A más de cinco décadas de aquel quiebre, la sociedad chilena arrastra una profunda e inaceptable deuda de memoria, justicia, verdad y reparación. Si bien se han logrado avances gracias a la incansable e histórica lucha de las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas, la persistencia de la impunidad biológica y el pacto de silencio en sectores de las Fuerzas Armadas continúan lesionando la convivencia nacional. La memoria no se consolida solo con monumentos o placas conmemorativas; se edifica a través de la verdad completa, el juicio y castigo a los responsables civiles y militares, y la búsqueda incesante de cada uno de los detenidos desaparecidos.
Por editor El Despertar
A 53 años del golpe de Estado civil-militar que quebró la democracia chilena y truncó violentamente el proyecto emancipador de la Unidad Popular, el ejercicio de la memoria deja de ser una mera evocación del pasado para convertirse en un imperativo ético, sociológico y político del presente. El 11 de septiembre de 1973 no representa únicamente una fecha en el calendario de la infamia, sino el momento fundacional en que se impuso, a través del terrorismo de Estado y la violencia sistemática, una reestructuración profunda de la sociedad chilena cuyas secuelas y amarres aún condicionan nuestra vida en comunidad.
Reflexionar sobre este aniversario desde la perspectiva de las transformaciones urbanas y territoriales nos revela que la dictadura no solo desarticuló las organizaciones políticas y sindicales, sino que reconfiguró el espacio social. La segregación socioespacial instaurada por el modelo neoliberal privatizó el derecho a la ciudad, transformando los bienes comunes y los derechos sociales en mercancías de mercado. La destrucción del tejido comunitario no fue un efecto colateral, sino un diseño calculado para disciplinar a la clase trabajadora y despojarla de sus espacios de articulación y soberanía.
A más de cinco décadas de aquel quiebre, la sociedad chilena arrastra una profunda e inaceptable deuda de memoria, justicia, verdad y reparación. Si bien se han logrado avances gracias a la incansable e histórica lucha de las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas, la persistencia de la impunidad biológica y el pacto de silencio en sectores de las Fuerzas Armadas continúan lesionando la convivencia nacional. La memoria no se consolida solo con monumentos o placas conmemorativas; se edifica a través de la verdad completa, el juicio y castigo a los responsables civiles y militares, y la búsqueda incesante de cada uno de los detenidos desaparecidos.
La deuda de memoria es también una batalla contra la resignación y el negacionismo reemergente. En tiempos donde las fuerzas conservadoras y ultraderechistas intentan blanquear la dictadura o relativizar las violaciones a los derechos humanos amparándose en el contexto político de la época, reivindicar el 11 de septiembre es un acto de resistencia democrática. No hay neutralidad posible frente al terrorismo de Estado. Quien justifica o matiza el golpe de Estado justifica el uso de la violencia estatal contra el pueblo organizado.
Finalmente, la memoria solo cobra pleno sentido cuando se conecta con las luchas del presente. El proyecto que encabezó el Presidente Salvador Allende —la construcción de un socialism con sabor a empanada y vino tinto, fundado en la soberanía popular, la nacionalización de las riquezas naturales y la justicia social— sigue señalando un horizonte de dignidad indispensable. Rendir homenaje a los caídos, a los ejecutados, a los torturados, a los exiliados y a quienes resistieron en la noche oscura de la dictadura exige asumir el compromiso ineludible de seguir transformando Chile, garantizando que el “Nunca Más” sea una realidad efectiva sustentada en la plena democratización del poder, la economía y el territorio.