El Presidente José Antonio Kast decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, tras el embate de un sistema frontal atípico que ha dejado al menos una persona fallecida y cerca de 2.000 damnificados, con la ciudad prácticamente aislada y sus accesos cortados. La medida, anunciada este martes, habilita el despliegue de recursos militares y la designación de un jefe de la Defensa Nacional. Sin embargo, la demora en la respuesta oficial contrasta con la velocidad con que el gobierno encontró tiempo y recursos para regalar 4.000 millones de dólares a las grandes empresas a través de la megareforma tributaria, para autorizar la capitalización de Codelco y para preparar una reforma al mercado de capitales. La clase trabajadora de Tocopilla, que ya arrastra años de abandono estatal y dependencia de la minería, asiste una vez más a la confirmación de una verdad incómoda: la “emergencia” es solo para los de abajo, y el Estado de los patrones siempre llega tarde.
Por Equipo El Despertar
Tocopilla, Región de Antofagasta. La tarde de este martes, el Presidente José Antonio Kast anunció, a través de su cuenta de X, el decreto de estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, ante las graves afectaciones del sistema frontal que ha golpeado el norte del país. La medida, que habilita el despliegue de “todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, llega cuando el barro ya ha arrasado con viviendas, vehículos y calles enteras, y cuando la ciudad se encuentra prácticamente aislada, con sus principales accesos cortados.
La geografía del abandono: el temporal que el Estado no supo anticipar
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien se encuentra desplegado en la región desde la noche del lunes, reconoció que la intensidad de las precipitaciones —cerca de 30 milímetros de agua en pocas horas en un área que promedia cinco al año— provocó la activación de quebradas y remociones en masa que hicieron “imposible que no haya consecuencias”. El temporal en la zona norte ya ha dejado una persona fallecida y, a la fecha, se consignan al menos 2.000 damnificados solo en la región de Antofagasta.
La declaración de Pavez es una confesión involuntaria: el Estado sabía que las condiciones climáticas eran anormales —”estamos viviendo en el país condiciones anormales del fenómeno de El Niño intenso”— pero no hizo lo suficiente para prevenir la catástrofe. Mientras el gobierno se ufanaba de su “prevención”, la realidad es que las lluvias arrasaron con todo a su paso, y la respuesta llegó solo cuando el desastre ya era inevitable.
La militarización de la emergencia: el jefe de la Defensa Nacional como rostro del Estado
El decreto de estado de catástrofe contempla la designación de un jefe de la Defensa Nacional, quien coordinará el despliegue de las fuerzas en la provincia. La medida, presentada como una herramienta para “disponer de todos los recursos humanos y materiales”, es en realidad la continuación de la lógica de clase que ha guiado al gobierno de Kast desde su llegada a La Moneda: la militarización de la vida social como respuesta a las crisis que el propio modelo genera.
El subsecretario Pavez ha enfatizado que la prioridad durante esta jornada es resguardar a la población mediante evacuaciones preventivas, y ha llamado a la población a alejarse de los cursos de agua. Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: si el Estado tenía la capacidad de desplegar recursos militares, ¿por qué no los desplegó antes de que la catástrofe ocurriera? La respuesta es la misma de siempre: la “emergencia” es solo para los de abajo, y el Estado de los patrones siempre llega tarde.
La hipocresía de la “emergencia”: la plata para los de arriba nunca falta
La contradicción de clase alcanza niveles grotescos cuando se contrasta la demora en la respuesta del gobierno con la velocidad con que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, para autorizar la capitalización de Codelco con 2.400 millones de dólares y para preparar una reforma al mercado de capitales que busca atraer US$11.200 millones de capitales internacionales.
La misma administración que ahora dice no tener más remedio que desplegar recursos militares para enfrentar la emergencia en Tocopilla es la que, con la otra mano, recorta la salud, la vivienda y la educación de los sectores populares. La misma que promete “mano dura” contra la delincuencia es la que, cuando los intereses del capital están en juego, no duda en trasladar el costo de la crisis a los hombros de los trabajadores. La misma que se llena la boca con discursos de “orden” es la que, cuando se trata de los de abajo, siempre llega tarde.
La clase trabajadora paga el costo del ajuste
La clase trabajadora de Tocopilla, una ciudad que ya arrastra años de abandono estatal y dependencia de la minería, es la principal víctima de esta catástrofe. Los 2.000 damnificados no son números abstractos: son familias que han perdido sus hogares, sus enseres, sus medios de vida. Son trabajadores que ya vivían al límite y que ahora enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus casas, si es que alguna vez podrán hacerlo.
La ciudad se encuentra prácticamente aislada, y las maquinarias de Vialidad trabajan en algunos sectores para intentar restablecer la conectividad. Pero la conectividad no es solo un problema de caminos: es un problema de Estado. Un Estado que, cuando los intereses del capital están en juego, siempre encuentra los recursos; pero cuando se trata de los de abajo, siempre llega tarde.
Epílogo: la catástrofe como metáfora del saqueo
El estado de catástrofe en Tocopilla no es un hecho aislado. Es el eslabón de una cadena de saqueo que incluye la megareforma tributaria, la capitalización de Codelco, la reforma al mercado de capitales y los recortes a la salud, la vivienda y la educación. La misma administración que promete “mano dura” contra la delincuencia es la que, con la otra mano, vacía los bolsillos de los trabajadores para llenar las arcas del capital.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos con las rebajas tributarias, la clase trabajadora de Tocopilla sigue esperando que el Estado cumpla con su obligación de protegerla. La catástrofe no es solo un fenómeno natural: es la materialización de un modelo de desarrollo que privilegia las ganancias de las grandes empresas por sobre la vida de los de abajo. Como ha dicho el subsecretario Pavez, “los niveles de lluvia hacen imposible que no hayan afectaciones”. Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: si el Estado sabía que las afectaciones eran inevitables, ¿por qué no hizo lo necesario para minimizar su impacto? La respuesta es la misma de siempre: porque el gobierno de Kast no gobierna para los trabajadores, sino para los grupos económicos que lo financian.