En su última cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast anunció con bombo y platillo el envío de una reforma constitucional para “consagrar, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado”. La declaración fue presentada como una “innovación” sin precedentes. Sin embargo, una revisión al texto de la Carta Fundamental vigente revela que esa misma obligación ya se encuentra en su artículo 1°, inciso quinto, desde 1980. La maniobra no es un avance en derechos, sino un intento de la derecha por engañar a la ciudadanía: vender como nueva una norma que ya existe para justificar el endurecimiento del aparato represivo, mientras se mantiene intacto el modelo de desigualdad que la Constitución de Pinochet consagró.
Por Equipo El Despertar
La última cadena nacional del Presidente José Antonio Kast ha vuelto a poner en el centro del debate político la seguridad, pero no para proponer soluciones estructurales a la crisis que vive la clase trabajadora, sino para montar un espectáculo mediático que oculte su verdadera agenda. El mandatario anunció el envío de una reforma constitucional para establecer que “proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado”. “Por primera vez”, dijo, “el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer”.
Sin embargo, la historia y la letra de la Constitución desmienten al Mandatario. Como han advertido diversos constitucionalistas, la Carta Fundamental chilena ya contiene esa disposición desde su origen. El artículo 1°, inciso quinto de la Constitución de 1980 establece: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
El académico Javier Couso fue categórico: “Dar protección a la población, como estamos en el capítulo de bases fundamentales de la Constitución, obviamente que engloba todos los fenómenos: dar protección a las poblaciones, protegerlas de todo fenómeno criminal, narco, mafias (…) Y no se detallan todas las amenazas de las cuales hay que proteger a la población”. El también constitucionalista Jorge Correa Sutil resumió su reparo: “Por ahora son anuncios, y resulta muy sorprendente que el Presidente haya anunciado [esto] en condiciones que el artículo primero de la Constitución ya establece”. Sebastián Zarate, académico de derecho constitucional, agregó que “el artículo 19, Nº 1 y Nº 7, asegura la vida, la integridad y la seguridad individual; el artículo 24 entrega al Presidente la conservación del orden público interior; y el artículo 101 define a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública como instituciones destinadas a garantizar el orden y la seguridad pública interior”.
La cortina de humo de la derecha: un engaño calculado
Lo que Kast presenta como una “innovación constitucional” no es más que un engaño calculado. La derecha sabe que la Constitución ya contiene el deber del Estado de proteger a la población, pero necesita instalar la narrativa de que está haciendo algo nuevo para justificar su agenda represiva. La propuesta, que revive el texto constitucional rechazado por la ciudadanía en el plebiscito de 2023, no es una garantía para la clase trabajadora, sino una herramienta para ampliar el marco legal del aparato represivo. Como señaló Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado, “es indispensable ver los detalles de la mencionada reforma para evaluar concretamente su impacto desde el punto de vista normativo y práctico”. La experiencia demuestra que la derecha chilena no busca proteger a la población, sino ampliar las atribuciones del Estado para perseguir a los de abajo.
El “deber” del Estado y la realidad de la clase trabajadora
El anuncio de Kast llega en un momento en que el gobierno ha priorizado la agenda de los grupos económicos por sobre las necesidades de la clase trabajadora. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, ahora dice necesitar una reforma constitucional para cumplir con su “deber” de proteger a los chilenos. La contradicción es brutal: mientras el gobierno celebra sus “éxitos legislativos”, los trabajadores siguen esperando empleo digno, salarios justos y derechos laborales.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar. La reforma constitucional de Kast no es un avance en derechos, sino un intento de la derecha por legitimar su agenda represiva. La “innovación” que pregona el Presidente no es más que una cortina de humo para ocultar que la Constitución de 1980, la misma que consagra el modelo neoliberal, ya contiene el deber de proteger a la población. La lucha por una seguridad real no pasa por reformas constitucionales que blindan al aparato represivo, sino por la construcción de un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician del miedo.