La sentencia desarticula el blindaje jurídico de las trasnacionales en materia ambiental y acota los privilegios tributarios, pero mantiene intacto el modelo extractivista de fondo. Las comunidades logran un respiro táctico; la lucha estratégica por el territorio sigue abierta.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile – El Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que, si bien no cuestiona las bases del capitalismo chileno, asesta un revés concreto a la fracción más voraz de la burguesía nacional y trasnacional. En un contexto de crisis ecológica y acumulación por desposesión, la resolución elimina mecanismos legales que buscaban socializar las pérdidas de los grandes inversionistas, a la vez que abre un resquicio para que las comunidades afectadas por el despojo puedan defender sus territorios.
Lejos de ser una “gran noticia para el país” —como intentaron venderlo los parlamentarios oficialistas que impulsaron el requerimiento—, el dictamen revela las contradicciones internas del Estado capitalista. La disputa no fue entre “el bien común” y “la codicia”, sino entre distintas fracciones de la clase dominante: el Poder Ejecutivo (impulsor de la norma) versus el Legislativo y el propio TC, que actúa como garante de las reglas del juego que aseguran la gobernabilidad del sistema, pero que en esta ocasión se vio forzado a ceder ante la presión de los movimientos sociales.
1. El fin del “seguro fiscal” para los empresarios
El punto más álgido del fallo es la declaración de inconstitucionalidad total de los artículos 12 y 13, que establecían un mecanismo de indemnización estatal para los titulares de proyectos cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) fueran anuladas por la justicia.
Desde una perspectiva de clase, esta norma era un blindaje explícito: el empresariado pretendía que el Fisco —es decir, el erario público nutrido por los impuestos de los trabajadores— absorbiera el riesgo patrimonial de sus inversiones especulativas. Se trataba de una privatización de las ganancias y una socialización de las pérdidas, una práctica recurrente en el neoliberalismo periférico. Al tumbar este artículo, el TC obliga al capital a asumir sus propios costos de producción, evitando que el Estado se convierta en un simple pagador de facturas por decisiones judiciales que protegen el medio ambiente.
Sin embargo, no hay que confundirse: el Estado chileno sigue siendo un comité de la burguesía. Este recorte no obedece a un ánimo ecologista, sino a la necesidad de no generar un desequilibrio fiscal tan grosero que terminara afectando los flujos de plusvalía que el propio sistema necesita para reproducirse.
2. Justicia ambiental: un triunfo de las comunidades sobre la burocracia
El TC también declaró inconstitucional la frase “que no hayan sido evaluados” en la norma que limitaba las reclamaciones ciudadanas. Hasta ahora, la burocracia ambiental servía como un muro de contención: si el impacto había sido “evaluado” (aunque fuera de forma deficiente o malintencionada), las puertas de los tribunales se cerraban para los afectados.
Con este fallo, las organizaciones territoriales y los pueblos indígenas podrán impugnar proyectos cuyas evaluaciones hayan sido mañosamente diseñadas para ocultar daños. Es un triunfo de la lucha de las clases subalternas contra el formalismo jurídico que protege a las extractivistas. No obstante, se trata de un triunfo dentro de la legalidad burguesa; el aparato judicial sigue siendo el mismo que históricamente ha criminalizado la protesta social.
3. La arrogancia de la salmonicultura y el derecho a consulta
La eliminación de la exención para las “micro-relocalizaciones” de concesiones de acuicultura es un golpe directo a la industria del salmón, un sector emblemático de la superexplotación territorial en el sur de Chile. La norma pretendía sacar del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) estos desplazamientos, basándose en la falacia de que la distancia garantiza inocuidad.
El TC desnuda esta mentira: el capital salmonero buscaba evadir el control social y, de paso, burlar el derecho a consulta de los pueblos indígenas. Al caer esta exención, el movimiento mapuche-huilliche y las comunidades ribereñas recuperan una herramienta institucional para frenar el avance de la industria que convierte los ecosistemas marinos en jaulas de engorde. Sin embargo, la lucha sigue siendo defensiva; el negocio de la acuicultura, con su devastadora huella de antibióticos y materia orgánica, no se detiene, solo se ralentiza.
4. El fisco se defiende: cae la “conexión” tributaria
En materia tributaria, el fallo acota el estatuto de invariabilidad y elimina la figura de los “proyectos conexos”. Este mecanismo era una coartada perfecta para que las grandes corporaciones ampliaran los beneficios fiscales sin control legal, creando ficciones jurídicas para no pagar impuestos.
Desde el marxismo, esto evidencia que la fracción más concentrada del capital intenta apropiarse de la renta diferencial y evadir su obligación contributiva, debilitando al mismo Estado que las protege. El TC, al exigir que sea la ley y no un reglamento o contrato el que fije los tributos, simplemente reordena la casa para que el saqueo no colapse la recaudación necesaria para sostener la infraestructura del capital.
Conclusión: ¿Un respiro, pero no una liberación?
Para los movimientos ecologistas, los sindicatos y las comunidades indígenas, el fallo representa una victoria circunstancial. Se desactivan trampas legales que la burguesía había tejido para acelerar la acumulación sin rendir cuentas. El mérito no es de los parlamentarios que recurrieron al TC, sino de la presión social que obligó a visibilizar el carácter rapaz de estas normas.
Sin embargo, el horizonte crítico debe ser claro: el TC no ha tocado el núcleo duro del modelo. La propiedad privada de los recursos naturales (agua, minerales, mar) sigue intacta. El extractivismo sigue siendo el motor de la economía. Este fallo es un parche en la camisa rota del neoliberalismo chileno, una concesión para amortiguar la conflictividad social.
La verdadera solución no pasa por que el Estado deje de pagar las indemnizaciones, sino por la recuperación social de los bienes comunes y la planificación democrática de la producción. Mientras eso no ocurra, el capital buscará nuevas artimañas, y el TC, tarde o temprano, volverá a ser el escudo de los poderosos.