para el capitalismo financiero la intuición de Engels, mostrando que la hipoteca funciona como un instrumento de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, ya que quien debe la casa no puede permitirse perder el empleo, y por lo tanto acepta peores condiciones y se aleja de la huelga. En el libro lo formulé como tres extracciones simultáneas sobre el mismo cuerpo, la plusvalía en el trabajo, los intereses sobre el hogar y la disciplina sobre la capacidad de resistencia. En Chile hay además un agravante que la UF hace visible, porque la deuda indexada traslada íntegramente el riesgo inflacionario al deudor, y hay familias que después de veinte años pagando deben en términos nominales más de lo que pidieron.
“Chile, país de propietarios” es la versión neoliberal del proudhonismo que Engels criticó, con una diferencia de escala que él no alcanzó a imaginar. Mario Marcel lo percibió desde otra vereda cuando comentó que hay mucha ideología encima de ese concepto. Tiene razón, aunque no por los motivos que él da.
IV. El Fonavi y los cuatro mecanismos de la financiarización
En el capítulo 14 del libro expuse los cuatro mecanismos que, según Aalbers, producen articuladamente la financiarización de la vivienda, que son la desregulación financiera, la titulización, la expansión del crédito hacia prestatarios de mayor riesgo y la privatización de la política habitacional. Lo inquietante del Fonavi es que no inventa nada nuevo, sino que organiza desde el Estado varios de esos mecanismos a la vez.
Empecemos por la titulización. El Fonavi podrá constituir fondos para adquirir, financiar, refinanciar, administrar y enajenar créditos hipotecarios y mutuos hipotecarios endosables, pero no podrá originar hipotecas ni financiar directamente a los deudores, y esos fondos podrán emitir cuotas, bonos y otros instrumentos de deuda de oferta pública con garantía del Estado. Eso es, en su estructura, una máquina pública de conversión de hipotecas en títulos negociables. El fisco aportará hasta US$2.000 millones en 36 meses, con un aporte inicial de US$500 millones, y esos montos podrán apalancarse hasta diez veces, de modo que el fondo podría llegar a US$20 mil millones. El informe financiero aclara que los aportes son operaciones bajo la línea que no afectan el patrimonio neto del Fisco, pero un análisis técnico nada sospechoso de marxismo advirtió que la garantía estatal sobre la deuda de los fondos no fue cuantificada y constituye un pasivo contingente de magnitud no trivial.
Aalbers mostró que la titulización corta el vínculo entre prestamista y prestatario, porque el banco que vende la hipoteca deja de tener interés en que el deudor pueda pagarla. El proyecto intenta prevenir ese problema estableciendo que las instituciones originadoras asumen la primera pérdida, y es justo reconocer que ese resguardo existe. Pero hasta un columnista entusiasta de la reforma describió el Fonavi como una facilidad de recompra de carteras que le da a la banca una salida para sacar riesgo hipotecario de sus balances con respaldo estatal, y advirtió que un mal amarre de incentivos puede terminar socializando pérdidas. La prensa ya lo compara con Fannie Mae, y la comparación no es gratuita. La disciplina de la primera pérdida se erosiona justamente en los años de euforia, cuando los precios suben y la presión por colocar crece.
El tercer mecanismo es la expansión hacia nuevos prestatarios. El gobierno presenta como virtud que el fondo abrirá el mercado a familias que hoy no tienen acceso al sistema financiero. Lo que Aalbers documentó para Estados Unidos es que cuando los segmentos solventes se saturan, el capital necesita nuevos deudores para mantener el flujo de hipotecas que alimenta la titulización, y los encuentra en quienes antes estaban excluidos. No afirmo que el Fonavi vaya a producir una crisis subprime; afirmo que su lógica de expansión es la misma, y que la pregunta sobre qué ocurrirá con esos deudores en la próxima recesión no tiene respuesta en el proyecto.
El cuarto mecanismo, la privatización de la política de vivienda, es el suelo sobre el que todo esto se levanta. Chile inauguró bajo la dictadura el modelo de subsidio a la demanda que el Banco Mundial exportaría como receta universal, en el que el Estado entrega vouchers, el mercado construye y los pobres compran lo que el mercado pone a su alcance, que invariablemente es lo más barato, lo más lejos y lo peor. La MK4 no rompe con ese esquema. Lo extiende del comprador al financista, puesto que ahora el Estado subsidia también el circuito que presta.
Queda una paradoja institucional que el propio mundo bancario detectó, y es que BancoEstado será el administrador del Fonavi y, a la vez, uno de los principales originadores hipotecarios. El único banco público del país, que podría ser el instrumento de una política habitacional distinta, queda convertido en infraestructura de liquidez del mercado privado.
V. Quién queda dentro y quién queda fuera
El fondo prioriza primeras viviendas de hasta 6.000 UF, un tope que hoy supera largamente los doscientos millones de pesos. Son capas medias con empleo formal y capacidad de endeudamiento. El Ahorro Voluntario para la Vivienda confirma el sesgo, porque aportará un 3% del valor de la vivienda a quienes ahorren 30 meses y reúnan un 7%. Para recibir el subsidio hay que demostrar antes capacidad de ahorro sostenida, lo que excluye por definición a quien vive al día.
Mientras tanto, la crisis que el libro documenta sigue su curso. El déficit habitacional supera las 640.000 unidades según el Minvu, los arriendos del Gran Santiago han subido del orden de un 50% real en una década y una proporción creciente de hogares destina más del 40% de sus ingresos al alquiler. Nada en la MK4 toca a las familias allegadas, a los campamentos ni a los arrendatarios que pagan por una pieza lo que antes costaba un departamento. Para los más pobres queda el sistema de siempre, el que produjo lo que Rodríguez y Sugranyes llamaron “los con techo”, familias que obtuvieron vivienda y perdieron la ciudad, depositadas a dos horas del trabajo en conjuntos sin equipamiento y con estigma territorial.
Hay un detalle que revela la coherencia del conjunto. Marcel, que valoró el proyecto, observó que el discurso del país de propietarios choca con los beneficios tributarios para inmobiliarias que inviertan en departamentos destinados al arriendo, y admitió que en el corto plazo puede haber impacto sobre los precios. Lo que Marcel describe como tensión de diseño es la lógica completa del segundo circuito. Por un lado se endeuda a las familias para que compren; por otro, se subsidia a los fondos institucionales para que acumulen edificios completos en renta, con el modelo build-to-rent que ya se instaló en Estación Central, San Miguel y Santiago Centro. Rolnik mostró que la entrada de los fondos como propietarios produce en todas partes el mismo resultado, alzas aceleradas de alquileres, peor mantenimiento y más desalojos, porque el fondo responde a una sola métrica, el retorno. Ambas puntas de la política presionan la demanda de suelo, y el suelo es la variable que decide todo.
Engels ya lo había explicado en La cuestión de la vivienda. El propietario urbano extrae renta del monopolio sobre una localización que la sociedad valorizó, y cuanto más urgente es la necesidad de quienes deben vivir allí, mayor es la renta que puede cobrar. Si el suelo bien localizado es escaso y está concentrado, cada peso que aumenta la capacidad de pago de los compradores, sea por subsidio directo, por tasa más baja o por más plazo, tiende a capitalizarse en el precio del suelo. Por eso sostuve en el libro que el régimen de propiedad del suelo es el nudo que ninguna reforma parcial puede desatar. La MK4 ni siquiera lo intenta.
VI. Lo que un municipio puede y lo que no puede
En Recoleta intentamos demostrar que la vivienda puede producirse fuera de la lógica financiera incluso con los recursos de un municipio chileno. La Inmobiliaria Popular compró suelo, construyó vivienda de calidad en el pericentro y la arrendó a precio justo, con familias que destinaban una fracción fija de su ingreso al arriendo; el municipio destinó además el 1% de su presupuesto anual a comprar terrenos y entregó suelo a comités de vivienda. Los defensores del modelo respondieron entonces que con los mismos recursos el municipio podría ofrecer más servicios bajo un esquema de subsidio a la demanda, y que el experimento terminaría sobreendeudando al municipio. Los edificios se construyeron igual.
La escala fue modesta, decenas de viviendas frente a un déficit comunal de más de 20.000 hogares, y lo he dicho sin rodeos. El municipio puede mitigar, compensar y demostrar, pero no puede reformar el régimen del suelo, capturar las plusvalías que otras jurisdicciones generan en su territorio ni controlar los precios que fija el mercado. Para eso hace falta el gobierno central. Y aquí está lo que más me interesa del Fonavi, porque es exactamente esa escala nacional que siempre faltó, US$2.000 millones de aporte fiscal y una institución pública con patrimonio propio y duración indefinida, puesta al servicio del circuito que produce el problema en lugar de la política que podría resolverlo.
VII. El poder dentro de la empresa
El capítulo societario pasó casi inadvertido y reordena relaciones de poder de manera concreta. El proyecto reduce de quórum calificado a simple las decisiones de fusiones, divisiones y venta de activos, permite acciones con preferencias permanentes y más de un voto por acción, autoriza la venta forzosa de minoritarios y eleva del 5% al 15% el tope de recompra de acciones propias, eliminando además el límite diario.
La presidenta de la CMF defendió estas medidas con un dato serio, pues el 59% de las sociedades listadas en Chile está en manos de un solo accionista y el 79% en manos de los tres principales, frente a promedios OCDE de 16% y 33%. Su argumento es que rebajar quórums reducirá la concentración. Pero el mismo proyecto autoriza el voto múltiple, cuya única función es permitir que un controlador conserve el mando con una fracción menor del capital. Una norma empuja hacia la dispersión de la propiedad y la otra blinda el control, y lo que resulta es la separación entre propiedad económica y poder de decisión que Marx describió en el capítulo veintisiete del tercer tomo al analizar la sociedad por acciones. Triplicar las recompras sin condiciones de inversión o de remuneración, por su parte, abre un canal más para que las utilidades se repartan arriba antes de convertirse en inversión o en salario. En todo el capítulo, quienes producen el valor que esas acciones capitalizan no aparecen ni como sujetos ni como afectados.
VIII. Exploración minera con crédito fiscal y plaza financiera para el mundo
La Bolsa Junior es la medida que más entusiasmo despertó entre economistas liberales. Crea un segmento para emisores de innovación, crecimiento y exploración minera, con un crédito contra el global complementario equivalente al 35% de la inversión y un tope anual de 50 UTA; el diagnóstico que la acompaña señala que de 87 empresas mineras explorando en Chile, solo dos cotizan en la Bolsa de Santiago.
El problema es doble. En lo fiscal, el Estado renuncia a más de un tercio del impuesto de personas de altos ingresos para que compren acciones de riesgo, y si la empresa fracasa la pérdida ya fue cubierta en parte por todos. No lo digo solo desde la izquierda, pues Eduardo Bitran advirtió que ese subsidio genera costo fiscal y riesgo tributario, y propuso que Corfo actuara como inversionista catalizador. En lo estructural, la reforma pone recursos públicos al servicio de ampliar la frontera de exploración privada de nuestros minerales, cuando el cobre y el litio vuelven a ser disputa geopolítica. La teoría de la dependencia describió cómo la periferia se especializa en exportar bienes primarios mientras el excedente se fuga por la renta y los servicios financieros. La MK4 dota a ese patrón de una infraestructura bursátil más sofisticada.
A eso se suma el capítulo de Chile como centro financiero regional, con medidas para disminuir barreras al capital internacional y para exportar servicios financieros a clientes del exterior. En el libro subrayé que Singapur es tanto o más centro financiero que Santiago y aun así mantiene al 80% de su población en vivienda pública; la integración financiera no obliga a entregar la ciudad. Pero la dirección que aquí se propone es la inversa, amarrar la estabilidad del país a decisiones tomadas fuera, cuando en los noventa Chile supo protegerse de los capitales de corto plazo con un encaje que el mundo estudió.
IX. Discusión con las lecturas favorables
El respaldo ha sido amplio. La industria financiera celebró el proyecto y la Cámara Chilena de la Construcción afirmó que representa un cambio cultural positivo en la forma de abordar el acceso a la vivienda. Marcel dijo que estimular el crédito hipotecario es bueno. La presidenta de la CMF destacó que la combinación del Fonavi con el ahorro para la vivienda puede apoyar la inclusión financiera y el desarrollo del mercado de capitales.
No tiene sentido negar que un crédito más barato alivia a una familia concreta. Lo alivia. La discusión ocurre en otros tres planos que las lecturas favorables tienden a confundir.
En el plano de la incidencia, la pregunta es dónde termina el beneficio. Si la oferta de vivienda bien localizada es rígida porque el suelo está concentrado, bajar tasas y pie aumenta lo que los compradores pueden pagar, y una parte del esfuerzo público se evapora en renta del suelo. No es una tesis exótica; es la advertencia que el propio Marcel formuló sobre los precios.
En el plano fiscal, el gobierno informa un costo de 260.677 millones de pesos entre 2027 y 2031, cifra que según dice incluye el efecto positivo sobre el crecimiento, es decir, descuenta beneficios que todavía no existen. Como resumió un análisis técnico, el costo es inmediato y cierto y el beneficio es diferido y depende de elasticidades estimadas, mientras la garantía estatal ni siquiera aparece valorizada.
En el plano social, incluso dentro del empresariado hubo quien notó el vacío, pues la Asociación del Retail Financiero advirtió que la inclusión financiera quedó fuera. Ninguna de las lecturas favorables discute cómo se repartirá el producto adicional entre capital y trabajo, cuánto será inversión productiva y cuánto mera expansión de la intermediación, ni qué pasará con los salarios reales. Un punto de PIB apropiado por los dueños de los títulos y un punto de PIB que mejore la vida de la mayoría son hechos sociales opuestos, aunque la contabilidad nacional los escriba con el mismo número.
X. Otra arquitectura posible
Criticar sin proponer sería regalarle el debate a quienes dicen que no hay alternativa. Lo que sigue parte de invertir la pregunta, de modo que en vez de interrogarnos por cómo profundizar el mercado de capitales nos preguntemos qué ciudad y qué estructura productiva necesita Chile y qué sistema financiero se requiere para construirlas. Como escribí en el libro, estas propuestas no son radicales por carecer de precedentes, sino porque van a la raíz del problema.
La primera es usar los mismos recursos del Fonavi para producir vivienda pública en lugar de comprar carteras bancarias. Con US$2.000 millones, y suponiendo un costo medio de 1.500 UF por vivienda social bien localizada (supuesto que habría que afinar con datos del Minvu), el Estado podría levantar del orden de treinta mil viviendas de propiedad pública, sin endeudar a nadie por treinta años y sin crear un pasivo contingente de veinte mil millones de dólares. Esas viviendas se arrendarían a precio justo, con renta limitada a una fracción del ingreso, y quedarían fuera del mercado de manera permanente. Es lo que Viena hizo durante un siglo con el Gemeindebau, que hoy suma más de 220.000 apartamentos municipales en edificios donde conviven trabajadores, capas medias y profesionales, a precios muy inferiores a los del mercado privado.
La segunda es reorientar BancoEstado hacia la originación directa de crédito habitacional a costo, con tasa fija en pesos y dividendo tope como fracción del ingreso. La diferencia con el Fonavi es de principio. En un caso el banco público fija un estándar de precio y compite; en el otro le compra el riesgo a la banca y le devuelve liquidez para que siga cobrando su margen.
La tercera ataca el nudo del suelo. Chile necesita un Banco de Suelo público de escala nacional y regional, capaz de comprar terrenos bien ubicados antes de que la inversión pública los valorice, anticipando la plusvalía en vez de lamentarla. Necesita incorporar el principio de la función social de la propiedad en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, capturar las plusvalías que generan las obras públicas y los cambios normativos (Colombia permite a sus municipios recuperar entre el 30% y el 50% de esa valorización), gravar con tasas crecientes el suelo subutilizado en zonas de alta valorización, como hace el IPTU progresivo del Estatuto da Cidade, y exigir que un porcentaje de todo proyecto inmobiliario de gran escala se destine a vivienda asequible. Sin tocar la renta del suelo, cualquier subsidio, venga por la demanda o por el crédito, termina en el bolsillo del terrateniente urbano.
La cuarta es financiar la propiedad colectiva. FUCVAM ha construido en Uruguay más de 25.000 viviendas por ayuda mutua desde 1970, con créditos blandos públicos, costos muy inferiores al mercado y suelo en propiedad de la cooperativa, lo que impide la reventa especulativa. Los Community Land Trusts separan la propiedad del suelo de la propiedad de la vivienda, y así mantienen la asequibilidad para todas las familias que ocupen esa casa en el futuro. Un fondo público dedicado a cooperativas y fideicomisos de suelo haría más por la integración que cualquier mercado secundario de hipotecas.
La quinta es regular el mercado de arriendo y a los fondos institucionales. La ley de arrendamiento vigente data de 1982 y no contiene ninguna regulación de precios ni protección efectiva frente a la expulsión. Proponemos un registro público obligatorio de las viviendas en manos de personas jurídicas, con identificación de sus inversionistas finales, un impuesto progresivo a la tenencia de múltiples viviendas por parte de fondos, restricciones a su compra en barrios con alta presión especulativa y mecanismos de control del alquiler. Berlín demostró con su congelación de rentas que la medida funciona, y la ofensiva judicial que la derribó demostró que el capital inmobiliario lo sabe.
La sexta concierne al ahorro previsional. Mientras exista, ese ahorro es salario diferido y debería invertirse, bajo control de sus dueños, en vivienda pública en arriendo e infraestructura con retornos estables, no en operaciones de liquidez de corto plazo ni en los fondos que compran edificios para subir alquileres.
La séptima es condicionar todo beneficio tributario a la inversión a resultados verificables en empleo, investigación, encadenamientos productivos y salarios, y dejar la exploración minera en manos de una empresa pública, con ENAMI y Codelco fortalecidas, para que el conocimiento geológico del territorio sea patrimonio nacional. En el gobierno de las empresas, en vez del voto múltiple y las recompras ampliadas, corresponde avanzar hacia la participación de los trabajadores en los directorios de las grandes sociedades anónimas, como existe desde hace décadas en Alemania. Frente al centro financiero regional, Chile necesita recuperar la regulación de los capitales de corto plazo.
La última, y la que da sentido a todas, es el reconocimiento jurídico de la vivienda como derecho fundamental. Cuando la vivienda es mercancía, la única obligación del Estado es no interferir con el mercado que la distribuye; cuando es derecho, el Estado está obligado a producir las condiciones que la hagan efectiva para todos. El texto constitucional que se rechazó en 2022 lo contenía, y eso prueba que la demanda es real, como es real la fuerza que se le opone.
XI. Quién decide
La MK4 se presenta como reforma técnica. El Diario Financiero consignó que a los meses de trabajo con el Consejo Consultivo, el Banco Central, la CMF, el SII y actores privados se sumaron tres semanas de socialización con parlamentarios y representantes de la industria. En esa lista no figuran los comités de allegados, las cooperativas, los sindicatos ni los municipios que conocen el problema habitacional de cerca. La ausencia no es un descuido de procedimiento; retrata a quién se consultó porque se legislaba para él.
Lefebvre llamó derecho a la ciudad a la posibilidad de que quienes la habitan y la producen decidan sobre ella, y Harvey precisó que ese derecho es colectivo y consiste en el control sobre el proceso de urbanización y sobre el excedente que lo financia. La reforma que discute el Congreso transfiere esa decisión, un poco más, a quienes financian la ciudad. La vivienda puede ser tratada como activo financiero, y lo es, pero no puede ser eso sin dejar de ser lo que es, el lugar donde la vida se reproduce. Nuestra tarea es disputar cada artículo en la tramitación y, sobre todo, instalar de nuevo en la conversación pública que un derecho no se garantiza haciéndolo más rentable.