Nuevos antecedentes revelan que el Ministerio de Justicia otorgó rebajas de pena a más de un centenar de condenados por tráfico transnacional de drogas y crimen organizado, desnudando la complicidad del aparato estatal con el gran capital ilícito y la falsedad de la “mano dura” gubernamental.
Por Equipo El Despertar
La crisis política que acorrala al Ministerio de Justicia y al Gobierno de José Antonio Kast ha alcanzado un nuevo umbral de descomposición tras la revelación de que la red de beneficios penitenciarios y reducción de condenas no se limitó a agresores sexuales e imputados por crímenes de lesa humanidad. Recientes investigaciones periodísticas desclasificaron más de 115 decretos firmados por el ministro Fernando Rabat y su exsubsecretario Luis Silva que otorgaron rebajas de pena a miembros de redes de narcotráfico internacional, incluyendo a sujetos sorprendidos en la frontera norte con cargamentos de hasta una tonelada de droga, integrantes de la mafia italiana y células vinculadas a la extorsión. Descartando los intentos del bloque dominante por amortiguar el impacto presentando esto como una “mera aplicación técnica de criterios jurisprudenciales”, el materialismo histórico exige desenmascarar la sustancia de clase del fenómeno: la administración patronal opera como un facilitador de la impunidad tanto para los criminales de uniforme como para los agentes de la circulación del capital ilícito.
El argumento esgrimido por La Moneda para defender la llamada “doctrina Rabat” —la cual sostiene que la gravedad de las imputaciones no debe obstaculizar administrativamente el recálculo de condenas— muestra la profunda hipocresía del discurso punitivo de la extrema derecha. Mientras para la clase trabajadora, la juventud popular y el campesinado migrante el Estado despliega persecución policial, prisión preventiva masiva y amedrentamiento militar en las calles, los despachos ministeriales visaron en silencio la libertad anticipada de operadores del gran crimen organizado transnacional. Lejos de ser una falla procesal, este doble rasero expone cómo el aparato punitivo burgués no busca erradicar el crimen, sino gestionarlo social y económicamente: mientras se utiliza la histeria por la delincuencia para encarcelar la pobreza y justificar el estado de excepción permanente, las estructuras del narcocapitalismo encuentran canales de flexibilidad en la alta burocracia estatal.
Frente al veloz intento de las vocerías oficiales y los analistas de la prensa hegemónica por concentrar la responsabilidad en la figura individual de los firmantes o por desviar el debate hacia eventuales acusaciones constitucionales en el Congreso, la vanguardia sindical y los movimientos sociales de base han salido a denunciar el trasfondo estructural del escándalo: “El gobierno que llenó las pantallas de televisión prometiendo mano dura contra el narco y control de fronteras es el mismo que, entre cuatro paredes, le firmó la libertad a los grandes traficantes y mafiosos internacionales. No se trata de un error administrativo; es la prueba de que el Estado burgués sirve a los grandes intereses del dinero, sea este legal o ilegal, mientras reserva la cárcel y la violencia para el pueblo empobrecido. Exigimos la renuncia inmediata del ministro Rabat y el desmantelamiento de este régimen de impunidad patronal”.
Desde la perspectiva del materialismo histórico, la expansión del escándalo hacia el terreno del narcotráfico internacional corroe el último bastión de legitimidad ideológica de la extrema derecha en el poder. La retórica de la “seguridad nacional” se desploma al constatarse que el propio Fisco facilitó la salida de presidio de elementos vinculados a las redes de acumulación criminal. La parálisis del Ejecutivo frente a este desenmascaramiento público evidencia que las contradicciones del régimen no pueden disimularse con cosmética parlamentaria ni recambios de gabinete. La tarea impostergable para el movimiento obrero y popular radica en articular la indignación ética y la rabia acumulada, transformando el repudio a la “doctrina Rabat” en un Plan de Luchas de masas que enfrente de raíz al aparato estatal, combata al narcocapitalismo y dispute la hegemonía a la clase dominante.