Mientras el gobierno de José Antonio Kast celebra el blindaje de su megareforma y la clase trabajadora asiste al desmantelamiento de sus derechos, el Partido de la Gente (PDG), el principal aliado parlamentario del oficialismo, enfrenta un cerco judicial que podría costarle su existencia. La Fiscalía Centro Norte abrió una investigación contra la colectividad de Franco Parisi tras una denuncia del Servel por irregularidades en sus rendiciones de gastos entre 2023 y 2024, que incluyen un cheque sin destino a nombre de su exadministrador de fondos, contratos con sociedades vinculadas, pagos de arriendo de una sede que el partido dice no tener, y la pérdida de $628 millones en aportes fiscales por balances rechazados.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. Lo que en la superficie parece un escándalo financiero, es en realidad la radiografía de la podredumbre del sistema político chileno. El Partido de la Gente, la colectividad que llegó al Congreso prometiendo “sacar a la casta”, está siendo investigado por la Fiscalía Centro Norte tras una denuncia del Servicio Electoral (Servel) que detectó una serie de irregularidades en sus rendiciones de gastos entre 2023 y 2024. Pero la verdadera historia no es el PDG, sino el sistema que permite que un partido político funcione como una máquina de transferir recursos públicos a privados, mientras la clase trabajadora paga el costo del ajuste fiscal y la megareforma que el propio PDG ayudó a aprobar.
El mapa del saqueo: un cheque, un arriendo fantasma y sociedades vinculadas
La denuncia del Servel pone el foco en el exadministrador general de fondos del PDG, Miguel Azar, a quien se le imputan pagos de arriendos a partes relacionadas y operaciones bancarias sin respaldo. Entre los antecedentes más relevantes figura un cheque emitido a nombre de Azar que fue cobrado por caja, pero cuyo destino no pudo ser establecido. “Los antecedentes presentados no demostraron el pago de las operaciones que se pretendían justificar”, señala la denuncia.
Otro de los puntos observados es el pago de un arriendo destinado al funcionamiento del partido. Sin embargo, desde el propio PDG aseguran desconocer la existencia de una sede. “Nosotros no tenemos sede, hasta donde tengo entendido”, declaró la diputada Zandra Parisi. Es decir, el partido habría pagado por un espacio que, según sus propias declaraciones, no existía. Además, el Servel detectó contrataciones de servicios con sociedades vinculadas al exadministrador, lo que compromete la transparencia en el manejo de fondos públicos.
La segunda llave: la investigación por falsificación de firmas
Paralelamente, la Fiscalía Centro Norte mantiene otra investigación contra el expresidente del PDG, Luis Moreno, por la presunta falsificación de documentos para obtener de manera irregular recursos públicos. La exdiputada Karen Medina, quien presentó una querella por falsificación de firmas durante el proceso de constitución del partido, ha advertido que la causa podría prescribir durante agosto si el Ministerio Público no formaliza la investigación.
El informe del Laboratorio de Criminalística de la PDI concluyó que las firmas atribuidas a la denunciante en documentos internos del PDG eran falsas. “Lo que comprueba el peritaje es que esto nace viciado”, sostuvo Medina. La exdiputada ha cuestionado tanto al Servel como a la Fiscalía por la demora en la investigación, calificando su actuación como “lenta y negligente”.
La amenaza de disolución: el partido que se desangra en tres frentes
El PDG enfrenta un escenario crítico que podría derivar en su disolución. La colectividad no logra aprobar sus balances financieros anuales desde el año 2023. Ya perdió $628 millones en aportes estatales producto de diversas objeciones del Servel a su balance de 2022. Además, mantiene procesos abiertos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y ha recibido multas por infracciones en las declaraciones de patrimonio de sus dirigentes.
Si el Servel rechaza también el balance correspondiente a 2025, el PDG podría caer en la disolución legal por tres ejercicios rechazados consecutivamente. Sería un escenario inédito desde la cancelación de la personalidad jurídica del partido Comunes en 2023. La presidenta del PDG, Denisse Catalán, ha intentado restar dramatismo: “Nosotros no consideramos que el Partido de la Gente está en riesgo de disolución”. Pero la acumulación de faltas administrativas, causas judiciales y la pérdida de financiamiento dibujan un panorama sombrío.
La función de clase del saqueo: el PDG como bisagra del capital
Desde una perspectiva marxista, el caso del PDG no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el sistema político chileno. La misma derecha que hoy investiga las irregularidades del PDG ha recibido sus votos para aprobar la megareforma que regala 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas. El PDG ha sido la bisagra parlamentaria que ha permitido al gobierno de Kast avanzar en su agenda de ajuste fiscal y desmantelamiento del Estado social.
La hipocresía es brutal. Mientras la justicia investiga un cheque sin destino y un arriendo fantasmal, la derecha celebra el blindaje tributario de 20 años para las grandes inversiones y la flexibilización de los derechos laborales. Mientras el PDG enfrenta la amenaza de disolución por irregularidades financieras, los grupos económicos que financia la megareforma siguen haciendo su agosto con el saqueo del erario. El PDG no es más que un eslabón de una cadena de saqueo que incluye a los grandes empresarios, los políticos de la derecha tradicional y los medios hegemónicos.
El partido de Franco Parisi llegó al Congreso prometiendo “sacar a la casta”, pero se ha convertido en una pieza más del engranaje de la corrupción sistémica. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura” contra la corrupción. La verdadera corrupción no está en los cheques sin destino del PDG, sino en un sistema que permite que los recursos públicos se transfieran a los grupos económicos a través de rebajas tributarias y flexibilización de derechos. Mientras la justicia se ensaña con un partido político, los verdaderos responsables del saqueo siguen disfrutando de la impunidad que el sistema les garantiza.