La imposición de cautelares de baja intensidad contra el exdiputado formalizado por soborno y lavado de activos confirma cómo el sistema punitivo burgués ampara las redes de tráfico de influencias del capital corporativo.
Por Equipo El Despertar
La dictación de las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional contra el exdiputado y abogado Gabriel Silber —imputado por los delitos de soborno y lavado de activos en el marco de la denominada «trama bielorrusa»— evidencia, desde una lectura materialista, la naturaleza estructural del Estado capitalista. Lejos de la narrativa hegemónica que intenta presentar el caso como una anomalía aislada o un «fallo ético individual» del sistema de justicia, la investigación por los pagos dirigidos a influir en fallos del Poder Judicial en favor del consorcio privado Belaz Movitec frente a la estatal Codelco desnuda el uso del aparato público para resguardar y valorizar la tasa de ganancia de intereses corporativos.
El acuerdo entre la Fiscalía, los querellantes y la defensa para no cuestionar cautelares que evitan la prisión preventiva en un recinto penitenciario pone de relieve el trato diferenciado del monopolio punitivo de clase. Mientras el sistema penal descarga todo su peso represivo sobre la clase trabajadora y los sectores desposeídos mediante el encarcelamiento masivo, la burguesía y sus operadores políticos acceden a regímenes de reclusión en sus residencias particulares. Karl Marx advertía en El Capital que «la legislación y el aparato de administración de justicia no representan más que la voluntad de la clase dominante elevada a ley», una premisa que cobra plena vigencia cuando la infraestructura judicial es convertida en un mercado de servicios donde se compran y venden resoluciones favorables.
Por otro lado, la trama que vincula a altos operadores del bloque de poder con maniobras para alterar el destino de miles de millones de pesos públicos demuestra la función encubridora de las instituciones burguesas. Vladimir Lenin señalaba en El Estado y la revolución que «la omnipotencia de la riqueza se ejerce en las repúblicas democráticas mediante la corrupción directa o indirecta de los funcionarios y la alianza del Gobierno con la especulación financiera». La instrumentalización de vacíos legales y la red de influencias para perjudicar los arcas públicas no son fallas del modelo, sino mecanismos inherentes a la etapa superior del capital, donde la frontera entre los negocios privados y la administración estatal se disuelve completamente.
La respuesta frente a la crisis de corrupción y la privatización encubierta de la justicia no vendrá de las auto-reformas institucionales ni de pactos de impunidad en los tribunales. La superación del parasitismo político y de la manipulación de las leyes exige la organización independiente de las mayorías populares, orientada al control social efectivo de las instituciones y al desmantelamiento de las redes del gran capital que subordinan el interés colectivo a la acumulación privada.