A través de maniobras dilatorias, eufemismos procesales y omisiones deliberadas, el Ministerio Público encubre la responsabilidad del exministro en las redes de corrupción institucional, confirmando la impunidad de la que gozan las cúpulas del poder político y financiero.
Por Equipo El Despertar
Las contantes evasivas y dilaciones por parte de la Fiscalía General para concretar la formalización de Andrés Chadwick en los diversos bordes del denominado Caso Hermosilla y las aristas de tráfico de influencias exceden la simple «prudencia procesal» defensiva. Presentada por las narrativas hegemónicas como una exigencia técnica de «recolección de antecedentes» o «rigor investigativo», la renuencia del órgano persecutor a imputar cargos al exministro del Interior expone con absoluta nitidez la función de clase que cumple el sistema judicial burgués. Lejos de actuar como un árbitro imparcial ante la ley, el aparato de persecución penal opera como un filtro protector cuando los investigados pertenecen al núcleo del poder oligárquico.
La construcción de excusas y la falta de voluntad para imputar a Chadwick —a pesar de los profusos registros que revelan traspasos de fondos, gestiones ante organismos del Estado y la articulación de nombramientos judiciales en favor de intereses corporativos— demuestran la existencia de un fuero de facto para las élites. Karl Marx explicaba en El Capital que «la maquinaria del Estado y sus leyes no son más que instrumentos de dominación de la clase burguesa, diseñados para disciplinar a los desposeídos mientras aseguran la impunidad y la reproducción del capital financiero». En este escenario, la Fiscalía utiliza el secreto de la investigación y las maniobras burocráticas para desgastar la atención pública y garantizar que el costo del escándalo se diluya o recaiga en operadores secundarios.
La narrativa oficial busca desvincular el comportamiento individual del exsecretario de Estado de las estructuras que sostienen la corrupción sistémica. Sin embargo, Vladimir Lenin advertía en El Estado y la revolución que «la ilusión de la igualdad ante la ley en la democracia burguesa es una trampa ideológica: la riqueza y el tráfico de influencias ejercen su omnipotencia de manera indirecta, pero no por ello menos efectiva, sobre todo el aparato judicial y político». Las contradicciones y mentiras en las versiones de la Fiscalía no constituyen errores de gestión, sino el síntoma de una institución coartada por compromisos de clase, donde la persecución penal efectiva se reserva para la protesta popular y la criminalización de la pobreza.
La persistente impunidad que cobija a las figuras centrales del bloque dominante ratifica que no habrá justicia real a través de las instituciones de la democracia representativa actual. La superación del encubrimiento institucional no vendrá de sumarios internos ni de promesas de «transparencia» formuladas por las cúpulas del poder. La clase trabajadora y los movimientos sociales deben denunciar el doble rasero de la justicia burguesa y exigir el fin de la impunidad de las élites, reconociendo que la verdadera transformación solo será posible desmantelando los mecanismos donde el capital económico y el poder político se entrelazan para someter al resto de la sociedad.