Mientras el gobierno de Javier Milei intentaba consumar su “revolución liberal” entregando la soberanía territorial a las transnacionales y blindando al capital contra cualquier control estatal, la clase trabajadora y los movimientos populares argentinos respondieron con una oleada de protestas que puso en jaque al proyecto de la ultraderecha más servil al imperialismo. En una semana de movilizaciones masivas que culminaron el 6 de agosto frente al Congreso, el rechazo no fue solo contra el ajuste y la entrega de la tierra, sino contra el avance de una verdadera “neocolonización sionista” que amenaza con convertir a Argentina en una cabeza de playa de los intereses de Washington y Tel Aviv en América Latina. La respuesta del “presidente más sionista del mundo” fue la represión sin contemplaciones: gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua contra miles de manifestantes que, bajo la consigna “la patria no se vende”, defendían la soberanía nacional de los depredadores de siempre.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2026. La lluvia no detuvo a los miles de argentinos que se congregaron en la Plaza del Congreso para decir “basta” al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la última ofensiva del gobierno de Javier Milei para desmantelar lo que queda de soberanía nacional y entregar el país al capital extranjero. Bajo la consigna “la patria no se vende”, la manifestación reunió a agrupaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles, así como a ciudadanos independientes, en una muestra de unidad de la clase trabajadora frente a la ofensiva más brutal contra sus derechos desde el retorno a la democracia.
El proyecto original del gobierno Milei iba más allá del ajuste económico. Incluía un capítulo que relajaba las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, eliminando de hecho los límites a la venta del territorio nacional a corporaciones y personas de cualquier nacionalidad. La movilización popular fue tan contundente que el gobierno se vio obligado a retirar ese capítulo del proyecto, admitiendo que no contaba con los votos necesarios en el Senado para aprobarlo. Fue una derrota política de Milei, pero la lucha continuó porque el resto de la iniciativa mantiene puntos igualmente lesivos.
El proyecto del despojo: desalojos exprés y tierra para el capital
La nueva versión del proyecto sigue siendo un monumento a la desregulación al servicio del capital. Entre sus puntos más polémicos se encuentran la implementación de “desalojos exprés”, que permitirían a los propietarios echar a familias que se retrasen apenas diez días en el pago de alquileres destinados a la vivienda. Además, se otorgan mayores limitaciones al Estado para expropiar activos declarados de utilidad pública y se eliminan restricciones al uso de tierras rurales y bosques que hubieran sufrido incendios. La consigna de los manifestantes fue clara: “Argentina no se desaloja, ni se vende”.
Los sindicatos, las organizaciones sociales y la oposición advierten que el proyecto está diseñado para beneficiar a los grandes inversores, reduciendo las protecciones legales para la tierra y acelerando los procesos de desalojo, lo que afectará de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. A pesar de la retirada del capítulo más polémico, la movilización continuó porque, como señalaron los organizadores, “lo que el oficialismo y sus aliados leyeron como un ‘paso atrás’ para desactivar el conflicto no…” fue suficiente para calmar a las calles.
La represión como respuesta de clase: gases, balas y agua contra los de abajo
La respuesta del gobierno de Milei a la protesta popular fue la misma que caracteriza a todos los gobiernos de ultraderecha: la represión sin contemplaciones. Las fuerzas de seguridad, parapetadas detrás de los vallados del Congreso, comenzaron a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde camiones policiales contra los manifestantes.
El saldo del jueves negro fue de al menos 12 detenidos y cinco heridos, incluyendo una fotoperiodista que sufrió un traumatismo de cráneo por un golpe en la cabeza y fue trasladada a un hospital cercano. La policía, luego de dispersar a la multitud en la plaza, continuó cargando contra los manifestantes incluso en calles aledañas, donde se registraron enfrentamientos. La brutalidad del accionar policial quedó registrada en decenas de videos que circularon por redes sociales, mostrando a las fuerzas de seguridad atacando sin discriminación a los manifestantes que ya habían retrocedido.
La herida abierta del sionismo: la Patagonia como botín
Pero el conflicto no se limita a la tierra. El gobierno de Milei, que se autoproclamó como el “presidente más sionista del mundo”, está llevando a cabo un proyecto de entrega de los recursos estratégicos del país que va mucho más allá de la venta de tierras. Organizaciones mapuche y movimientos populares han denunciado que se está configurando un “escenario de neocolonización sionista” en Argentina, particularmente en la Patagonia, donde los intereses israelíes y británicos buscan apoderarse de los recursos petroleros y de las tierras ancestrales.
La activista mapuche Moira Millán ha sido categórica al denunciar que el gobierno de Milei no solo se considera el presidente más sionista del mundo, sino que está actuando en consecuencia, abriendo las puertas a la instalación de “colonias sionistas” en el sur del país. La presencia de soldados sionistas en territorio argentino ha sido rechazada en las movilizaciones del Día de la Pachamama, donde los pueblos originarios han alzado su voz contra este proceso de “balcanización”.
El propio canciller y exembajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein, firmó en diciembre de 2025 una declaración conjunta con el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, que establecía un “marco de cooperación” para la explotación de recursos estratégicos. Las reuniones de Milei con el magnate tecnológico Peter Thiel, fundador de la empresa de inteligencia y vigilancia Palantir, quien ha mostrado interés en los recursos mineros de la Patagonia, son la confirmación de que la entrega de la soberanía no es una retórica, sino una política concreta.
La marcha de San Cayetano: la consolidación del rechazo popular
La protesta del jueves no fue un hecho aislado. Al día siguiente, el viernes 7 de agosto, más de 50 mil trabajadores marcharon en el día de San Cayetano, patrono del pan y el trabajo, bajo la histórica consigna de “pan, techo y trabajo”. La movilización sindical, que en los últimos años se ha convertido en una protesta contra las medidas de austeridad de Milei, mostró que el descontento no se limita a un proyecto de ley, sino que abarca toda la política económica del gobierno.
La fuerza del movimiento popular fue tal que el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en el capítulo más polémico de su proyecto, aunque la lucha continúa porque la esencia del proyecto de Milei sigue intacta: la entrega de la soberanía y los recursos del país al capital extranjero y al sionismo.
Epílogo: la lucha por la soberanía como lucha de clases
El levantamiento popular contra el proyecto de Milei no es solo una protesta contra una ley, sino la expresión de la lucha de clases en su forma más cruda: la defensa de la soberanía nacional frente al capital transnacional, la resistencia a la entrega de los recursos estratégicos a los depredadores de siempre. El gobierno de Milei, alineado con el imperialismo y el sionismo, ha intentado consumar el saqueo más brutal de la historia argentina, y la clase trabajadora ha respondido con la fuerza de la organización y la movilización.
La represión no detendrá la lucha. Como señalaron los manifestantes, “la patria no se vende”. Y mientras el gobierno insista en entregar el país a los intereses de Washington y Tel Aviv, la clase trabajadora argentina seguirá ocupando las calles, las plazas y los territorios para defender lo que es suyo: la tierra, el trabajo y la soberanía.