Con 114 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que extiende la legítima defensa privilegiada a funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería que actúen estando de franco [6†L7-L10][6†L12-L13]. La iniciativa, bautizada como la “Ley Naín-Retamal 2.0”, amplía la presunción de inocencia para los agentes del Estado incluso cuando no están en servicio, equiparando la protección jurídica de un uniformado en funciones con la de un civil armado en su día libre. La oposición de izquierda calificó la medida como un “cheque en blanco” que profundiza el blindaje al aparato represivo y criminaliza a los sectores populares, mientras el oficialismo celebra un nuevo avance en su cruzada por la “seguridad” a cualquier precio.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noche del martes 11 de agosto, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados selló con 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones uno de los proyectos más polémicos de la agenda de seguridad del gobierno de José Antonio Kast: la extensión de la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y militares que actúen estando de franco. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, celebró el resultado con un discurso que la derecha ya ha hecho propio: “Esto va sumando buenas noticias. La agenda de seguridad es amplia, profunda y avanza sin pausa”.
El proyecto, impulsado por la bancada de Renovación Nacional (RN) dentro de la denominada “Agenda Naín-Retamal 2.0”, modifica el Código Penal para que un carabinero o policía que se encuentre de franco y actúe en defensa propia o de terceros goce de la misma presunción de legítima defensa que cuando está en servicio. La iniciativa, que ahora pasará al Senado para su segundo trámite constitucional, incluye también a funcionarios de Gendarmería.
La coartada del héroe: el “respaldo jurídico” como escudo de impunidad
El argumento central del gobierno es que los policías “no dejan de serlo cuando terminan su turno”. El ministro Arrau fue explícito: “Cuando un carabinero de franco actúa, tiene pocos segundos para decidir. Esto busca dar un respaldo jurídico a nuestros policías que tanto les exigimos, que actúan 24/7, de uniforme o de franco, igual actúan”. El director de Administración Pública de la UNAB, Roberto Munita, justificó la medida en una carta al director: “Quienes están llamados a proteger a la ciudadanía no dejan dicha misión cuando termina su turno. Si presencian un delito grave, sería un flaco favor para la seguridad pública que no puedan intervenir, por miedo a estar contraviniendo las reglas”.
Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: ¿qué garantiza que esta “protección jurídica” no se convierta en un escudo para la impunidad? La historia de la Ley Naín-Retamal, que ya ha sido utilizada para absolver a carabineros que dispararon perdigones a los ojos de manifestantes, demuestra que la “presunción de legítima defensa” no es una garantía de justicia, sino un mecanismo de blindaje de los agentes del Estado. El diputado DC Patricio Pinilla intentó presentar una indicación para restringir la aplicación de la legítima defensa privilegiada solo a casos de agresiones graves, como ataques con armas de fuego o cometidos por dos o más personas, pero su propuesta fue rechazada por la comisión. El proyecto avanzó sin modificaciones.
La doble vara de la justicia: la ley para los de abajo, la impunidad para los de arriba
La aprobación de la “Naín-Retamal 2.0” no es un hecho aislado. Es la continuación de la lógica de clase que ha guiado al gobierno de Kast desde su llegada a La Moneda. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, ahora dice necesitar “proteger” a los policías que actúan de franco. La misma derecha que persigue con saña a los jóvenes de los barrios populares por delitos menores, que criminaliza a los pobladores por una toma de terreno, es la que amplía el blindaje jurídico de los agentes del Estado.
El ministro Arrau justificó la medida citando el caso de un carabinero de franco que abatió a un presunto asaltante en Quilicura durante un intento de robo. Pero la clase trabajadora sabe que estos casos son la excepción, no la regla. La mayoría de las intervenciones policiales fuera de servicio no son actos de heroísmo, sino de abuso de poder. El proyecto no distingue entre un policía que actúa en defensa de un tercero y uno que utiliza su condición para ejercer violencia. La “presunción de legítima defensa” se convierte, en los hechos, en una presunción de impunidad.
La función de clase del blindaje policial
Desde una perspectiva marxista, la extensión de la legítima defensa privilegiada a los policías de franco no es una medida de seguridad, sino un instrumento de dominación de clase. El Estado, como lo definió Marx, no es un ente neutral, sino el comité de administración de los intereses de la burguesía. Las fuerzas policiales no son un servicio público, sino el brazo represivo del capital, encargado de disciplinar a la clase trabajadora y proteger los intereses de los grupos económicos.
La “Naín-Retamal 2.0” no es una respuesta a la inseguridad, sino un mensaje a los sectores populares: el Estado está dispuesto a todo para proteger a sus agentes, incluso si eso significa otorgarles un cheque en blanco para ejercer la violencia. La misma lógica que permite a un carabinero de franco disparar sin rendir cuentas es la que permite a los grandes empresarios evadir impuestos, a los políticos enriquecerse con el saqueo del erario y a los jueces fallar a favor de los poderosos.
Epílogo: el blindaje de los de arriba y el abandono de los de abajo
La aprobación de la “Naín-Retamal 2.0” no es un triunfo de la seguridad, sino una derrota de la justicia. El proyecto, que ahora deberá ser discutido en el Senado, ha recibido el respaldo del gobierno y de la derecha, pero también ha contado con el apoyo de sectores de la centroizquierda, como el diputado socialista Raúl Leiva, quien afirmó que “tiene que avanzar, hay que reforzar a Carabineros”.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar. La extensión de la legítima defensa a los policías de franco no es una medida para proteger a la ciudadanía, sino para blindar al aparato represivo. Mientras el gobierno de Kast celebra sus “avances en seguridad”, los trabajadores siguen esperando empleo digno, salarios justos y derechos laborales. La seguridad no se construye con más blindaje para los uniformados, sino con inversión social, con educación pública, con un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician del miedo.