Con la aprobación del último artículo de la megareforma tributaria, el gobierno de José Antonio Kast ha consumado el despojo más brutal contra los municipios populares de las últimas décadas. Mientras comunas como Las Condes recibirán 13 mil millones de pesos de compensación por la exención de contribuciones, San Ramón, que depende en un 80% del Fondo Común Municipal (FCM), apenas percibirá 3 millones. El FCM —el principal mecanismo de redistribución solidaria entre comunas— dejará de recibir alrededor del 35% de sus ingresos, equivalentes a 70 millones de dólares, en un golpe directo a los servicios que sostienen la vida de los sectores populares. La clase trabajadora, que ya enfrenta un desempleo que supera el 9%, ve ahora cómo los empleos municipales —especialmente los de los trabajadores a honorarios— están en la cuerda floja, mientras el gobierno celebra un “éxito legislativo” que no es más que la consumación de la transferencia de recursos desde los de abajo hacia los de arriba.
Por Equipo El Despertar
La fiesta de los patrones: la exención de contribuciones como regalo a las grandes fortunas
El Senado aprobó el martes el último artículo pendiente del “Plan de Reconstrucción Nacional”, el megapaquete tributario que la derecha ha impulsado como su proyecto estrella. La votación, que se saldó con 27 votos a favor y 22 en contra, destrabó una fórmula para compensar a los municipios por la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores. Pero lo que el gobierno presenta como una “compensación” es, en los hechos, una transferencia de recursos de las comunas más pobres hacia las más ricas.
El corazón de la reforma es la exención del pago de contribuciones para todas las personas mayores de 65 años, sin distinción de ingresos. Como ha denunciado la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, “hoy ya existen mecanismos de exención para personas con menores ingresos o propiedades de menor avalúo. ¿Qué es lo que está planteando el Gobierno? Que todas las personas mayores de 65 años se eximan del pago de contribuciones. ¿Qué significa esto? Que las grandes fortunas dejarían de pagar contribuciones como, por ejemplo, Luksic, Angelini, o alguno de sus ministros”.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, fue lapidario: “No recuerdo una política pública más regresiva desde el retorno a la democracia. Beneficia a las personas que más tienen en nuestro país y perjudica directamente a las personas que menos tienen”. Vodanovic añadió que “el pago total de contribuciones de mayores de 65 años se concentra en el 5% con más recursos. El resto de la población ya cuenta con exenciones totales o parciales”.
La compensación que no compensa: el FCM se desangra y las comunas pobres se hunden
El impacto de la reforma en el Fondo Común Municipal es devastador. El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, explicó que el FCM dejará de recibir alrededor del 35% de sus ingresos, lo que equivale a unos 70 millones de dólares. “Significa que el Estado deja de percibir aproximadamente 70 millones de dólares, lo que va a impactar profundamente al FCM, porque, en definitiva, las comunas más pobres nos alimentamos de ese fondo”.
La compensación propuesta por el gobierno agrava aún más la desigualdad. Según el mecanismo aprobado, el 65% de los fondos se destinará al FCM y el 35% se repartirá de manera directa a cada comuna. Pero como ha denunciado Toro, “principalmente, se va a ir a las comunas más ricas. Por ejemplo, a la comuna de Las Condes se van a ir $13 mil millones”. En contraste, San Ramón, que depende en un 80% del FCM, apenas percibirá $3 millones por la exención de contribuciones. “Es injusto que con plata de todos los chilenos estemos subsidiando las contribuciones de las personas más ricas de este país”, sentenció Toro.
La inequidad es brutal. Mientras Las Condes cuenta con un presupuesto de $500 mil millones, San Ramón apenas tiene $20 mil millones. “Y nuestra gente depende mucho más del Estado, porque, en definitiva, nuestros vecinos no tienen la posibilidad de contratar seguridad, no tienen la posibilidad de atenderse en la salud privada, no tienen la oportunidad tampoco de mejorar sus espacios públicos”.
El empleo municipal en la cuerda floja: los trabajadores a honorarios, los primeros en caer
El golpe a los municipios no se limita a los recursos. Se extiende al empleo de miles de trabajadores que sostienen los servicios básicos en las comunas populares. Como ha advertido la Asociación de Municipalidades, el recorte presupuestario afectará directamente a la “gran masa de trabajadores contratados bajo la precaria modalidad de honorarios”. En Aysén, el alcalde Martínez ha denunciado que casi 200 empleos municipales están en riesgo.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, calificó la jornada de aprobación como “un día oscuro para el municipalismo”. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, advirtió que los municipios y gobiernos regionales enfrentarían un recorte estimado en 125.000 millones de dólares, lo que dejaría a las administraciones locales “casi sin ninguna facultad de inversión”. “Se está poniendo en riesgo la institucionalidad del país para el año 2027”, alertó.
La oposición ha anunciado que llevará el mecanismo de compensación al Tribunal Constitucional. El senador Diego Ibáñez (FA) fue categórico: “Hemos puesto una reserva de constitucionalidad por cuanto este proyecto vulnera la autonomía de los municipios y vulnera la equidad territorial. Hoy, cuando tenemos vecinos que no van a recibir ningún tipo de beneficio, en comunas muy pobres, con sus impuestos van a terminar financiando el forado que queda en Las Condes, en Vitacura, en Lo Barnechea”.
La función de clase del “éxito legislativo”
Desde una perspectiva marxista, la aprobación de la megarreforma no es un triunfo de la eficiencia, sino la consumación de la transferencia de recursos desde los sectores populares hacia las élites. La exención de contribuciones a los adultos mayores no es una medida de protección social; es un regalo a las grandes fortunas que ya concentran la riqueza del país. La compensación a los municipios no es un mecanismo de redistribución; es una fórmula para profundizar la desigualdad territorial, entregando recursos a las comunas más ricas mientras las más pobres se hunden.
El alcalde de San Ramón fue claro: “Hay una desigualdad enorme en el Gran Santiago, vemos que hay un problema estructural en el financiamiento, pero esta megarreforma viene a agudizarlo mucho más”. La clase trabajadora, que ya soporta el desempleo más alto en cinco años, ve ahora cómo los empleos municipales —especialmente los de los trabajadores a honorarios— están en la cuerda floja.
La batalla judicial apenas comienza. La oposición ha anunciado un nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Pero la lucha no se ganará solo en los tribunales. Se ganará en las calles, en los municipios y en la conciencia de quienes saben que esta “reconstrucción” no es para reparar las vidas de los de abajo, sino para reconstruir las ganancias de los de arriba. Como ha dicho el senador Pedro Araya (PPD), “el diseño del Fondo Común Municipal hoy día está más que superado y se requieren otros mecanismos de financiamiento de los municipios”. Pero la solución no vendrá de la mano de quienes han diseñado este saqueo. Vendrá de la organización popular que se niega a pagar la cuenta de los ricos.