Acorralado por la indignación de la clase trabajadora y la amenaza de una crisis política de proporciones, el Ejecutivo retira su cuestionada medida, demostrando que la institucionalidad del capital solo cede ante la movilización de masas.
Por Equipo El Despertar
La intempestiva marcha atrás del gobierno respecto a la política de rebajas de condenas y beneficios carcelarios para condenados por crímenes de lesa humanidad y delitos graves contra menores de edad no representa una “muestra de sensibilidad democrática” ni un “ejercicio de rectificación republicana”, como pretenden instalar los analistas de la prensa hegemónica. Una lectura materialista de este viraje político revela que la retirada del Ejecutivo constituye un repliegue táctico forzado: la clase dominante se vio obligada a recoger cañuelas ante el riesgo inminente de un desbordamiento social y la ruptura definitiva de los equilibrios parlamentarios con los sectores populares.
El intento inicial de consolidar un impune “perdonazo” ponía al descubierto la función orgánica de la justicia burguesa, orientada a blindar a los agentes del terrorismo de Estado y naturalizar la violencia patriarcal mientras encarcela masivamente a la juventud precarizada. Sin embargo, la virulencia de la respuesta social, la condena transversal de las agrupaciones de derechos humanos y la firme postura de las fuerzas políticas de izquierda —que llegaron a exigir la salida inmediata de la cúpula del Ministerio de Justicia— fracturaron el diseño del gobierno, demostrando que la legitimidad del régimen de acumulación actual pende de un hilo extremadamente delgado.
Para justificar la rectificación, los voceros oficiales han apelado al manido libreto del “escuchar a la ciudadanía” y la “búsqueda de consensos”, intentando despojar al conflicto de su contenido de clase. No obstante, las organizaciones comunitarias, feministas y de derechos humanos denunciaron el cinismo de la maniobra ministerial: “El gobierno no echó pie atrás por convicción ni por respeto a los derechos humanos, sino por el miedo a la calle y la incapacidad de sostener el costo político de proteger a violadores de derechos humanos y abusadores. La impunidad no se negocia en los pasillos del poder, se frena con la movilización”. Esta constatación deja en evidencia que los derechos de las víctimas y de la infancia no son salvaguardados por la benevolencia del Estado, sino por la resistencia activa de la población.
Este episodio deja una lección fundamental para las luchas venideras de la clase trabajadora. La marcha atrás del Ejecutivo ratifica que el Estado no es un ente neutral abierto a la persuasión moral, sino una estructura que solo cede cuando se ve amenazada por la fuerza organizada de las mayorías. La derrota de esta medida punitiva no debe traducirse en complacencia ni en ilusiones sobre la “buena voluntad” de la administración de turno; la guardia debe mantenerse en alto ante los inevitables intentos futuros del capital y sus administradores por reponer, por la vía administrativa o legislativa, la agenda de impunidad y represión.