El repliegue del Ministerio del Interior al retirar la propuesta reglamentaria ante la presión de las administraciones comunales desnuda la imposibilidad de sostener la delegación de la coerción estatal sin financiamiento, propinando un duro golpe a la agenda securitaria del Gobierno.
Por Equipo El Despertar
El retiro formal del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal por parte del Gobierno central representa un estrepitoso fracaso político y legislativo para la administración del Ejecutivo. Tras semanas de intentar imponer un marco normativo que buscaba ampliar las atribuciones de control y la exigencia de equipamiento para los inspectores locales, la firme negativa de las asociaciones edilicias obligó al Ministerio del Interior a dar un paso atrás y suspender la tramitación del texto. Frente a este desenlace, los medios hegemónicos y la vocería oficialista se han apresurado a calificar la retirada como un “gesto de apertura al diálogo” o una “reorganización técnica”, buscando camuflar el colapso de su estrategia comunicacional.
Sin embargo, desde una rigurosa lectura dialéctica y materialista, la marcha atrás de La Moneda no constituye un repliegue táctico ni una muestra de flexibilidad democrática, sino la constatación del fracaso de la política securitaria del Estado burgués. La pretensión del Ejecutivo de traspasar responsabilidades de orden público a las municipalidades sin transferir un solo peso del Tesoro Público se estrelló contra la realidad de los gobiernos locales, que se negaron a absorber el costo de la contención social recortando presupuestos de salud, educación e infraestructura comunitaria. La derrota del Gobierno pone en evidencia la grieta estructural entre la burocracia centralizada y las dinámicas territoriales de la acumulación capitalista.
El fracaso de la iniciativa deja también al descubierto la fragilidad del modelo de precarización laboral sobre el cual se pretendía erigir esta “policía de proximidad”. Imponer tareas de alto riesgo a inspectores contratados a honorarios o a contrata, sin garantías de salud, previsión ni seguros de vida equivalentes a los de los cuerpos armados permanentes, constituyó un intento de abaratamiento de los costos de la represión estatal. Como desmitificaba Vladimir Lenin al analizar las contradicciones del aparato de dominación en El Estado y la revolución: «El Estado burgués busca constantemente perfeccionar y diversificar sus mecanismos de coerción para disciplinar a las clases subalternas, pero encuentra su límite cuando las contradicciones presupuestarias y la resistencia de las propias estructuras locales amenazan la estabilidad del régimen».
La capitulación del Gobierno ante la exigencia de las municipalidades demuestra que la estrategia de sustituir la inversión social por patrullajes e hipervigilancia es insostenible en el tiempo. La derrota del reglamento debiera abrir un espacio para que la clase trabajadora y las organizaciones territoriales desmantelen la trampa del consenso punitivo. La verdadera tranquilidad de los barrios populares no se alcanzará insistiendo en la municipalización del control ni renegociando textos a espaldas de la ciudadanía, sino conquistando la restitución de los bienes comunes, el fin de la segregación socioespacial y la plena soberanía popular sobre las condiciones materiales de vida.