Bajo la fachada de la “lucha contra la corrupción”, el régimen oligárquico ecuatoriano instrumenta el aparato judicial y policial para encarcelar a la excandidata presidencial, buscando proscribir las alternativas populares y blindar el programa de ajuste del capital transnacional.
Por Equipo El Despertar
El reciente encarcelamiento de la excandidata presidencial y referente política Luisa González en Ecuador no representa un acto aislado de “administración de justicia”, ni el triunfo del “Estado de derecho”, como insisten en adoctrinar las cadenas de la prensa hegemónica internacional. La detención de una de las principales figuras de la oposición a las políticas de austeridad constituye un episodio más de la estrategia de lawfare o guerra jurídica: la utilización deliberada de la institucionalidad fiscal y judicial del Estado burgués para encarcelar, proscribir y neutralizar a los liderazgos que amenazan la hegemonía de las élites financieras y empresariales en la región.
Desde la óptica del materialismo histórico, la intensificación de la persecución política en Ecuador responde a las contradicciones de un modelo económico agotado que requiere apagar cualquier atisbo de oposición organizada para imponer los paquetazos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la entrega de los bienes comunes al capital transnacional. Tras años de precarización del trabajo, destrucción de los servicios públicos y entrega de la soberanía nacional a los dictámenes de Washington, las clases dominantes ecuatorianas han descartado los modales de la democracia liberal, recurriendo a la criminalización directa para disciplinar al movimiento popular e infundir temor en la masa trabajadora.
Las narrativas del poder judicial y del Ejecutivo han intentado reducir el caso a un expediente puramente “técnico-penal”, una artimaña ideológica encaminada a despolitizar un acto de abierta represión de Estado. Como han denunciado diversas organizaciones sociales, sindicatos de base y referentes del campo popular ecuatoriano e internacional frente a esta avanzada autoritaria: “No estamos ante la investigación de un delito, sino ante un juicio político prefabricado desde los despachos del poder económico. La justicia ecuatoriana no persigue la corrupción de los bancarios y los grandes evasores, sino que se utiliza como policía política para proscribir a las fuerzas que desafían el modelo de miseria e hiperflexibilización laboral”.
Este nuevo golpe contra los derechos políticos y civiles en Ecuador ratifica que, en momentos de crisis orgánica del capital, la legalidad burguesa se moldea y vulnera en función de las necesidades de acumulación de las clases dominantes. La ilusión de una “justicia neutral” queda destruida cuando las mismas instituciones que garantizan la impunidad de los desfalcos bancarios y las masacres en las cárceles encarcelan sin vacilar a las dirigencias de oposición. La respuesta a esta escalada represiva no vendrá del recurso a los propios tribunales del régimen, sino de la articulación del movimiento campesino, indígena y obrero en las calles, reafirmando que la defensa de las libertades democráticas es una tarea inseparable de la lucha contra el imperialismo y el régimen capitalista.