La comunidad Lickanantay de Toconao ha interpuesto una demanda ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para frenar el proyecto minero “Exploraciones Aida” de la transnacional canadiense Endeavour Silver, que busca perforar con ocho sondajes el cerro sagrado Tata Poquis, a más de 4.500 metros de altitud, en las inmediaciones del Salar de Tara. El proyecto, aprobado por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en marzo de 2026, pese a que la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta lo había rechazado en enero de 2025, amenaza con destruir las napas subterráneas que alimentan el río Jere y sostienen el oasis agrícola de Toconao, además de impactar un ecosistema de alta sensibilidad reconocido como Sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Mientras la empresa invierte apenas 1,1 millones de dólares en prospecciones, el Estado chileno, a través del SEA, ha actuado como un mero facilitador de los intereses del capital extranjero, desoyendo las observaciones ciudadanas y las deficiencias técnicas en la caracterización hidrogeológica. La clase trabajadora y los pueblos originarios asisten, una vez más, al saqueo de sus territorios bajo la máscara del “desarrollo”, mientras el agua, el bien más preciado del desierto, es entregada como botín a las grandes corporaciones.
Por Equipo El despertar
El grito del desierto: el cerro sagrado bajo la amenaza de la perforadora
A 4.500 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del altiplano atacameño, se alza el cerro Tata Poquis. Para el pueblo Lickanantay de Toconao, no es una simple elevación geológica; es un cerro tutelar, un “Tata” (padre) que guarda las nacientes de agua que alimentan el río Jere y sostienen el oasis agrícola donde han vivido por generaciones. Ahí, precisamente ahí, es donde el capital transnacional ha puesto sus ojos.
El proyecto “Exploraciones Aida”, presentado por Minera Plata Carina SpA —filial de la corporación canadiense Endeavour Silver Corp—, contempla la realización de ocho sondajes de perforación diamantina en las cercanías del Salar de Tara. El objetivo: probar la existencia de vetas minerales. El costo de la operación: apenas 1,1 millones de dólares. Lo que está en juego, sin embargo, es un ecosistema único en el mundo y la supervivencia de una comunidad que ha habitado el territorio durante siglos.
La farsa de la evaluación ambiental: el SEA como escribano del capital
El proyecto fue rechazado en enero de 2025 por la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta. Sin embargo, apenas dos meses después, el 20 de marzo de 2026, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) revirtió esa decisión y aprobó la iniciativa. La comunidad Lickanantay, que había presentado múltiples observaciones, fue ignorada. Las deficiencias en la caracterización hidrogeológica del proyecto, denunciadas por los comuneros, fueron descartadas sin mayor análisis.
Desde una perspectiva marxista, esta maniobra revela la función de clase del Estado chileno. La institucionalidad ambiental no es un ente técnico neutral, sino un instrumento al servicio de los intereses del capital. El SEA, en lugar de proteger un ecosistema de alta sensibilidad reconocido como Sitio Ramsar, actúa como un escribano que legitima la extracción de riquezas en territorios ancestrales, desoyendo las voces de quienes los habitan. La aprobación de un proyecto que había sido rechazado previamente no es un error técnico; es la confirmación de que, para el Estado, los intereses de las transnacionales pesan más que la vida de las comunidades y la conservación de los ecosistemas.
La sangre de Tara: agua, biodiversidad y memoria ancestral en peligro
El Salar de Tara es mucho más que un paisaje. Es un humedal de importancia internacional, parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, que alberga la mayor concentración de especies de toda el área protegida. Es hábitat de flora y fauna endémica, zona de descanso y nidificación de aves migratorias, y el lugar donde recientemente se han registrado especies emblemáticas como el puma, el gato del desierto y la chinchilla andina, que habían desaparecido de la zona. Es, además, un sitio RAMSAR, reconocido internacionalmente por su relevancia ecológica e hídrica.
Pero para el capital, el Salar de Tara no es un ecosistema que proteger; es un obstáculo que sortear. Los riesgos del proyecto son tangibles: afectación de recursos hídricos esenciales, impacto a la biodiversidad única y alteración de prácticas culturales ancestrales. Las perforaciones en el cerro sagrado Tata Poquis amenazan las napas subterráneas que alimentan el río Jere y sostienen el oasis de Toconao. La comunidad Lickanantay ha sido clara: “Nosotros no frenamos el desarrollo, de hecho, hemos llegado a complejos acuerdos con entidades del Estado de Chile por la explotación del litio en el Salar de Atacama, pero nuestra línea roja de resistencia era que no nos tocaran las cabeceras de cuenca que utilizamos para vivir”.
La justicia de clase y la resistencia de los pueblos
La comunidad Lickanantay no se ha quedado de brazos cruzados. Han presentado dos reclamaciones ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, exigiendo la suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y la paralización de las obras. El tribunal paralizó las faenas el 13 de mayo, pero 13 días después levantó la medida cautelar tras la solicitud del SEA y la empresa. “Nos tomó por sorpresa el levantamiento de la medida cautelar, la cual consideramos que fue resuelta entre cuatro paredes”, denunció César Bravo, abogado de la comunidad. La comunidad ha interpuesto un recurso de reposición, pero la lucha continúa.
La resistencia de la comunidad Lickanantay no es un hecho aislado. Es parte de la lucha de los pueblos originarios y la clase trabajadora contra el extractivismo neoliberal que ha devastado el norte de Chile durante décadas. Desde la explotación del salitre hasta el litio, el capital ha tratado los territorios como meros depósitos de recursos, despojando a las comunidades de sus tierras, su agua y su memoria.
El salar de la discordia: lo que está en juego
El proyecto “Exploraciones Aida” no es una operación de gran envergadura. Son apenas ocho sondajes, una inversión de 1,1 millones de dólares. Pero lo que está en juego es mucho mayor. Es el principio de que el capital puede perforar el corazón sagrado del desierto sin rendir cuentas. Es la señal de que el agua, el bien más preciado del altiplano, está a la venta. Es la confirmación de que el Estado chileno, bajo el gobierno de José Antonio Kast, sigue siendo el guardián de los intereses de las transnacionales, no de los pueblos que habitan el territorio.
La clase trabajadora chilena debe solidarizarse con la comunidad Lickanantay de Toconao. La lucha por el Salar de Tara es la lucha por el derecho a vivir en un territorio con agua, con biodiversidad y con memoria. Es la lucha contra un modelo de desarrollo que extrae riquezas para unos pocos y deja desiertos para los muchos. Mientras el Tribunal Ambiental define el futuro del proyecto, el grito de la comunidad Lickanantay resuena en el desierto: el Salar de Tara no se toca.