Lejos de ser un mero «ajuste técnico», el tijeretazo en la partida presupuestaria del Ministerio de las Culturas castiga el acceso popular a las artes y la participación cultural del pueblo, profundiza la precarización de los trabajadores creativos y debilita la memoria histórica.
Por Equipo El Despertar
La presentación del proyecto de Ley de Presupuestos para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio reveló un drástico recorte del 10,1% en los recursos asignados para la cartera, lo que supone una tijera superior a los $49.000 millones respecto de la base previa. La narrativa hegemónica —promovida desde la tecnocracia fiscal y los grandes medios de comunicación corporativos— se apresura a calificar este repliegue como un «ejercicio de responsabilidad macroeconómica» o una reasignación eficiente frente al estrechamiento de los ingresos del Estado. Sin embargo, desde una perspectiva de clase, la reducción del presupuesto público en cultura no es una medida neutra ni imprevista, sino el síntoma de una racionalidad económica que subordina la dimensión simbólica y la memoria colectiva a los imperativos de acumulación y austeridad del capital financiero.
El impacto de este recorte golpea con especial dureza los programas destinados a democratizar el acceso y a salvaguardar la memoria crítica. El Fondo del Patrimonio sufre un desplome del 45,3%, mientras que iniciativas de infraestructura comunitaria como el Fondo de Mejoramiento Integral de Bibliotecas registran caídas de hasta un 57,9%. A esto se suma el tijeretazo de un 25,3% sobre el Programa Sitios de Memoria, una señal política clara en favor del negacionismo y el borrado institucional de la violencia estatal. Al privar de financiamiento a los espacios comunitarios, a las bibliotecas populares y a los sitios de memoria, el Estado burgués atenta contra la capacidad de los sectores trabajadores para autoeducarse, articular expresiones comunitarias e interpelar críticamente las injusticias del pasado y del presente.
La mercantilización de la creación se profundiza en la medida en que el Estado abandona su rol de sostén, obligando a los creadores a someterse a la lógica destructiva de los fondos concursables o a la caridad corporativa del mecenazgo privado. Los recortes no solo destruyen fuentes laborales en el sector cultural mediante la contracción del gasto operativamente asignado al personal, sino que convierten el arte en un privilegio consumible por las élites. “El ajuste destruye el tejido cultural de base y empuja a los trabajadores de las artes hacia la informalidad y la precarización laboral absoluta”, han advertido organizaciones sindicales del sector, evidenciando que la cultura es tratada por el aparato estatal como un gasto prescindible y no como un derecho social inalienable.
En definitiva, la tijera sobre el presupuesto de cultura expone la verdadera jerarquía de prioridades del modelo económico: mientras se garantizan los subsidios y privilegios tributarios para los grandes grupos económicos, se asfixia el desarrollo espiritual y crítico de las mayorías sociales. La defensa de la cultura popular no vendrá de las concesiones de la tecnocracia austericida, sino de la organización de los trabajadores culturales y la clase trabajadora en su conjunto para arrebatar la producción artística y la memoria comunitaria de las garras del mercado y del rigorista ajuste fiscal.