Un nuevo estudio de la Fundación SOL, titulado Pensiones sin seguridad social 2026, acaba de confirmar lo que la clase trabajadora chilena ya sabía: el sistema de capitalización individual es un mecanismo de extracción de riqueza que condena a la mayoría de los trabajadores a una vejez de miseria. Quienes cotizaron durante 35 a 40 años, una vida laboral completa, apenas logran una pensión autofinanciada de $290 mil, equivalente al 55% del salario mínimo. Incluso un ahorro de $100 millones en la AFP no alcanza para obtener una pensión equivalente al sueldo mínimo. Mientras tanto, un general del Ejército recibe una pensión promedio de $5,2 millones, más de diez veces lo que obtiene un trabajador civil. La misma derecha que hoy celebra su megareforma tributaria es la que, en 1981, impuso este sistema de saqueo previsional, y la que, 45 años después, sigue defendiendo un modelo que transfiere la riqueza de los trabajadores hacia el capital financiero.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noche del 10 de agosto, el sitio CIPER publicó una entrevista con el economista Marco Kremerman, investigador de la Fundación SOL, que debería haber encendido todas las alarmas en el país. El estudio Pensiones sin Seguridad Social: ¿Cómo se calcula el monto de las pensiones en Chile?, elaborado junto a Francisca Barriga, revela con crudeza la verdadera naturaleza del sistema previsional chileno: un mecanismo diseñado para generar ganancias a las administradoras de fondos de pensiones y a las compañías de seguros, no para garantizar una vejez digna a los trabajadores.
Los números son lapidarios. De las 150 mil personas que se jubilaron en 2025, la mitad obtuvo una pensión autofinanciada —sin contar los subsidios del Estado— por debajo de los $86 mil mensuales. Una persona que haya cotizado durante 35 a 40 años, es decir, una vida laboral completa, apenas logra una pensión mediana de $290 mil, monto que representa solo el 55% del sueldo mínimo vigente en diciembre de 2025. Incluso quienes logran acumular $100 millones en su cuenta de AFP, una cifra que la mayoría de los trabajadores jamás alcanzará, no obtienen una pensión autofinanciada equivalente al sueldo mínimo. Un hombre con ese ahorro obtiene una pensión de $465.851 en retiro programado, mientras que una mujer con el mismo monto apenas alcanza los $412.387.
La arquitectura de la desigualdad: la brecha de género como política de clase
El estudio de la Fundación SOL expone con particular crudeza la dimensión de género de esta estafa previsional. El 73,1% de los hombres entre 60 y 64 años posee menos de $50 millones en su AFP; en el caso de las mujeres de 55 a 59 años, esa cifra escala al 85,5%. El 48,3% de las mujeres tiene menos de $10 millones ahorrados, y 85 de cada 100 mujeres acumula menos de $50 millones. La pensión autofinanciada mediana para las mujeres es de apenas $119 mil, mientras que para los hombres es de $170 mil.
La brecha no es un accidente ni una cuestión de “elección individual”. Es el resultado de un sistema que no reconoce el trabajo reproductivo, que penaliza las interrupciones laborales por maternidad y cuidados, y que aplica tablas de mortalidad diferenciadas que castigan a las mujeres con pensiones más bajas a pesar de haber cotizado lo mismo. Como señala la investigadora Venus Reyes, coautora del estudio, “esta grave crisis previsional se acentúa en el caso de las mujeres”.
La seguridad social para los de arriba: las pensiones militares como símbolo de la doble moral del Estado
Mientras los trabajadores civiles sobreviven con pensiones de miseria, el Estado chileno mantiene un sistema de seguridad social privilegiado para las Fuerzas Armadas y de Orden. El estudio Pensiones por la fuerza, también de la Fundación SOL, revela que en 2025, CAPREDENA pagó pensiones de retiro promedio de $1.511.727, mientras que DIPRECA alcanzó los $1.679.020. Un general del Ejército recibe una pensión promedio de $5.283.847 mensuales, y un general de la Fuerza Aérea, $5.386.003. En contraste, un trabajador civil que cotizó entre 25 y 30 años obtiene, en promedio, $500.970. Es decir, un general obtiene más de diez veces la pensión de un trabajador civil.
El origen de esta desigualdad se remonta a la dictadura cívico-militar. En 1981, el régimen de Pinochet impuso el sistema de capitalización individual para los trabajadores civiles, pero mantuvo los sistemas de reparto y beneficio definido para las Fuerzas Armadas. La frase que resume esta arquitectura de clase es lapidaria: “Cuentas individuales para los trabajadores y un sistema de seguridad social para ellos”. El Estado destinó más de $3.093 mil millones en 2025 a financiar las pensiones de CAPREDENA y DIPRECA, que benefician a 174.546 personas. En comparación, el gasto en la PGU y el Pilar Solidario alcanzó los $8.119 mil millones para cubrir a 2,7 millones de beneficiarios. El gasto en los militares es solo 2,6 veces menor, a pesar de que cubre una población 15,5 veces más pequeña.
El negocio de las AFP: la explotación como modelo de negocio
El estudio de la Fundación SOL también revela la profunda crisis de rentabilidad del sistema. Para la mitad de las personas que se jubilaron entre 2015 y 2022, la tasa de retorno sobre sus ingresos no superó el 17%. Es decir, después de décadas de cotizaciones, los trabajadores apenas recuperan una fracción de lo que aportaron. Mientras tanto, las AFP han obtenido ganancias millonarias, las compañías de seguros han facturado con las rentas vitalicias, y el Estado ha seguido subsidiando un sistema que no cumple su función básica: garantizar una pensión digna.
Los defensores del modelo, representados por la Asociación de AFP y los centros de estudios liberales, argumentan que las deficiencias se deben a “factores externos” del mercado laboral, como la informalidad y los bajos salarios. Pero como señala Kremerman, estos argumentos eluden el problema de fondo: el diseño mismo del sistema, que traslada todos los riesgos a los trabajadores y garantiza las ganancias de las administradoras.
La función de clase del sistema previsional
Desde una perspectiva marxista, el sistema de pensiones chileno no es un fallo técnico ni un problema de diseño malogrado. Es la expresión de la lógica de clase que ha gobernado el país desde la dictadura. El capital necesita un ejército de reserva de trabajadores envejecidos que, al no poder jubilarse dignamente, se vean obligados a seguir trabajando en condiciones precarias. La tasa de reemplazo del 29% sobre el sueldo promedio no es un accidente; es el resultado de un sistema diseñado para extraer la mayor cantidad de plusvalía posible de la fuerza de trabajo, incluso después de que los trabajadores han dejado de producir.
La doble moral del Estado es evidente: mientras los trabajadores civiles son sometidos a un sistema de capitalización individual que los condena a la pobreza, los militares y policías mantienen un sistema de reparto con beneficios definidos que les garantiza una vejez de privilegios. No es casualidad que la dictadura haya impuesto este modelo precisamente para beneficiar a sus propias filas y disciplinar a la clase trabajadora.
Epílogo: la deuda del sistema con los trabajadores
El estudio de la Fundación SOL no es un llamado a la resignación, sino a la acción. La mitad de las personas que se jubilaron en 2025 obtuvieron una pensión autofinanciada inferior a los $86 mil. Tres de cada cuatro hombres próximos a jubilarse tienen menos de $50 millones ahorrados. Ocho de cada diez mujeres próximas a jubilarse están en la misma situación. Estas cifras no son números fríos; son la vida de millones de trabajadores que han entregado décadas de su fuerza de trabajo al capital y que ahora son arrojados a la miseria.
La clase trabajadora no debe esperar que la derecha resuelva el problema que ella misma creó. La reforma de pensiones que el gobierno de Kast ha impulsado no es una solución, sino una profundización del modelo de explotación. La única salida es la organización popular, la movilización y la construcción de un sistema de seguridad social que, como el que hoy disfrutan los militares, garantice una vejez digna para todos los trabajadores, no solo para los de arriba. La deuda del sistema con los trabajadores es inmensa. Y la historia, como siempre, la cobrarán los de abajo.