Por primera vez en su historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia para revisar las políticas de un gobierno chileno en ejercicio. El próximo 5 de agosto, el Estado chileno, en la figura del gobierno de José Antonio Kast, deberá responder ante el organismo internacional por el acelerado desmantelamiento de las instituciones de memoria, verdad y justicia que se construyeron durante décadas para enfrentar los crímenes de la dictadura. Detrás de la arremetida contra el INDH, los recortes a programas de reparación y la paralización de los sitios de memoria, se esconde la misma lógica de clase que impuso el terrorismo de Estado en el Cono Sur: la necesidad de la burguesía de borrar las huellas de su propia barbarie para perpetuar un orden basado en la explotación y la impunidad.
Por Equipó El Despertar
“En la sociedad burguesa, el capital es independiente y tiene individualidad, mientras el ser vivo depende de él y carece de ella”, escribió Marx en el Manifiesto Comunista. En el Chile de 2026, esa dependencia se expresa en la relación entre una clase dominante que necesita de un Estado fuerte para garantizar sus ganancias, y una clase trabajadora que exige memoria para no repetir la historia de terror que permitió la instalación del modelo neoliberal.
La hora de la verdad en Washington
El 5 de agosto, Washington será el escenario de una audiencia inédita en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez, el organismo regional convocó a una audiencia para revisar las políticas de derechos humanos de un gobierno chileno en ejercicio. La instancia fue solicitada por más de 80 organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y sitios de memoria, lideradas por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Londres 38 espacio de memorias, la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta y la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.
El pliego de cargos es extenso y lapidario. Las organizaciones denuncian un “vaciamiento institucional” de las áreas vinculadas a derechos humanos dentro del Estado. Entre las medidas cuestionadas se encuentran la disolución de la Unidad de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, los cambios en los equipos del Servicio Nacional de Migraciones, y las desvinculaciones en áreas relacionadas con el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia.
Paulina Zamorano, integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, fue categórica: “En esta audiencia daremos cuenta del desmantelamiento del Estado en programas y políticas, afectando a derechos sociales, culturales y ambientales de toda la sociedad, así como una afectación y debilitamiento de las instituciones de derechos humanos del Estado. Este debilitamiento no es aislado, sino que forma parte de un patrón que tiene por finalidad que no exista contrapeso al ejercicio del poder”.
La ofensiva contra la memoria
El corazón de la denuncia es el patrón sistemático de desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. Las organizaciones denuncian que las decisiones administrativas del gobierno de Kast han implicado “un retroceso institucional en materias vinculadas con verdad, justicia y reparación de las graves violaciones cometidas entre 1973 y 1990”, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Uno de los puntos más graves de la presentación es la denuncia de los denominados “indultos pasivos”. Con ese concepto, las organizaciones se refieren a la omisión deliberada del Estado en oponerse a solicitudes de libertad anticipada o arresto domiciliario para condenados por crímenes de lesa humanidad. Es decir, el mismo Estado que persigue con saña a los manifestantes y los jóvenes de los barrios populares, que endurece las penas para los delitos comunes y que impulsa un proyecto de ley para bajar la edad de responsabilidad penal, aplica una vara distinta cuando se trata de los verdugos de la dictadura.
Zamorano fue clara: “El Estado de Chile se comprometió no solamente a investigar, sino que a sancionar adecuadamente la grave violación a los derechos humanos. El deber de sancionar implica respetar las penas que se impongan a los responsables de dichos crímenes”.
El presupuesto de la impunidad
Las organizaciones también cuestionan los lineamientos presupuestarios del Ministerio de Hacienda para 2027, que podrían significar el fin del Programa de Derechos Humanos, del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) y de otros 142 programas estatales. Según los antecedentes presentados a la CIDH, existen más de 1.800 millones de pesos en ajustes presupuestarios que afectan a salud, educación, protección social, vivienda, juventud y mujeres.
El ataque a los programas de reparación no es un ajuste técnico. Es un acto político: la negación del derecho de las víctimas de la dictadura a la verdad, la justicia y la reparación. Es la misma lógica que llevó al Partido Republicano a solicitar formalmente la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), acusándolo de tener un “sesgo ideológico” contra Carabineros.
La función de clase de la ofensiva
“El poder del Estado no es más que el poder de la clase dominante organizado para la opresión de las clases oprimidas”, escribió Engels. La ofensiva del gobierno de Kast contra las instituciones de derechos humanos no es un capricho ideológico. Es la expresión de la necesidad de la clase dominante de desmantelar los contrapesos que limitan su poder.
El desmantelamiento del andamiaje de derechos humanos, la eliminación de los programas de reparación, los “indultos pasivos” para los condenados por crímenes de lesa humanidad y el intento de borrar los sitios de memoria —como la paralización del proceso de expropiación de la ex Colonia Dignidad — son piezas de un mismo engranaje: la construcción de un Estado sin memoria, sin justicia y sin verdad.
La audiencia del 5 de agosto en la CIDH no es una formalidad burocrática. Es la primera vez que un gobierno chileno en ejercicio debe rendir cuentas ante la comunidad internacional por el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos. Es la confirmación de que la derecha chilena, que llegó al poder con el discurso de la “mano dura” y el “orden”, tiene como objetivo final borrar las huellas de la dictadura para perpetuar el modelo de acumulación que ella instaló.
Epílogo: la memoria como resistencia
La audiencia del 5 de agosto es un hito en la lucha por los derechos humanos en Chile. Como escribió Rosa Luxemburgo, “la libertad solo para los partidarios del gobierno no es libertad”. La resistencia de las organizaciones de derechos humanos, que han llevado a Washington las denuncias sobre el desmantelamiento institucional, es la prueba de que la memoria no se borra con decretos.
La clase trabajadora debe leer esta noticia con otros ojos: no se trata de una disputa entre el gobierno y las ONG. Se trata de la defensa de la memoria histórica, de la lucha contra la impunidad y de la construcción de un Estado que no sea un instrumento de dominación de clase. Mientras el gobierno de Kast intente enterrar las políticas de derechos humanos bajo el peso del ajuste fiscal, la resistencia popular seguirá levantando la voz. La audiencia del 5 de agosto es un recordatorio de que la historia no se escribe con decretos, sino con la lucha de los pueblos.