La orden fue emitida por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso como medida de apremio por una solicitud de información en una causa entre privados. El gobernador regional afirmó que el Gobierno Regional no es parte del litigio, que no recibió notificación formal y que, tras enterarse “extraoficialmente”, remitió de inmediato lo requerido, por lo que el arresto “queda sin efecto”.
Por Equipo El Despertar
El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso ordenó tres días de arresto para el gobernador regional Rodrigo Mundaca, en el marco de una gestión judicial vinculada a una causa de cobranza laboral entre particulares. Según los antecedentes del caso, el tribunal solicitó oficiar al Gobierno Regional para que informara si mantiene contratos o convenciones patrimoniales con la empresa demandada, una inmobiliaria con operaciones en Concón.
En la resolución, la solicitud se dirige al Gobierno Regional “representado legalmente” por Mundaca, con el objetivo de aclarar eventuales vínculos contractuales con la ejecutada en el juicio (Inmobiliaria Consta de Montemar). La medida de arresto se dictó luego de que el tribunal estimara que no hubo respuesta dentro del plazo o forma requerida.
Tras difundirse la información, el gobernador salió a desdramatizar la situación y cuestionó el modo en que se conoció el documento. “Como verán, estoy en libertad”, dijo, señalando además que lo ocurrido se instaló públicamente a partir de “una filtración de información”.
Mundaca recalcó que el Gobierno Regional no es parte de la controversia de fondo. “Se trata de un litigio de cobranza laboral entre particulares, en el cual el Gobierno Regional… no es parte”, sostuvo, planteando que el rol de la institución se limitaba a responder un requerimiento informativo asociado a ese juicio.
El jefe regional también afirmó que, hasta ese momento, no había recibido notificación formal: “Al día de hoy no hemos sido notificados de requerimiento alguno por parte del señalado tribunal”. Sin embargo, añadió que, al enterarse por vías no oficiales, su equipo respondió igualmente: “Hemos informado hoy mismo al tribunal… por lo cual una eventual orden de arresto… queda inmediatamente sin efecto”.
Con esto, el episodio queda instalado como una disputa más bien procedimental: la emisión de un apremio judicial por incumplimiento de un requerimiento de información, y la defensa del Gobierno Regional apuntando a la ausencia de notificación y a la rápida subsanación del trámite una vez conocida la solicitud.