El exministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, se convirtió este miércoles en el principal defensor de la industria salmonera ante el Tribunal Constitucional, representando los intereses de SalmonChile en la defensa de los artículos 5 y 6 de la megareforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. Mientras la oposición progresista intenta frenar las normas que flexibilizan la evaluación ambiental de la acuicultura, el otrora secretario de Estado del Frente Amplio argumentó que las microrrelocalizaciones de jaulas de cultivo sin nueva evaluación de impacto ambiental no son un asunto constitucional, sino una “discrepancia de mérito, de esas que se resuelven democráticamente” en el Congreso. La clase trabajadora del sur de Chile asiste a un nuevo capítulo del saqueo neoliberal, pero esta vez con su mano izquierda: los mismos que se llenan la boca con discursos de “transición energética” y “protección ambiental” son los que, cuando los intereses del capital están en juego, no dudan en defender la desregulación del territorio en nombre de la “competitividad” y el “empleo”.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. Lo que debía ser una audiencia pública sobre la constitucionalidad de la megareforma se convirtió en una defensa cerrada de los intereses de la industria salmonera. Frente a los requerimientos presentados por parlamentarios del PS, PC, Frente Amplio, DC, Partido Liberal y PPD contra disposiciones tributarias y medioambientales del proyecto, SalmonChile fichó a dos figuras emblemáticas de la centroizquierda: el exministro Luis Cordero y el abogado constitucionalista Patricio Zapata.
El gremio salmonero, que agrupa a las principales empresas productoras de salmón del país, puso en manos de quienes fueron parte del gobierno de Gabriel Boric la defensa de dos artículos clave: el N°5, que permite las microrrelocalizaciones de centros de cultivo sin necesidad de una nueva evaluación de impacto ambiental, y el N°6, que faculta a privados para financiar las inspecciones de bancos naturales. “Las microrrelocalizaciones son una solución muy positiva a un problema histórico de nuestro sector”, declaró Patricio Melero, presidente de SalmonChile, defendiendo una herramienta que permitiría “movimientos menores de los centros de cultivo hacia zonas con mejores condiciones ambientales y sanitarias, manteniendo los niveles de producción autorizados”.
La incongruencia de la “coherencia” constitucional
Cordero, quien fue ministro de Justicia y luego el primer titular del Ministerio de Seguridad Pública en el gobierno de Boric, argumentó ante los jueces que el cuestionamiento a la norma sobre microrrelocalizaciones no responde a un vicio de constitucionalidad, sino a “una discrepancia de mérito, de esas que se resuelven democráticamente” en el Congreso. La postura fue refutada en la misma instancia por la Fundación para el Desarrollo Social, pero el daño político ya estaba hecho.
La contradicción no podría ser más brutal. El mismo Cordero que durante su paso por el gobierno de Boric defendió la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental y la protección de los ecosistemas, ahora defiende una norma que permite a la industria salmonera desplazar sus jaulas sin pasar por el filtro de la evaluación ambiental. La misma administración que prometió “poner la vida en el centro” es la que, a través de uno de sus exministros más visibles, defiende la desregulación del territorio en nombre de la “competitividad” y el “empleo”.
El discurso de Cordero, presentado como una defensa de la “coherencia constitucional”, no es más que la coartada de una clase política que, cuando los intereses del capital están en juego, no duda en saltar la trinchera ideológica. Como señaló el propio Cordero en una intervención previa, “la congruencia en la discusión constitucional no es una simple formalidad”. Pero la congruencia de un exministro de izquierda defendiendo los intereses de una industria cuestionada por su impacto ambiental y social es, cuando menos, una incongruencia de clase.
La farsa del “empleo” y la “sostenibilidad”
El argumento central de SalmonChile para defender las microrrelocalizaciones es la necesidad de “destrabar” un sistema que, según sus antecedentes, lleva más de 15 años entrampado, con solo una de las más de mil solicitudes presentadas aprobadas. El gremio sostiene que la medida permitiría “compatibilizar la protección del medioambiente con el bienestar de los salmones en cultivo y, al mismo tiempo, contribuir a la continuidad del empleo y de la actividad productiva”.
Pero, ¿qué empleo están defendiendo realmente? La industria salmonera, que genera más de 86 mil empleos y reúne a más de 4 mil pequeñas y medianas empresas en las regiones del sur, es también una de las actividades económicas más cuestionadas por su impacto ambiental: la contaminación de los fondos marinos, el uso de antibióticos, la propagación de enfermedades y la destrucción de los ecosistemas costeros son el precio que pagan las comunidades del sur por un modelo de desarrollo que privilegia la exportación de salmón a los mercados del Norte Global por sobre la vida de los ecosistemas y las personas.
La defensa de Cordero no es una defensa del empleo, sino de la acumulación de capital. Las microrrelocalizaciones no son una herramienta para proteger el medioambiente, sino un mecanismo para que la industria pueda seguir operando sin los costos que implica una evaluación ambiental rigurosa. La misma lógica que permite a la salmonera contaminar un fondo marino y luego trasladarse a otro sin asumir las consecuencias es la que permite a los grandes grupos económicos saquear el territorio y dejar a las comunidades con el agua envenenada y el futuro hipotecado.
La hipocresía de la “centroizquierda”
El fichaje de Cordero y Zapata por SalmonChile no es un hecho aislado. Es la confirmación de que la centroizquierda chilena, cuando los intereses del capital están en juego, no duda en alinearse con la derecha para defender el modelo de acumulación. Los mismos que durante el gobierno de Boric prometieron una “nueva Constitución” y una “transición energética justa” son los que hoy, desde el Tribunal Constitucional, defienden la desregulación ambiental en nombre de la “competitividad” de una industria que ha sido señalada como una de las principales responsables de la degradación de los ecosistemas marinos del sur de Chile.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “defensa del empleo”. El empleo que defiende SalmonChile es un empleo precario, estacional y mal remunerado, que no garantiza la dignidad de los trabajadores ni la sostenibilidad de las comunidades. La defensa de Cordero no es una defensa de los trabajadores del sur, sino de los dueños del capital que se benefician de la explotación del territorio y de la mano de obra.
Epílogo: el territorio como botín
La defensa de Cordero a la industria salmonera en el Tribunal Constitucional no es un acto aislado. Es la continuación de la lógica de clase que ha guiado a la política chilena desde el retorno a la democracia: el territorio como botín de los grupos económicos, la naturaleza como recurso a explotar, y los trabajadores como meros espectadores del saqueo. La misma administración que prometió “poner la vida en el centro” es la que, a través de uno de sus exministros, defiende la desregulación del territorio en nombre de la “competitividad” y el “empleo”.
Mientras Cordero argumenta ante los jueces del Tribunal Constitucional, las comunidades del sur de Chile siguen esperando que el agua esté limpia, que los fondos marinos no estén contaminados y que el salmón que llega a sus mesas no sea el producto de una industria que envenena sus territorios. La defensa de la industria salmonera no es una defensa del empleo, sino de la acumulación de capital. Y esa acumulación, como siempre, se paga con el sudor y la sangre de los de abajo.