La combinación de exenciones fiscales y rebaja de impuestos a los sectores acomodados con un endeudamiento público por USD 25.000 millones no es una contradicción técnica, sino una estrategia para socializar las pérdidas y transferir plusvalor al capital financiero.
Por Equipo El Despertar
La reciente solicitud del Ejecutivo chileno para autorizar un endeudamiento público por un monto de hasta 25.000 millones de dólares ha sido presentada por la tecnocracia económica como un «mecanismo responsable de financiamiento de la transición fiscal». Esta desmesurada emisión de deuda soberana coincide en el tiempo con el impulso de reformas tributarias orientadas a recortar la carga impositiva sobre las corporaciones, flexibilizar la tributación a los altos ingresos y otorgar franquicias fiscales a la inversión privada. Mientras los grandes medios corporativos legitiman estas medidas bajo el argumento de la «competitividad» y la «reactivación de la inversión», la perspectiva materialista expone la verdadera naturaleza de clase de esta estrategia: una transferencia directa de recursos desde el Estado hacia el capital concentrado, compensada mediante la hipoteca del trabajo futuro de la clase obrera.
Desde la lógica de la acumulación capitalista, reducir los impuestos a la burguesía al tiempo que se recurre al crédito masivo internacional constituye un dispositivo clásico de expoliación pública. Al desprenderse de los ingresos fiscales provenientes de las rentas del gran capital y de las grandes fortunas, el Estado renuncia voluntariamente a su capacidad de autofinanciamiento para ponerse a la deriva del capital financiero transnacional. Los 25.000 millones de dólares solicitados en los mercados internacionales no financiarán la transformación de la estructura productiva ni la soberanía económica, sino que servirán para cubrir los agujeros dejados por los beneficios tributarios concedidos a las élites y para pagar los elevados intereses exigidos por los acreedores globales.
Esta maniobra encierra una segunda vuelta de tuerca contra las familias trabajadoras: el servicio de esa gigantesca deuda externa e interna obligará a los futuros presupuestos nacionales a someterse a regímenes de austeridad cada vez más severos. Cada dólar destinado a pagar la rentabilidad de los tenedores de bonos soberanos será un dólar sustraído a la salud pública, a la educación gratuita, a la vivienda social y a las pensiones de la población. Como advierten economistas críticos y organizaciones sindicales frente a la trampa de la deuda: “Bajar los impuestos a las grandes empresas mientras se endeuda al país en cifras astronómicas es una política de despojo planificado que busca que los costos de la crisis los pague íntegramente la clase trabajadora a través del ajuste y el encarecimiento de la vida”.
En definitiva, la combinación de rebajas tributarias y endeudamiento récord desmitifica la supuesta «neutralidad» del aparato estatal en la administración macroeconómica. Lejos de garantizar la estabilidad del país, la política fiscal funciona como un instrumento de clase que blinda las ganancias privadas en tiempos de incertidumbre y convierte al endeudamiento público en una cadena de subordinación colonial frente a la dictadura de los mercados financieros internacionales. La verdadera alternativa popular no pasa por administrar la escasez ni por contraer deuda para subsidiar al capital, sino por la expropiación de las rentas oligopólicas y la restitución del excedente social en beneficio directo de quienes producen la riqueza.