Chile llega a septiembre de 2026 con una combinación que merece atención: el desempleo alcanza 9,5%, retrocede el empleo asalariado formal y alimentos y transporte vuelven a presionar los presupuestos familiares. Al mismo tiempo, el Gobierno discute nuevas modalidades de contratación para enfrentar la debilidad del mercado laboral. Tres fenómenos diferentes que convergen en una pregunta fundamental: ¿cómo se distribuyen entre trabajadores, empresas y Estado los costos de la desaceleración económica?
Por Daniel Jadue
Hay cifras e indicadores económicos que, vistos y analizados aisladamente, parecen contar historias distintas. Las remuneraciones reales están creciendo, pero el desempleo permanece elevado. La inflación general se encuentra lejos de sus máximos de años anteriores, pero determinados gastos cotidianos vuelven a subir con fuerza. Y mientras disminuye el empleo asalariado formal, se discuten mecanismos destinados a facilitar nuevas contrataciones.
La fotografía del mercado laboral es probablemente el mejor punto de partida. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa nacional de desocupación llegó a 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, aumentando 0,8 puntos porcentuales en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas disminuyeron 0,2%, mientras que los asalariados formales retrocedieron 2,4%. La informalidad laboral alcanzó 26,5%.
Detrás de cada porcentaje existen situaciones concretas: personas buscando trabajo, hogares que pierden estabilidad de ingresos y trabajadores que deben recurrir a ocupaciones informales. Particularmente significativo es que, entre los desocupados, quienes buscan trabajo por primera vez aumentaron 20,9% respecto del año anterior.
Desde una lectura marxista, estas cifras pueden analizarse mediante una categoría clásica: lo que Marx denominó el “ejército industrial de reserva”, es decir, la existencia de una población disponible para incorporarse al proceso productivo pero que permanece parcial o completamente fuera del empleo. La utilidad de esa categoría para analizar el Chile contemporáneo es una cuestión interpretativa; el dato comprobable, sin embargo, es que actualmente existe una combinación de desempleo elevado y disminución del empleo asalariado formal.
Cuando el salario sube, pero también sube la cuenta
Hay otra parte de la fotografía que resulta igualmente importante. El INE informó que en julio las remuneraciones nominales crecieron 7,8% en doce meses, mientras el índice real de remuneraciones aumentó 4,1%. En términos promedio, por tanto, hubo una recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones.
Sería incorrecto ignorar ese dato. Pero también sería equivocado interpretarlo como si significara que todos los hogares experimentaron una mejora equivalente.
El promedio salarial no muestra por sí solo cuánto gana cada trabajador, si tiene empleo estable, cuántas personas dependen de ese ingreso ni qué proporción del presupuesto familiar debe destinarse a necesidades esenciales.
Y allí aparece la segunda dimensión del problema.
En agosto, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,6% mensual y 4,1% en doce meses. Dentro de esa variación, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,4% en un solo mes, mientras transporte registró un incremento mensual de 1,6%.
No todos los precios afectan de igual manera a todos los hogares. Para una familia cuyo presupuesto se concentra en alimentación, transporte, vivienda y servicios básicos, un incremento en bienes esenciales puede sentirse con mayor intensidad que lo sugerido por el promedio general de inflación.
Aquí aparece una cuestión distributiva fundamental: no basta con preguntar cuánto crece el salario; también hay que preguntarse cuánto cuesta reproducir cotidianamente la vida de quienes trabajan.
La respuesta gubernamental: nuevas formas de contratación
Sobre este escenario aparece un tercer debate.
El Gobierno ha trabajado durante septiembre en una agenda destinada a enfrentar el deterioro del empleo. Entre las medidas informadas públicamente aparecen modalidades como contratos por horas, períodos de prueba y contratos denominados “por experiencia”, dentro de un conjunto más amplio de propuestas laborales.
Aquí comienza una controversia política y económica que conviene presentar con precisión.
Quienes defienden una mayor flexibilidad del mercado laboral sostienen que disminuir determinadas rigideces contractuales puede reducir los costos y riesgos asociados a contratar trabajadores, favoreciendo así la creación de empleo.
La posición crítica formula una pregunta diferente: ¿qué ocurre si la creación de puestos de trabajo se consigue aumentando la incertidumbre contractual o trasladando una parte mayor del riesgo económico hacia quien vende su fuerza de trabajo?
No es una discusión meramente académica. De las reglas finalmente aprobadas dependerán cuestiones tan concretas como estabilidad, jornada, remuneraciones, indemnizaciones y capacidad de negociación entre trabajadores y empleadores.
Tres noticias que forman parte de una misma discusión
Desempleo, costo de vida y regulación laboral suelen aparecer separados en las páginas económicas. Para comprender sus efectos sociales, sin embargo, resulta útil observarlos conjuntamente.
Una persona desempleada acepta el siguiente trabajo desde una posición distinta de quien tiene empleo estable. Una familia enfrentada al encarecimiento de sus necesidades básicas dispone de menor margen para soportar períodos sin ingresos. Y un mercado laboral con abundante disponibilidad de trabajadores puede modificar el poder negociador relativo entre empleados y empleadores.
Esa interrelación permite comprender por qué la cuestión laboral no puede reducirse simplemente a cuántos empleos crea una economía. También importa qué clase de empleos crea, cuánto pagan, qué estabilidad proporcionan, qué derechos incorporan y si esos ingresos permiten financiar razonablemente las necesidades de un hogar.
Existe además una paradoja que merece ser discutida sin simplificaciones: Chile registra actualmente una recuperación de las remuneraciones reales promedio y, simultáneamente, un desempleo de 9,5%, retroceso del empleo asalariado formal y aumentos recientes importantes en alimentos y transporte.
Una lectura favorable a la flexibilización verá allí razones para facilitar la contratación. Una perspectiva sindical puede considerar prioritario evitar que la recuperación del empleo ocurra mediante una reducción de la protección laboral. Una lectura marxista pondrá el acento en la relación desigual existente entre quienes controlan capital y medios de producción y quienes dependen fundamentalmente de vender su capacidad de trabajo.
Esas interpretaciones son diferentes. Los datos sobre los cuales se desarrolla la discusión, en cambio, permiten formular una pregunta común que debería estar en el centro del debate público chileno:
cuando la economía atraviesa dificultades, ¿cómo se distribuyen sus costos entre el capital, el Estado y quienes viven de su trabajo?
Responder esa pregunta exige mirar más allá de los indicadores aislados. Porque detrás del desempleo, del IPC y de cualquier modificación contractual existe una realidad mucho más sencilla: la capacidad de millones de hogares de trabajar, obtener ingresos y sostener dignamente su vida cotidiana.