El Ministerio de Hacienda ordenó la suspensión de la tramitación de los proyectos de los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150, junto con la Autopista Concepción-Talcahuano, obras largamente esperadas por la ciudadanía del Biobío que contemplaban inversiones superiores a los 400 millones de dólares. La decisión, que ha generado un rechazo transversal que va desde los alcaldes de la zona hasta la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), se enmarca en la misma lógica de clase que ha guiado al gobierno de José Antonio Kast: mientras se recortan las inversiones en infraestructura que podrían generar empleo y mejorar la calidad de vida de los sectores populares, se encuentran recursos para regalar más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas a través de la megareforma tributaria, para capitalizar Codelco con 2.400 millones de dólares y para reformar el mercado de capitales en beneficio de los grandes inversionistas. La clase trabajadora del Biobío asiste una vez más a la confirmación de una verdad incómoda: la “austeridad” que pregona la derecha es selectiva, se aplica con rigor a las necesidades de los de abajo y se desvanece cuando se trata de los intereses del capital.
Por Equipo El Despertar
Concepción, Región del Biobío. La decisión del gobierno de José Antonio Kast de suspender la tramitación de los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150, junto con la Autopista Concepción-Talcahuano, ha caído como un balde de agua fría sobre una región que ya arrastra años de postergación y abandono. Las obras, que contemplaban inversiones que superan los 400 millones de dólares, eran largamente esperadas por la ciudadanía del Biobío para descongestionar una de las arterias viales más importantes del país y mejorar la conectividad en la zona.
Pero la lógica de clase del gobierno de Kast no admite excepciones cuando se trata de los sectores populares. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la medida argumentando que “el país enfrenta actualmente una situación fiscal ajustada, tanto en el corto como en el mediano plazo”, y que la continuidad de las iniciativas implicaría compromisos de largo plazo que “en las condiciones actuales, no es posible absorber”.
La geografía del abandono: los proyectos que nunca llegarán
Los proyectos afectados por la suspensión no son obras menores. Incluyen los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150, así como la Autopista Concepción-Talcahuano, obras que buscan mejorar la conectividad en la zona. La decisión del Ejecutivo de paralizar estos proyectos viales en la Ruta 160, el camino a Penco y en la autopista a Talcahuano ha generado un rechazo transversal que va desde los alcaldes del Biobío hasta la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC).
El presidente regional de la CNDC en Biobío, Germán Faúndez, fue categórico al calificar la decisión como un duro revés para la región: “El Biobío no puede seguir siendo la variable de ajuste cuando el Gobierno enfrenta estrechez fiscal. Nuestra región aporta al desarrollo de Chile con sus puertos, su industria, su actividad forestal, agrícola y manufacturera. Lo mínimo que esperamos es que el Estado cumpla con las inversiones comprometidas para mejorar la infraestructura que sostiene ese desarrollo”.
El gremio de los camioneros sostiene que la suspensión de estas obras impacta directamente al transporte de carga, ya que una red vial moderna es clave para reducir costos operacionales, aumentar la seguridad y mejorar la competitividad logística de la región. Faúndez enfatizó que la postergación de estos proyectos tendrá consecuencias concretas para quienes utilizan diariamente las rutas del Biobío: “Cada proyecto que se retrasa significa más congestión, más accidentes, mayores costos logísticos y menos oportunidades de crecimiento. Estas obras no son un lujo; son una necesidad para el desarrollo económico y social del Biobío”.
La hipocresía de la “austeridad”: la plata para los de arriba nunca falta
La contradicción de clase alcanza niveles grotescos cuando se contrasta la suspensión de estas obras con la agenda económica del gobierno. La misma administración que ahora dice no tener recursos para financiar infraestructura vial en el Biobío encontró tiempo y dinero para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas. La misma que argumenta que el país está en una “situación fiscal ajustada” para suspender los corredores de transporte público es la que autorizó la capitalización del 100% de las utilidades de Codelco, equivalentes a 2.400 millones de dólares, para que la empresa estatal no se siga endeudando. La misma que dice no poder absorber compromisos de largo plazo es la que prepara una reforma al mercado de capitales para convertir a Chile en un “centro financiero regional” y atraer US$11.200 millones de capitales internacionales.
La hipocresía es brutal: la “austeridad” que pregona la derecha es selectiva, se aplica con rigor a las necesidades de los de abajo y se desvanece cuando se trata de los intereses del capital. El ministro Quiroz argumenta que el país enfrenta una “situación fiscal ajustada”, pero esa estrechez fiscal no existe cuando se trata de regalar recursos a los grupos económicos. La misma administración que recorta más de 413 mil millones de pesos del presupuesto de salud, que desfinancia la gratuidad universitaria y que recorta los subsidios habitacionales, ahora dice no tener plata para una obra de infraestructura que mejoraría la calidad de vida de millones de personas en el Biobío.
La señal de alerta para los inversionistas internacionales
La suspensión de las obras no solo afecta a la región del Biobío, sino que ha comenzado a generar inquietud más allá de las fronteras. En España, donde varias de las principales compañías de infraestructura tienen negocios en Chile, la suspensión de los contratos que involucraban a Azvi es observada como una señal respecto del futuro del modelo concesional que durante décadas ha permitido al país atraer capital privado para grandes obras.
El cambio desde un esquema de concesión hacia una ejecución financiada directamente por el Estado es el punto de fondo para los inversionistas españoles. El medio español Expansión informó que el Ministerio de Obras Públicas comunicó a la compañía Azvi la suspensión de la adjudicación provisional de ambos proyectos. Lo que preocupa en el mercado ibérico es que el caso pueda transformarse en una señal más amplia sobre las condiciones para invertir en infraestructura en Chile.
La ironía es mayúscula: la misma administración que se llena la boca con discursos de “certeza jurídica” y “seguridad para la inversión” está enviando una señal de inestabilidad a los inversionistas internacionales. La suspensión de las obras del Biobío no es un triunfo de la “responsabilidad fiscal”, sino la confirmación de que el gobierno de Kast está dispuesto a sacrificar el desarrollo de las regiones en el altar de su agenda ideológica.
La clase trabajadora paga el costo del ajuste
La clase trabajadora del Biobío es la principal víctima de esta decisión. La región ya arrastra una de las tasas de desempleo más altas del país, con un 9,2% de cesantía y un 28,2% de informalidad. La suspensión de las obras viales no solo significa la postergación de mejoras en la conectividad, sino también la pérdida de miles de empleos que estas iniciativas habrían generado en una zona que ya está sumida en la precariedad laboral.
La CNDC no ha descartado movilizaciones si el Gobierno mantiene la paralización de las iniciativas. El dirigente gremial advirtió que el gremio podría coordinar acciones con otras organizaciones productivas y sociales si no existen cambios en la decisión: “No queremos llegar a ese escenario, pero tampoco vamos a permanecer indiferentes mientras se posterga nuevamente el desarrollo del Biobío”.
Epílogo: la región que no se rinde
La suspensión de las obras viales en el Biobío no es un hecho aislado. Es la continuación de la lógica de clase que ha guiado a la derecha chilena desde el retorno a la democracia: el desarrollo de las regiones como variable de ajuste, los recursos públicos como botín de los grupos económicos, y los trabajadores como meros espectadores del saqueo.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, la clase trabajadora del Biobío sigue esperando que sus necesidades sean prioridad. El gobernador del Biobío anunció tras reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que las obras paralizadas se ejecutarán en los plazos “considerados”, pero la desconfianza es la moneda corriente en una región que ha sido históricamente postergada por el centralismo de Santiago.
La lucha por la infraestructura vial en el Biobío es la lucha por el derecho a la conectividad, al empleo y al desarrollo. Y esa lucha, como siempre, la libran los de abajo. Los camioneros, los alcaldes y los vecinos del Biobío no se rendirán mientras el gobierno siga tratando su región como una variable de ajuste en el tablero de la acumulación del capital.