Horas después de que la Cámara de Diputados despachara casi íntegramente la llamada Ley de Reconstrucción Nacional, la oposición activó su última trinchera institucional: tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional para impugnar los aspectos más lesivos de la reforma estrella del gobierno de José Antonio Kast. Los recursos, presentados por 21 senadores y 62 diputados de todo el arco opositor —PS, PPD, PC, FA, DC y PL—, apuntan a dos pilares del proyecto: la invariabilidad tributaria, que congela los impuestos a las grandes inversiones por hasta 20 años, y un régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de permisos ambientales. Mientras el gobierno celebra haber salvado el “corazón” económico de la reforma, la oposición denuncia que el Estado dejará de recibir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales para financiar un blindaje que, según los requirentes, “vulnera el principio mayoritario y de alternancia en el poder, que constituyen la democracia”. La clase trabajadora asiste al último round de una pelea donde los de arriba se disputan el control del Estado, mientras los de abajo pagan el costo de un proyecto que recorta derechos y entrega el país a las transnacionales.
Por Equipo El Despertar
La ofensiva final: los tres frentes contra el blindaje del capital
El martes 21 de julio, mientras la Cámara de Diputados discutía el último trámite de la llamada “megarreforma” —que incluye la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación de la reintegración del 35%, la exención de IVA a viviendas nuevas y restricciones a la gratuidad universitaria—, la oposición activó su carta más esperada. Con el proyecto ya prácticamente despachado —solo una norma pasó a comisión mixta—, los parlamentarios del PS, PPD, PC, FA, DC y PL ingresaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional.
El primer requerimiento, presentado por 21 senadores de oposición, apunta al corazón de la reforma: la invariabilidad tributaria. Los artículos 29 y 38 del proyecto establecen que las grandes inversiones —desde los 50 millones de dólares— quedarán blindadas por 10, 15 o 20 años sin que ningún gobierno futuro pueda modificarles las condiciones impositivas. Los senadores argumentan que esta medida “vulnera el principio mayoritario y de alternancia en el poder, que constituyen la democracia”, y advierten que “una ley tributaria que no puede alterarse por decenios es incompatible con una república democrática”.
El segundo requerimiento, también del Senado, impugna el artículo 38 del proyecto, que instaura un régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). En otras palabras: si un tribunal frena un proyecto contaminante, el Estado deberá pagarle una compensación millonaria a la empresa afectada.
El tercer requerimiento, presentado por 62 diputados de oposición, complementa los dos anteriores y refuerza la impugnación de la invariabilidad tributaria, señalando que el blindaje fiscal “es contrario con el carácter de Chile como una república democrática”. En total, 12 artículos del proyecto fueron objeto de reserva de constitucionalidad [cita requerida].
La lógica de clase de la megarreforma: 4.000 millones de dólares para los de arriba
La ofensiva de la oposición no es un capricho técnico. Es el intento desesperado de frenar una reforma que, bajo el manto de la “reconstrucción”, entrega el país al capital transnacional. El proyecto reduce el impuesto corporativo del 27% al 23%, facilita la repatriación de capitales, exime del pago de contribuciones a los mayores de 65 años —incluso si poseen mansiones de lujo— y limita el derecho de las comunidades a defender sus territorios.
La diputada comunista Daniela Serrano fue categórica: “Lamentablemente Chile, en la emergencia climática que vive hoy, acaba de quedar al descampado, porque para este Gobierno la prioridad era aprobar su megarreforma”. Y añadió: “Hoy día sufrieron un revés. Sin embargo, sabemos que van a haber presiones. Han existido muchas presiones a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias para sacar adelante esta megarreforma tributaria que beneficia a los más ricos”.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, fue aún más dura: “Ha quedado demostrado que toda la preocupación que tenía Kast respecto a seguridad, empleo y migración era solo un ‘caballo de Troya’ para hacer avanzar el proyecto que realmente le importa: reducirle los impuestos a los más ricos”. Y remató: “Al gobierno que se autodenominó de la ’emergencia’ solamente le urge salvarle el bolsillo a quienes más tienen, y no a las personas que en estos momentos la están pasando mal”.
La hipocresía es monumental. Mientras el gobierno de Kast utiliza la emergencia climática para justificar su agenda de ajuste, la misma administración impulsa una reforma que congela los impuestos a las grandes empresas por 20 años, impidiendo que el Estado pueda responder a futuras crisis. El diputado Jaime Araya (PPD) fue lapidario: “No nos vamos a rendir, vamos directo al Tribunal Constitucional porque se ha aprobado la megarreforma de los súper ricos. Chile no está en condiciones de hipotecar el futuro de nuestro país”.
La democracia como rehén del capital
La decisión del TC será crucial. Si el tribunal acoge los requerimientos, la megarreforma podría sufrir un revés de proporciones. Si los rechaza, el gobierno de Kast habrá logrado su objetivo: blindar el modelo económico por décadas, a costa del Estado social y de la soberanía nacional.
La diputada Gael Yeomans (FA) fue clara al emplazar al ministro de Hacienda: “Quiero dirigirme al ministro Quiróz: no le tenemos miedo, ministro, y nos atrevemos a decirle en su cara que este triste día va a ser recordado en la historia de Chile, porque entregarle gratuitamente 3.000 millones de dólares a los grandes empresarios bajo el sufrimiento de las personas es su responsabilidad”.
La clase trabajadora debe leer esta batalla con otros ojos. No se trata de una disputa técnica entre parlamentarios, sino de la confrontación entre dos proyectos de país. Uno, el de Kast y sus aliados del PDG, que entrega los recursos del Estado al capital transnacional y flexibiliza los derechos laborales y ambientales. Otro, el de la oposición, que busca frenar el desmantelamiento del Estado social y defender la capacidad del pueblo para decidir su futuro.
Como advirtió el diputado Raúl Soto (PPD): “Hemos presentado ya formalmente un requerimiento al Tribunal Constitucional en unidad de toda la oposición para intentar frenar esta megarreforma y decirle a los ministros que en sus manos está el destino de nuestra democracia”. La invariabilidad tributaria y el “seguro ambiental” son las herramientas mediante las cuales el capital se asegura de que ningún gobierno futuro pueda modificar las reglas del juego. Es la consolidación de la dictadura del mercado, disfrazada de “certeza jurídica”. La batalla por la megarreforma es la batalla por el control del Estado. Y esa batalla no se gana solo en los tribunales, sino en las calles, en los barrios y en la conciencia de los que se niegan a ser excluidos.