Chile conmemora este viernes 53 años del golpe de Estado sin actos oficiales por primera vez desde 1990. La decisión de José Antonio Kast de omitir la fecha, es un acto de coherencia política que demuestra que no se siente Presidente de todos los chilenos sino solo de ese 1% mas rico al que ha decidido servir. Es además, la culminación de una transición que, por cálculo político de la clase dominante, dejó intactas las estructuras de impunidad, enterró la verdad y convirtió la memoria en una concesión arrancada a regañadientes. El resultado está a la vista: un partidario confeso de Pinochet gobierna La Moneda, promete indultos para violadores de derechos humanos y desmantela lo poco que quedaba de la institucionalidad de memoria.
Por Equipo El Despertar
La historia de esta deuda tiene nombres y fechas. La salida pactada negoció salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, su modelo economico intacto y la impunidad para los crímenes de la misma.
En 1990, Patricio Aylwin asumió la presidencia con la promesa del “nunca más”, pero la transición se hizo sobre un pacto no escrito: no tocar a las Fuerzas Armadas, no revisar la Constitución de 1980 en lo esencial, no avanzar en justicia más allá de lo que la correlación de fuerzas permitiera. La historiadora Karen Alfaro lo resume con crudeza: “La continuidad de la impunidad habilita que el discurso de la derecha en la actualidad tenga cabida, lo que no ha ocurrido en otros países en donde sí se ha alcanzado justicia por los casos de violación a los derechos humanos” . Y sentencia: “Lamentablemente estamos pagando los costos de una transición inconclusa” .
La impunidad fue una decisión política de la clase dominante para garantizar la gobernabilidad del capital. El Decreto Ley de Amnistía de 1978, la justicia militar, el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas y la reticencia de los gobiernos de la Concertación a confrontar el legado militar crearon un ecosistema donde los crímenes de lesa humanidad quedaron, en la práctica, sin castigo. Aylwin —el mismo del “nunca más”— “traicionó al pueblo trabajador de su propio país” al no desmantelar las estructuras heredadas de la dictadura .
Cincuenta y tres años después, el saldo es escalofriante. Según cifras oficiales, durante la dictadura cívico-militar se registraron 3.216 víctimas entre personas asesinadas y detenidas desaparecidas, y más de 38 mil personas sufrieron detenciones ilegales, encarcelamiento y torturas sistemáticas . De los más de 3.000 asesinados, el paradero de los restos de unos 1.500 sigue siendo desconocido, pese a las repetidas peticiones a las Fuerzas Armadas para que entreguen información . Más de 1.300 causas permanecen abiertas en los tribunales, según estimaciones de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos .
La deuda no es solo de justicia penal. En materia de reparación, el Estado sigue sin cumplir los compromisos asumidos ante la comunidad internacional. “La deuda del Estado con las víctimas es inmensa, histórica y permanente. Estamos lejos de cumplir con los compromisos asumidos. En materia de justicia, reparación, verdad, memoria y garantías de no repetición queda mucho por recorrer”, señala un análisis publicado por El Mostrador. Y no hay que olvidar que de los últimos 36 años, 28 fueron gobernados por la centro izquierda y solo 8 por la derecha, por lo que la mayor responsabilidad esta en aquello que algunos llaman progresismo.
El gobierno de Kast ha profundizado esta herencia. En marzo, al asumir, designó a una abogada de su confianza para dirigir tanto el Plan Nacional de Búsqueda como el Programa de Derechos Humanos, fusionando dos jefaturas que antes eran distintas . El presupuesto de los programas de memoria ha sido recortado. La señal es inequívoca: la memoria no es una prioridad, es un estorbo.
La semana pasada, la antesala del 11 de septiembre, los parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) —aliados de Kast— visitaron Cerro Castillo para insistir en que se aceleren los indultos para los condenados por violaciones a los derechos humanos. “Le vamos a explicar cuál es nuestra posición respecto de la demora, porque creemos que (el proceso) ha sido muy lento”, declaró el diputado Hans Marowski, refiriéndose a “quienes por humanidad también deberían estar cumpliendo penas en su casa” . La “humanidad” que invocan los libertarios no es la de las víctimas, sino la de sus verdugos.
El propio Kast no ha descartado indultar a los violadores de derechos humanos presos en Punta Peuco. “Uno tiene que analizar cada hecho en su mérito”, declaró, y añadió que “no es el tema que hoy preocupe a la ciudadanía” . Para el Presidente, la memoria de los 3.216 asesinados y desaparecidos es un asunto secundario. Lo prioritario es el “crimen organizado”, la “inmigración ilegal” y el “estancamiento” .
La oposición no se ha quedado en silencio. Isabel Allende, hija del presidente derrocado, fue categórica: “No tiene la sensibilidad de entender lo que significó en nuestro país la pérdida de los derechos humanos, las vidas, y que nada nunca puede justificar haber bombardeado La Moneda, haber torturado, exiliado, quemado y haber hecho desaparecer” . Y sobre los indultos: “No hay ninguna razón ni justificación para estar indultando a gente que fueron criminales condenados, que tienen en sus manos y su conciencia la responsabilidad de los peores crímenes que ha conocido este país” .
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apeló a la estatura de Estado: “Le pido que tenga una estatura de Estado por sobre la posición política partidista, porque hoy le toca ser presidente de Chile, no un activista de la derecha” . Y Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, recordó lo irrenunciable: “Hay algo que no admite dos lecturas, nada justifica torturar, asesinar ni hacer desaparecer a una persona. En Chile lo hicieron agentes del Estado, por eso el Estado no tiene derecho a olvidar” .
El sitio de memoria del Estadio Nacional —que fue el principal centro de tortura y exterminio de la dictadura— fue el escenario de la conmemoración alternativa. “El Presidente Kast siempre ha sido negacionista de los crímenes de la dictadura. Además, ha sido proclive a Pinochet y a su dictadura”, dijo Marcelo Acevedo, presidente del sitio de memoria, a The Clinic. Y añadió: “No solamente omite un periodo tan oscuro de Chile, sino que es parte del aparato que ha justificado la dictadura y los crímenes de lesa humanidad” .
La romería convocada por las organizaciones de derechos humanos, el Partido Comunista y el Frente Amplio recorrió el centro de Santiago hasta el Cementerio General. “No a los indultos, no a la impunidad”, corearon miles de manifestantes, en una jornada que también recordó a las víctimas del estallido social de 2019 y rechazó los intentos de indultar a los agentes que cometieron violaciones durante la revuelta .
Desde una perspectiva marxista, la deuda de verdad, justicia, reparación y memoria no es un déficit moral que la clase dominante haya “olvidado” saldar. Es un pilar de su dominación. La impunidad de los crímenes de la dictadura permitió preservar intacto el aparato económico y judicial que se construyó sobre la sangre de miles de trabajadores. La transición no fue un pacto por la democracia: fue un pacto entre fracciones de la burguesía para no tocar las bases del modelo neoliberal. Como señala un análisis de la Rosa-Luxemburg-Stiftung, “el giro de Chile hacia la ultraderecha no puede entenderse sin la herencia de la transición inconclusa: la impunidad, la despolitización y los límites institucionales incorporados al proceso” .
El ascenso de Kast no es una anomalía. Es la consecuencia lógica de décadas de impunidad. Como señala Alfaro, la continuidad de la impunidad “habilita que el discurso de la derecha en la actualidad tenga cabida” . Mientras los crímenes de la dictadura siguieron sin castigo, mientras los violadores de derechos humanos envejecieron en Punta Peuco sin cumplir condenas efectivas, mientras la memoria se convirtió en un tema incómodo que los gobiernos preferían evitar, la derecha fue tejiendo su relato: que los verdaderos “violentos” eran los que protestaban, que la dictadura había sido “necesaria”, que los militares eran “héroes” y no criminales.
Hoy, ese relato es gobierno. Hoy, el Presidente de Chile no conmemora el golpe. Hoy, el ministro de Justicia fue defensor de Pinochet. Hoy, los aliados del Presidente presionan por indultar a quienes torturaron y asesinaron. La deuda de la transición no era solo con las víctimas. Era con la memoria colectiva, con la posibilidad de construir un país que no repitiera la barbarie. Esa deuda no se pagó. Y ahora la pagamos todos.
Mientras Kast visita la región de Los Ríos y agenda reuniones con empresarios, en Santiago miles de personas marchan con claveles rojos y fotografías de los que ya no están. La memoria no se borra por decreto. Pero la impunidad, cuando se perpetúa, engendra monstruos. Y el monstruo, esta vez, se sienta en La Moneda.