Ahí está, para quien todavía tenga dudas, la prueba más contundente de que el sistema de AFP no fue diseñado pensando en cómo viven realmente las mujeres chilenas. Un sistema que calcula pensiones sobre la base de cotizaciones individuales ignora deliberadamente que buena parte de la vida productiva de una mujer transcurre fuera del mercado laboral formal, sosteniendo hogares, criando nietos, cuidando parejas enfermas, sin que ese trabajo genere jamás un peso de salario ni de ahorro previsional, como parte fundamental de la lógica constitutiva del sistema, individualizar el riesgo y borrar el trabajo que no pasa por caja.
Daniel Jadue
El Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo acaba de publicar un informe que debería incomodar a cualquiera que diseñe política pública en este país, y que sin embargo probablemente pasará sin pena ni gloria por la conversación nacional, como pasa casi siempre con todo lo que toca el trabajo no remunerado que realizan las personas que cuidan, especialmente las mujeres. El estudio, elaborado con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2023 y con entrevistas a personas mayores de la Región Metropolitana, confirma algo que en la izquierda hemos sostenido durante décadas sin que el sistema económico se digne a escucharlo, que existe una economía entera sosteniendo a este país que jamás aparece en las cuentas nacionales, y que esa economía la sostienen, mayoritariamente, las mujeres, incluso cuando ya llevan sesenta o setenta años trabajando gratis.
El dato central del informe rompe con el sentido común que la propia política pública ha naturalizado, la idea de que la vejez es una etapa de retiro. Más del 93% de las personas mayores de 60 años realiza trabajo no remunerado en un día cualquiera, y quienes tienen entre 60 y 69 años dedican en promedio 1.514 horas al año a esas labores, el equivalente a 63 días completos de trabajo continuo. Ese trabajo representa cerca de una quinta parte del valor económico total del trabajo no remunerado en Chile, más de 11 billones de pesos anuales según las estimaciones del proyecto NODO de Naciones Unidas. Esa cifra, además, no aparece sola en el tiempo. El propio Banco Central estimó que en 2020 el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado equivalía al 26,7% del PIB nacional, más que el aporte combinado de la industria manufacturera y la construcción. Once billones de pesos al año generados solo por personas mayores no son un dato marginal dentro de esa cifra, son la prueba de que el trabajo no remunerado no tiene fecha de vencimiento ni edad de jubilación.
Pero el dato que a mí más me indigna, porque lo he visto con mis propios ojos en cada junta de vecinos, en cada consultorio, en cada organización territorial de la comuna de Recoleta, es la brecha de género que el informe documenta con una exactitud que no deja espacio para la negación. Entre los 60 y los 69 años, las mujeres siguen dedicando 5 horas y 16 minutos diarios al trabajo no remunerado, frente a 2 horas y 50 minutos de los hombres. Esa diferencia no se cierra con la jubilación, se mantiene casi intacta hasta los 79 años. En plata, son 932 horas adicionales al año, 39 días completos de trabajo extra que una mujer mayor entrega gratis, después de una vida entera de haber entregado ya lo mismo. El informe usa una expresión que Cristina Vio, de Comunidad Mujer, resume mejor que cualquier discurso político, las mujeres no jubilan del trabajo de cuidados. Nunca. El sistema de pensiones chileno les exige una vida de cotizaciones que muchas veces no pueden completar precisamente porque están cuidando gratis a otros, y cuando llegan a la vejez, en lugar de descansar, siguen cuidando.
Ahí está, para quien todavía tenga dudas, la prueba más contundente de que el sistema de AFP no fue diseñado pensando en cómo viven realmente las mujeres chilenas. Un sistema que calcula pensiones sobre la base de cotizaciones individuales ignora deliberadamente que buena parte de la vida productiva de una mujer transcurre fuera del mercado laboral formal, sosteniendo hogares, criando nietos, cuidando parejas enfermas, sin que ese trabajo genere jamás un peso de salario ni de ahorro previsional, como parte fundamental de la lógica constitutiva del sistema, individualizar el riesgo y borrar el trabajo que no pasa por caja.
Por eso, frente a este diagnóstico, no basta con medir mejor el problema, hay que resolverlo con una política concreta. Junto con nuestro equipo desarrollamos, dentro del programa Chile Somos Todos, el Ingreso por Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado en Hogar Propio, el ITDCNR, que propone exactamente lo que el informe del Observatorio del Envejecimiento reclama sin nombrarlo del todo, reconocer ese trabajo como trabajo, con salario, con cotización previsional y con acceso a salud.
La propuesta es simple en su arquitectura y radical en su contenido. Toda persona que dedique al menos 30 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado en su propio hogar, sin ingresos propios relevantes y perteneciente a un hogar de bajos recursos, recibiría un ingreso líquido equivalente al 75% del salario mínimo, hoy 404.250 pesos mensuales, con sus cotizaciones de AFP, FONASA y seguro de invalidez pagadas íntegramente por el Estado. El Estado pasa a actuar como empleador previsional de quien hasta ahora trabajaba gratis. Con una cobertura en régimen de 1,3 millones de personas, el costo fiscal bruto alcanza 7,47 billones de pesos anuales, pero ese número, tomado aislado, es exactamente el error que cometen quienes analizan el gasto social sin analizar su retorno. Porque las beneficiarias del ITDCNR no van a ahorrar ese ingreso en un fondo mutuo, lo van a gastar en el almacén de la esquina, en la feria, en el minimarket, en la farmacia del barrio. La CEPAL ha documentado que el 63% de la reducción de la desigualdad en América Latina proviene precisamente de ese tipo de transferencias directas, y la evidencia internacional para programas similares muestra multiplicadores de demanda de entre 1,4 y 1,8 veces cada peso transferido. Aplicando el multiplicador conservador, el retorno fiscal vía IVA, renta de las PYMES y nuevas cotizaciones reduce el costo neto real a 1,1% del PIB, una cifra comparable a lo que ya invertimos en el pilar solidario de pensiones.
Y aquí está el argumento que más me interesa que la derecha escuche, porque suele hablar en su idioma, más del 70% de ese gasto se derrama directamente sobre las PYMES y microempresas, que son el 98% de las empresas del país y generan el 64% del empleo total. No es una transferencia que termine en un holding, es una transferencia que termina fortaleciendo la demanda local y con ello, al almacenero, a la feriante, al taller mecánico del barrio, exactamente en las comunas y regiones que el modelo exportador chileno ha dejado sistemáticamente atrás.
Hay todavía un efecto adicional que conviene explicitar, porque suele pasar inadvertido en este tipo de análisis y que a mí me parece de los más importantes. El ITDCNR no solo reconoce el trabajo doméstico que hoy se realiza gratis en el hogar propio, también establece un piso de referencia para el trabajo doméstico y de cuidado remunerado que hoy se realiza en casa ajena, uno de los sectores laborales más precarizados y peor pagados del país, ejercido mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas migrantes. Cuando el Estado le garantiza a una mujer 404.250 pesos líquidos por dedicarse al cuidado en su propio hogar, esa cifra se convierte automáticamente en el piso bajo el cual ninguna trabajadora racional aceptará emplearse cuidando la casa de otra familia. Quien hoy contrata trabajo doméstico remunerado por debajo de ese umbral tendrá que igualarlo o superarlo para conseguir y retener trabajadoras, lo que empuja al alza los salarios de todo un sector históricamente subvalorado y mejora directamente la distribución del ingreso entre las trabajadoras de casa particular, sin necesidad de una ley de salario mínimo sectorial que la derecha empresarial resistiría con uñas y dientes. Es una política que corrige dos precarizaciones con una sola herramienta, la del trabajo no remunerado y la del trabajo remunerado peor pagado del mercado laboral formal.
Hay un efecto más que no puedo dejar fuera, porque toca una de las heridas más silenciadas de nuestra sociedad. La evidencia sobre violencia intrafamiliar es consistente en un punto que quienes trabajamos con organizaciones de mujeres conocemos de memoria, la dependencia económica no es un factor secundario dentro de esa violencia, muchas veces es la cadena misma.
Mujeres que identifican con total claridad que están siendo maltratadas, que ya no aman a quien las maltrata, que quieren irse, se quedan igual, porque no tienen ningún ingreso propio, porque toda su vida productiva se volcó al cuidado de esa misma familia de la que ahora necesitan escapar, y porque irse sin recursos significa muchas veces elegir entre la violencia conocida y la pobreza total para ellas y para sus hijos.
El ITDCNR no resuelve la violencia machista, ninguna política de ingreso la resuelve sola, pero sí le quita a esa cadena uno de sus eslabones más determinantes. Una mujer con un ingreso propio, con cotizaciones a su nombre, con una cuenta bancaria que no depende de la voluntad de su pareja, tiene una base material desde la cual la decisión de salir deja de ser una elección entre dos formas de destrucción y empieza a ser, al menos, una elección real. La autonomía económica no sustituye a las casas de acogida, a la fiscalización de las medidas cautelares ni a la reforma urgente que seguimos necesitando en materia de violencia de género, pero es, sin exagerar, uno de sus cimientos más básicos, y este es exactamente el tipo de efecto que una política pensada solo en términos de PIB o de gasto fiscal jamás lograría capturar en una tabla de multiplicadores.
El ITDCNR fue diseñado pensando en la carga que se concentra durante la crianza y la vida laboral activa, con un límite de edad hasta los 65 años. El informe del Observatorio nos obliga a mirar más allá de ese límite. Si una mujer de 66 años sigue dedicando más de tres horas diarias al cuidado de un nieto o de su pareja, y si el propio Estado reconoce, a través de la Pensión Garantizada Universal, que su pensión ya es insuficiente precisamente por los años que pasó cuidando sin cotizar, no tiene ningún sentido que el reconocimiento de ese trabajo se corte justo quince meses antes de la edad de jubilación de la mujer. Extender la lógica del ITDCNR hacia un complemento específico para personas mayores que continúan ejerciendo trabajo de cuidado intensivo, coordinado con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que el propio informe recomienda fortalecer, es el paso que falta para que esta política cubra exactamente el ciclo de vida completo que la evidencia acaba de confirmar, uno donde el trabajo no remunerado no termina nunca, y donde el reconocimiento del Estado tampoco debería terminar nunca.
Ahora bien, quiero ser honesto sobre los límites de esta propuesta, porque una política de izquierda coherente no puede conformarse con pagar mejor una trampa, tiene que construir la salida de esa trampa. El ITDCNR reconoce y remunera el trabajo doméstico y de cuidado, y eso es un avance histórico frente a la nada absoluta que existe hoy. Pero remunerar ese trabajo no puede convertirse en el techo de nuestra ambición, porque seguiría dejando a millones de mujeres atadas al hogar, aunque ahora con un sueldo, en lugar de abrirles caminos reales hacia el desarrollo pleno de sus propios proyectos de vida, sea seguir estudiando, trabajar en lo que eligieron, participar políticamente o simplemente descansar. El horizonte de largo plazo tiene que ser la socialización progresiva del trabajo doméstico y de cuidado, es decir, construir la infraestructura pública que permita que ese trabajo deje de recaer, por defecto y por falta de alternativas, sobre una sola persona en cada familia.
Por eso, sin abandonar nada del ITDCNR, proponemos cuatro líneas de políticas públicas, ahora entendidas explícitamente como el complemento de mediano y largo plazo que hace posible esa liberación futura. Un sistema de compensación previsional directa por años ya dedicados al cuidado, que repare retroactivamente a quienes cuidaron antes de que existiera este reconocimiento. Una red de Centros Comunitarios de Cuidado en cada comuna, gestionados municipalmente, que ofrezcan respiro real y progresivamente absorban parte de las horas de cuidado que hoy recaen en una sola persona, para que el ITDCNR dependa cada vez menos de que alguien renuncie a su propio desarrollo. El reconocimiento del trabajo comunitario y de voluntariado, que el propio informe muestra que crece justamente entre los 60 y 69 años, dentro de los programas de empleo protegido, con seguro y capacitación asociados. Y una reforma tributaria que grave a quienes se benefician gratis de esta economía invisible, el retail farmacéutico, las isapres, la industria del cuidado privado, para financiar precisamente esa infraestructura pública que multiplica las alternativas reales disponibles.
Pero quiero decir con nombre y apellido qué entiendo por esas alternativas reales, porque la socialización del cuidado deja de ser una consigna solo cuando se convierte en ladrillos, turnos y presupuesto. Hablo de un Sistema Nacional de Cuidados con financiamiento permanente y no sujeto a la voluntad política de cada gobierno de turno, que articule y no solo coordine en el papel las siguientes piezas. Comedores populares en cada barrio, gestionados con participación comunitaria, que le quiten a las familias, y sobre todo a las mujeres, la carga diaria de cocinar tres veces al día para cada integrante del hogar. Casas de cuidado de adultos mayores de administración pública, distribuidas territorialmente, donde quien hoy cuida en soledad a un padre o una madre dependiente pueda dejarlo en manos capacitadas durante el día sin tener que renunciar a su propio trabajo o a su propio descanso. Salas cuna y jardines infantiles universales, gratuitos y de calidad homogénea en todo el territorio, no solo en las comunas que pueden financiarlos con sus propios recursos municipales, porque hoy el acceso a la primera infancia sigue reproduciendo exactamente la misma desigualdad territorial que denunciamos en todo lo demás. Salud universal garantizada a todo evento, sin las categorías de FONASA que hoy determinan la calidad de atención según cuánto se puede pagar, porque gran parte de la carga de cuidado que hoy recae en las familias existe precisamente porque el sistema de salud público no da abasto ni en oportunidad ni en calidad. Y casas de reposo estatales de buena calidad, una alternativa real y digna a la actual industria privada de residencias para adultos mayores, que en Chile combina precios altísimos con estándares de cuidado que en demasiados casos rozan el maltrato, dejando a las familias con menos recursos sin ninguna opción salvo asumir esa carga ellas mismas, casi siempre sobre los hombros de una mujer.
Ese es el horizonte hacia el cual el ITDCNR es el primer paso y no el punto de llegada, un país donde cuidar a los que amamos no sea sinónimo de sacrificar el propio proyecto de vida, porque existan alternativas públicas de calidad para todos los tramos de esa responsabilidad, desde la primera infancia hasta la vejez.
La secuencia importa. Primero se reconoce y se paga, porque la necesidad es hoy y no puede esperar a que construyamos toda la infraestructura pública de cuidados que el país necesita. Pero al mismo tiempo se construye la infraestructura que, con el tiempo, permita que nadie tenga que elegir entre cuidar a su familia y desarrollar su propio proyecto de vida, porque existan salas cuna, centros de día, cuidadores comunitarios capacitados y remunerados, y una corresponsabilidad social del cuidado que hoy simplemente no existe en Chile.
El informe cierra con una frase que suscribo enteramente, el desafío es superar una mirada centrada exclusivamente en las necesidades de las personas mayores e incorporar también su papel como proveedoras de bienestar social. Yo agregaría lo que las mujeres que sostienen este país llevan generaciones diciendo sin que nadie legisle en consecuencia, que sostener a Chile merece que Chile las sostenga a ellas, hoy con un ingreso digno, mañana con la posibilidad real de elegir si quieren seguir sosteniéndolo de la misma manera, y siempre con la certeza de que ningún proyecto de vida debería quedar atrapado por la falta de una salida económica. El ITDCNR es el cómo inmediato. La socialización del cuidado es el hacia dónde.