El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció en Panamá que la maquinaria de guerra del imperio expandirá sus operaciones letales contra el narcotráfico desde el mar hacia tierra firme, con Colombia y Ecuador como los primeros países en autorizar operaciones militares conjuntas para “destruir redes terroristas”. Bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico y el “narcoterrorismo”, la administración Trump ha montado una alianza militar de 19 países que, con la sumisión de los nuevos gobiernos de derecha, pretende imponer una nueva doctrina de seguridad hemisférica basada en el uso de la fuerza letal, la extraterritorialidad de sus acciones y la criminalización de poblaciones enteras. La clase trabajadora latinoamericana, una vez más, paga el costo de una guerra que no es suya: la militarización de la seguridad pública, la violación de la soberanía nacional y la transferencia de recursos desde la salud y la educación hacia la maquinaria de guerra del imperio.
Por Equipo El Despertar
La doctrina del “mal necesario”: la guerra de exterminio como política de Estado
“Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, son un objetivo, igual que ISIS o Al Qaeda”. Con esta declaración de principios, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó este miércoles que la administración Trump ha decidido extender su campaña de bombardeos aéreos contra el narcotráfico desde el Caribe y el Pacífico hacia tierra firme. La Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C), impulsada por Washington, ya reúne a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú. Hegseth fue explícito: “No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados. Vamos a destruir estas redes con todas las capacidades del gobierno estadounidense”.
Lo que el secretario de Defensa anunció en Panamá no es una operación antinarcóticos más, sino una declaración de guerra. Desde septiembre de 2025, la campaña de bombardeos aéreos contra lanchas de narcotráfico ha dejado al menos 221 muertos, y expertos legales han advertido que estas operaciones son ilegales, porque el ejército no puede atacar deliberadamente a civiles que no participan directamente en hostilidades. Pero Hegseth ha sido categórico: la ley no es un límite, es un obstáculo que hay que saltar.
La sumisión de Colombia y Ecuador: la soberanía como moneda de cambio
El anuncio de Hegseth coincidió con la confirmación de que el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha autorizado “operaciones militares conjuntas” con Estados Unidos en su territorio para combatir el “narcoterrorismo”. Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, se ha convertido en el primer socio de la A3C en tierra firme. Hegseth celebró la decisión: “Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”.
El giro de De la Espriella es un cambio radical respecto de su predecesor, Gustavo Petro, quien había chocado con la administración Trump por la política antidrogas. De la Espriella, en su investidura, ya había manifestado su intención de enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo” y descartado cualquier negociación de paz con los grupos armados. El Departamento de Estado ya ha anunciado una ayuda de mil millones de dólares para Colombia en materia de seguridad. Es el regreso del Plan Colombia, pero con un nombre nuevo y una dosis de militarización aún mayor.
Ecuador, por su parte, fue el primer país de la A3C en lanzar operaciones militares conjuntas con EE.UU. ya en marzo de 2026, pero la nueva fase implica una escalada sin precedentes. La militarización de la frontera norte y las denuncias de bombardeos aéreos contra comunidades campesinas ya han desatado acusaciones de que las fuerzas de seguridad han bombardeado granjas, en una repetición de la lógica del “daño colateral” que el imperialismo ha utilizado en todos sus frentes de guerra.
La función de clase de la nueva guerra contra las drogas
Desde una perspectiva marxista, la decisión de EE.UU. de atacar en tierra a los narcotraficantes no es una respuesta a la demanda de drogas en el imperio, sino una ofensiva de clase para consolidar el control militar y económico sobre la región. La criminalización del narcotráfico como “terrorismo” permite ampliar el uso de fuerzas militares y de inteligencia no solo contra el crimen organizado, sino contra cualquier movimiento social que cuestione el orden establecido. La misma lógica que califica a los cárteles como “organizaciones terroristas” es la que ha permitido a Washington incluir en la lista a grupos políticos y sociales que no se pliegan a sus intereses.
El secretario de Defensa ha sido claro: los remanentes de las guerrillas colombianas también son “objetivos legítimos”. La guerra contra las drogas se convierte así en una guerra contra cualquier forma de resistencia popular. La soberanía de los países latinoamericanos se subordina a los designios del Pentágono, y los recursos que debieran destinarse a la salud, la educación y la vivienda se desvían hacia la maquinaria de guerra del imperio.
Epílogo: la militarización como condena de clase
La decisión de EE.UU. de atacar en tierra a los narcotraficantes en Colombia y Ecuador es un nuevo capítulo de la larga historia de intervención imperialista en América Latina. La Doctrina Monroe, resucitada por la administración Trump, ha vuelto a imponer la lógica del “patio trasero” y la sumisión de los Estados latinoamericanos a los designios del Pentágono.
La clase trabajadora del continente no debe dejarse engañar por la retórica de la “lucha contra el narcotráfico”. Esta guerra no es contra los cárteles; es contra los pueblos que se niegan a ser sometidos. La soberanía no se negocia, y la seguridad no se construye con bombas, sino con justicia social. Mientras los gobiernos de derecha de la región se alineen con el imperio, la militarización de la seguridad pública seguirá profundizando la desigualdad, la represión y el saqueo de los recursos naturales. La única salida no es la sumisión, sino la organización popular para defender la vida y la dignidad de los de abajo.