La Contraloría Regional de Atacama acreditó que el delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, mantiene desde hace 16 años una ocupación ilegal de 1.000 metros cuadrados en el sector de Portofino. El organismo fiscalizador ordenó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario para establecer su responsabilidad administrativa, en un dictamen que es especialmente severo con la autoridad: concluye que la ocupación infringe el principio de probidad administrativa y advierte un conflicto de interés, porque entre las atribuciones legales del propio delegado está precisamente vigilar los bienes del Estado, impedir su ocupación ilegal y exigir administrativamente su restitución.
Por Equipo El Despertar
Santiago / Chañaral. El delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, designado por el gobierno de José Antonio Kast, ha sido puesto en el centro de la polémica por un dictamen de la Contraloría Regional de Atacama que acredita su ocupación ilegal de un inmueble fiscal en el sector de Portofino. El pronunciamiento, fechado el 7 de agosto, es especialmente severo con la autoridad: concluye que la ocupación infringe el principio de probidad administrativa y advierte un conflicto de interés, porque entre las atribuciones legales del propio delegado está precisamente vigilar los bienes del Estado, impedir su ocupación ilegal y exigir administrativamente su restitución.
La historia de una ocupación que nadie vio durante 16 años
Los hechos se originaron a partir de una denuncia reservada que apuntaba a que Urrejola utilizaba desde hace años un terreno fiscal en Portofino, al que actualmente concurriría durante los fines de semana. La Seremi de Bienes Nacionales ya había detectado la situación en un catastro realizado en 2019, y una fiscalización en terreno efectuada el 2 de junio de 2026 volvió a ratificarla.
Según el informe de Bienes Nacionales, Urrejola instaló en el lugar una construcción de material ligero dentro de una superficie cercada de 1.000 metros cuadrados. La ocupación tendría una antigüedad estimada de 16 años. La Seremi indicó además que actualmente Urrejola reside en Chañaral por sus funciones públicas y que frecuenta el inmueble durante los fines de semana.
La Seremi comunicó los antecedentes a la delegada presidencial regional de Atacama el 11 de junio y anunció el inicio del procedimiento para poner término a la ocupación ilegal, cobrar la correspondiente indemnización y fijar un plazo para la restitución voluntaria del terreno.
La hipocresía del “guardián de los bienes fiscales”
Lo que hace especialmente grave este caso es que Urrejola no es un ciudadano cualquiera. Como delegado presidencial provincial, sus funciones incluyen precisamente la vigilancia de los bienes del Estado, la obligación de impedir su ocupación ilegal y la de exigir su restitución cuando corresponda. Es decir, el mismo funcionario que debía impedir ocupaciones ilegales de bienes fiscales es el que ha mantenido una durante 16 años.
La Contraloría sostuvo que esta situación infringe el principio de probidad administrativa y genera un conflicto de interés. El dictamen instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario destinado a determinar la eventual responsabilidad administrativa de Sebastián Urrejola Aranda, la que deberá informar sobre el avance de este proceso dentro de un plazo de 10 días hábiles.
Además, el organismo ordenó a la Seremi de Bienes Nacionales adoptar las medidas necesarias para poner término a la ocupación irregular del terreno, incluyendo gestionar el desalojo y determinar el cobro retroactivo de los derechos correspondientes por el uso del inmueble fiscal.
La segunda denuncia: contratación a dedo de un familiar
El oficio de la Contraloría también abordó una segunda denuncia: la contratación de Carlos Ramos Guerra como jefe de gabinete de la Delegación de Chañaral. Contraloría confirmó que presta servicios a honorarios en ese cargo, pero señaló que no pudo acreditar que esté casado con la hermana de Urrejola, como afirmaba la denuncia. El organismo dejó, sin embargo, una prevención: si existe una relación especial entre Ramos y la hermana del delegado que pueda afectar la transparencia, deberá ser investigada.
La función de clase del escándalo
Desde una perspectiva marxista, el caso de Urrejola no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El mismo gobierno que predica la “mano dura” y la “probidad” desde sus discursos, que recorta miles de millones de pesos en salud, vivienda y educación, que rebaja los impuestos a las grandes empresas mientras la clase trabajadora se hunde en la precariedad, es el que nombra como delegados presidenciales a funcionarios que ocupan ilegalmente terrenos fiscales durante 16 años.
La hipocresía es brutal. Mientras el gobierno de Kast celebra la megareforma que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, mientras el ministro de Hacienda anuncia la capitalización de Codelco y la reforma al mercado de capitales, sus propios delegados están ocupando ilegalmente bienes fiscales. La misma administración que persigue a los pobladores por tomar terrenos para vivir es la que protege a sus funcionarios cuando ocupan terrenos fiscales durante 16 años.
La clase trabajadora debe leer este caso con otros ojos. No se trata de un escándalo aislado de un funcionario “deshonesto”. Es la confirmación de que el Estado chileno, bajo el gobierno de Kast, no es un instrumento de justicia, sino un dispositivo al servicio de los intereses de una clase: la que ocupa los cargos públicos para beneficio propio, mientras los de abajo pagan las consecuencias con su trabajo, su salud y su vivienda.
Mientras Urrejola enfrenta un procedimiento disciplinario que probablemente terminará en una sanción administrativa sin mayores consecuencias, los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. La ocupación ilegal de un terreno fiscal es un delito, pero en el Chile de los patrones, la ley se aplica con saña a los de abajo y con benevolencia a los de arriba. La verdadera lucha por la justicia no se ganará con un sumario administrativo, sino con la organización de los que saben que el sistema no es justo: solo es de clase.