Detrás del discurso de la “eficiencia operativa” y el “aporte al erario nacional”, la tragedia en la división minera de Codelco desnuda la intensificación de los ritmos de explotación y el uso de la subcontratación como dispositivo para abaratar los costos de la fuerza de trabajo.
Por Equipo El Despertar
El trágico fallecimiento de un trabajador en las instalaciones del yacimiento subterráneo El Teniente, operado por la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) en la Región del O’Higgins, ha vuelto a teñir de sangre la principal arteria extractiva del país. La cobertura de la prensa corporativa y los comunicados oficiales del aparato estatal han apresurado sus explicaciones habituales, catalogando el suceso bajo el rótulo anestesiante de un “lamentable accidente laboral” e informando sobre la “apertura de una investigación sumaria”. Esta narrativa hegemónica busca aislar el hecho como un evento fortuito o un descuido individual, invisibilizando las determinantes estructurales que convierten a los socavones mineros en zonas de sacrificio para la clase obrera.
Desde la perspectiva de la crítica de la economía política, la muerte en la mina no es un acontecimiento aislado, sino la consecuencia directa del aumento incesante de la tasa de explotación. En su afán por sostener las metras de producción y compensar la caída en las leyes del mineral sin comprometer las metas de ganancia del capital o los aportes al fisco, la administración de la minera pública impone ritmos de trabajo asfixiantes y externaliza los segmentos más riesgosos de la faena hacia empresas contratistas. La vida del trabajador es sacrificada en el altar de la productividad, donde el costo de la seguridad se calcula como un simple gasto operativo susceptible de ser recortado.
En sus declaraciones tras la paralización de la faena, dirigentas y representantes de los sindicatos de trabajadores subcontratados denunciaron la precarización sistemática en las profundidades de la mina, señalando que “no estamos frente a fallas impredecibles, sino ante la negligencia patronal que prioriza las toneladas de extracción por encima de las condiciones mínimas de vida y seguridad de quienes bajamos a la mina día a día”. Esta afirmación transparente la contradicción de fondo del modelo extractivista: incluso bajo la propiedad del Estado burgués, la gestión de las empresas públicas obedece a la lógica del valor, tratando la fuerza de trabajo como un insumo consumible y reemplazable en el proceso productivo.
El luto de la familia obrera en El Teniente pone al descubierto que la “riqueza de Chile” exhibida en los balances macroeconómicos se erige sobre la extracción ininterrumpida de plusvalía y el riesgo permanente de la vida proletaria. Frente a la impunidad de las cúpulas directivas y la complicidad de las entidades fiscalizadoras, la respuesta de la clase trabajadora minera no puede ser la mera resignación institucional, sino la movilización organizada para asumir el control de las condiciones de seguridad en las faenas y exigir el fin de la precarización subcontratada que hoy cobra una nueva vida en la cordillera.