Mientras el gobierno de José Antonio Kast promete “mano dura” contra la corrupción y la “probidad”, la Dirección de Vialidad de Ñuble es sacudida por una denuncia que expone la podredumbre del sistema: su propia Directora Regional (S) y Jefa de Proyectos, Andy Jara Valenzuela, es acusada de haber utilizado su cargo para pavimentar el camino que pasa frente a su casa y el restaurante de su familia, y de haber beneficiado a parientes con contratos millonarios, todo mientras intimidaba a los funcionarios que se atrevían a cuestionarla. La clase trabajadora asiste a un nuevo capítulo de la farsa: los mismos que predican la “austeridad” y el “orden” son los que, desde el poder, construyen carreteras privadas con fondos públicos para engrosar el patrimonio de los suyos.
Por Equipo El Despertar
Ñuble. Lo que debía ser una obra de progreso para la comunidad de Bulnes se ha convertido en el símbolo del saqueo de clase. Un grupo de funcionarios de la Dirección de Vialidad de Ñuble presentó una denuncia que describe un entramado de conflictos de interés, intimidaciones y represalias orquestado por la máxima autoridad de la repartición, Andy Jara Valenzuela . Los denunciantes acusan a la jefa de proyectos de haber utilizado su influencia para desviar recursos públicos hacia el bolsillo de su propia familia .
El camino privado de los Jara
El primer caso es una obra de conservación del camino N-884, en la comuna de Bulnes, financiada con cerca de 898 millones de pesos del Gobierno Regional . La empresa adjudicataria, Constructora Sierra Nevada S.A., arrendó un terreno perteneciente a familiares directos de Andy Jara para instalar sus faenas, pagando un canon mensual de 600 mil pesos que engrosó las arcas familiares durante toda la ejecución del contrato . Pero la maniobra no se detuvo ahí: Jara participó en la firma de modificaciones del contrato como Directora Regional Subrogante, mientras que la tramitación de esas modificaciones en el Gobierno Regional era gestionada por su propio cónyuge, un funcionario de esa institución . La denuncia sostiene que esta situación configura un “evidente conflicto de interés que afecta la imparcialidad exigida en la administración pública” .
El segundo caso es aún más grotesco. La pavimentación de un tramo de la ruta S/R-N-687, también en Bulnes, fue priorizada no por criterios técnicos como densidad poblacional o conectividad, sino porque el trazado beneficia directamente a una serie de familiares de la autoridad: su padre, sus tíos y otros integrantes de una sucesión hereditaria propietaria de predios colindantes . El colmo del cinismo es que la propia vivienda de Andy Jara y un restaurante familiar quedaron favorecidos con la pavimentación, incrementando el valor de esos inmuebles a costa del erario público .
Los denunciantes son categóricos: existen otros sectores del mismo camino con mayor cantidad de habitantes y mayores necesidades de conectividad que continúan esperando su pavimentación, mientras que se intervino un tramo donde reside principalmente el grupo familiar de la autoridad cuestionada . Las imágenes que acompañan la denuncia muestran la ubicación del camino y de la vivienda mencionada, dejando en evidencia la conexión directa entre el poder público y el beneficio privado .
La hipocresía de la “mano dura” y la farsa de la probidad
El gobierno de José Antonio Kast ha hecho de la lucha contra la corrupción y la “probidad” uno de sus principales estandartes. Pero el caso de Andy Jara Valenzuela desnuda la doble vara del “partido del orden”: mientras se persigue a los funcionarios de base por faltas menores, los que ocupan los cargos de poder pueden pavimentar el camino de su casa con dinero público sin que nadie les ponga un freno.
La denuncia no solo apunta al conflicto de interés, sino a un ambiente laboral caracterizado por “intimidaciones, represalias y sanciones sin el debido proceso” contra quienes se atreven a cuestionar a la autoridad . Los funcionarios sostienen que los antecedentes podrían configurar una infracción al deber de abstención establecido en la Ley N.º 19.880 y, eventualmente, el delito de negociación incompatible previsto en el artículo 240 del Código Penal, por cuanto la autoridad habría intervenido en decisiones administrativas que la benefician directamente .
La hipocresía es brutal. La misma administración que recorta miles de millones de pesos en salud, vivienda y educación, que regala 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que anuncia la capitalización de Codelco y la reforma al mercado de capitales, es la que permite que sus propias autoridades utilicen el presupuesto público para engrosar el patrimonio de sus familias.
El costo de la impunidad: los de abajo pagan la cuenta
La clase trabajadora de Bulnes y de todo Ñuble paga el costo de este saqueo. Los 898 millones de pesos que se destinaron a la obra de conservación del camino N-884 no son un número abstracto: son recursos que podrían haberse utilizado para mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad, para construir más y mejores caminos, para garantizar la conectividad de los sectores más postergados.
Pero en el Chile de los patrones, los recursos públicos son un botín que se reparten los poderosos. El camino pavimentado no es una obra de progreso, sino una ruta privada hacia el patrimonio de los Jara. Y mientras la Directora Regional (S) de Vialidad celebra la plusvalía de su propiedad, los trabajadores de la construcción siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes.
Epílogo: la ruta del saqueo continúa
El caso de Andy Jara Valenzuela no es un hecho aislado. Es la confirmación de que el Estado chileno, bajo el gobierno de Kast, no es un instrumento de justicia, sino un dispositivo al servicio de los intereses de una clase: la que ocupa los cargos públicos para beneficio propio, mientras los de abajo pagan las consecuencias con su trabajo, su salud y su vivienda.
Mientras la denuncia avanza en los pasillos de la Contraloría, los funcionarios de Vialidad que se atrevieron a alzar la voz enfrentan el silencio cómplice de una institucionalidad que siempre protege a los de arriba. La clase trabajadora debe entender que la lucha contra la corrupción no se ganará con discursos de “mano dura”, sino con la organización de los que saben que el sistema no es justo: solo es de clase.