La convocatoria del Presidente José Antonio Kast a más de 70 alcaldes para discutir su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) terminó este martes como un capítulo más de la farsa política que caracteriza al “gobierno de la emergencia”. Un grupo de alcaldes de oposición, liderados por Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Matías Toledo (Puente Alto), abandonó la reunión antes de su término, denunciando que el encuentro no fue un espacio de diálogo, sino una “cuenta pública” del ministro Martín Arrau para imponer una agenda que, una vez más, prioriza la mano dura y el control represivo por sobre la inversión social y el trabajo territorial real. El gesto, que la derecha intenta minimizar como un simple “desaire”, es en realidad la confesión de que el proyecto de seguridad del gobierno de Kast no está diseñado para proteger a los barrios populares, sino para blindar el orden de los grupos económicos, mientras los municipios —los únicos que realmente están en el territorio— son excluidos de las decisiones que afectan la vida cotidiana de la clase trabajadora.
Santiago de Chile. La mañana de este martes 11 de agosto, el Salón Montt Varas de La Moneda fue el escenario de una nueva demostración de la lógica de clase que guía al gobierno de José Antonio Kast. Con la pompa de una gran convocatoria, el Ejecutivo reunió a más de 70 alcaldes de las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins para presentarles los alcances de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Pero lo que debía ser un espacio de diálogo se transformó rápidamente en un monólogo de 40 minutos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien expuso las bondades de una reforma constitucional y un nuevo Estado de Excepción que, según los ediles, no hace más que profundizar la lógica represiva que ya ha fracasado en los barrios populares.
El quiebre fue inevitable. Antes de que la reunión concluyera, un grupo de alcaldes de oposición —entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal), Matías Toledo (Puente Alto), Rodrigo Arcos (Renca) y Jorge Sharp (Valparaíso)— abandonó el encuentro, dejando en evidencia que la convocatoria del gobierno era una fachada. La excusa formal fue la salida anticipada del ministro Arrau por compromisos en el Congreso, pero la razón de fondo fue mucho más política. Como señaló Toledo, tras la partida del secretario de Estado, la discusión se desvió hacia temas que nada tenían que ver con el “corazón de la reforma”, mientras los ediles opositores veían cómo sus inquietudes eran nuevamente marginadas. “Estas reuniones son importantes, pero al haber tanta gente, muchas veces lo que es relevante se diluye”, lamentó el alcalde de Puente Alto.
La seguridad de los ricos y la indiferencia de los pobres
La salida de los alcaldes opositores no fue un gesto de mala educación, sino un acto de dignidad política. Como denunció el alcalde Joel Olmos (La Cisterna), los ediles salieron “profundamente decepcionados” porque las medidas del gobierno “no van en la dirección en que hemos venido generando acuerdos”. La agenda ACOT no es una respuesta a la inseguridad, sino la profundización de la misma lógica de clase que ha guiado al gobierno de Kast desde su llegada a La Moneda: más policías, más cárceles, más control, y cero inversión social.
Los alcaldes han sido claros: la seguridad no se construye con reformas constitucionales ni con estados de excepción, sino con políticas que ataquen las causas estructurales de la violencia. El alcalde de Puente Alto cuestionó la modificación a la ley antibarricada, advirtiendo que una manifestación pacífica de vecinos pidiendo seguridad podría ser catalogada como un acto de violencia bajo la nueva normativa. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, ha sido una de las voces más críticas de la gestión de Kast, denunciando la falta de recursos para los municipios y la ausencia de un plan integral que aborde la prevención. El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, fue lapidario: “El Gobierno tiene que entender que hay que dar un giro en la política de seguridad, trabajar mucho más con los municipios, abordar las problemáticas que ocurren hoy en las poblaciones”.
La función de clase del “diálogo” fallido
Desde una perspectiva marxista, la reunión fallida entre Kast y los alcaldes opositores no es un accidente ni un problema de comunicación. Es la expresión de la contradicción fundamental entre los intereses del capital y las necesidades de la clase trabajadora. El gobierno de Kast, que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, ahora pretende resolver la crisis de seguridad con más control y menos derechos.
El ministro Arrau justificó su salida anticipada alegando compromisos en el Congreso, donde precisamente se tramita la extensión de la legítima defensa privilegiada a los policías de franco. Esa es la prioridad del gobierno: blindar a los agentes del Estado, no proteger a los ciudadanos. La lógica de clase es brutal: mientras los de arriba se protegen con reformas constitucionales y leyes a la medida, los de abajo siguen esperando que el Estado garantice su derecho a vivir sin miedo.
La decisión de los alcaldes de oposición de retirarse de la reunión no es un acto de rebeldía sin sentido. Es la constatación de que el diálogo con un gobierno que no escucha es una pérdida de tiempo. Es la confirmación de que el proyecto de seguridad de Kast no es una respuesta a la crisis, sino su profundización. Mientras los alcaldes de oposición abandonan La Moneda, los barrios populares siguen esperando que el Estado llegue con soluciones reales, no con discursos vacíos y medidas represivas. La seguridad de los de abajo no se negocia a puertas cerradas ni se impone desde arriba. Se construye desde el territorio, con inversión social, con participación ciudadana y con un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician del miedo.