Apenas tres días después de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, declarara que “no corresponde” cobrar cuentas de luz a las “casas quemadas” y que “las empresas tienen que estar a la altura”, el Presidente José Antonio Kast y su equipo de ministros firmaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar justamente la norma que prohíbe a las empresas de servicios básicos cobrar la reconexión de agua, luz y gas a los damnificados por incendios. La misma administración que se llena la boca con la “emergencia” y la “reconstrucción” es la que, cuando los intereses del capital están en juego, no duda en utilizar el aparato estatal para garantizar que las empresas concesionarias sigan facturando, incluso a quienes lo han perdido todo. La clase trabajadora asiste a un nuevo capítulo de la hipocresía de clase: mientras los ministros se contradicen entre sí y el gobierno se descoordina, los de abajo siguen pagando el costo de un sistema que siempre protege a los de arriba.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noticia cayó como un balde de agua fría en los pasillos de La Moneda, pero no por su contenido, sino por la evidencia de que el gobierno de José Antonio Kast no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en las políticas más elementales. El martes 11 de agosto, el Presidente, junto a los ministros Jorge Quiroz (Hacienda), Ximena Rincón (Justicia), José García Ruminot (Segpres) y Louis de Grange (Obras Públicas y Transportes), firmó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo 31° de la megareforma, que obliga a las empresas distribuidoras de gas, electricidad y agua potable a reconectar gratuitamente los servicios a los damnificados por los incendios de Viña del Mar, Ñuble y el Biobío, incluso si se habían interrumpido por no pago.
La norma, impulsada por la diputada Sofía González (PC), había sido aprobada en el Congreso con apoyo transversal, incluyendo el de algunos parlamentarios del oficialismo. Establecía plazos perentorios para la reconexión —24 horas para el agua y 48 horas para la luz y el gas— y prohibía expresamente a las empresas concesionarias cobrar cargo alguno por concepto de reconexión, reposición o visita técnica.
La contradicción de Poduje: “no corresponde” cobrar, pero el gobierno impugna la norma
La hipocresía alcanza niveles grotescos cuando se contrasta la acción del gobierno con las declaraciones del propio ministro de Vivienda, Iván Poduje. El mismo día en que se conocía el requerimiento del Ejecutivo, Poduje había declarado a radio ADN que “no corresponde” que lleguen cuentas de luz “a casas quemadas” y que “las empresas tienen que estar a la altura”. El ministro reconoció que hay compañías que han operado “pésimamente mal” y que “en esos casos no debiera haber cargo”.
Pero cuando se le preguntó por la impugnación del artículo 31°, Poduje respaldó la decisión del Mandatario con una frase que resume la lógica de clase del gobierno: “Si es una decisión del Presidente, siempre estoy de acuerdo”. La misma autoridad que un día reconoce la injusticia de cobrar a los damnificados, al día siguiente firma un requerimiento para que el TC declare inconstitucional la norma que prohíbe ese cobro.
La contradicción no es un error, sino la expresión de una lógica de clase: el gobierno de Kast está dispuesto a defender los intereses de las empresas concesionarias por sobre los derechos de los damnificados. La norma impugnada no es una “discreción” técnica, sino un mecanismo para garantizar que las empresas de servicios básicos sigan obteniendo ganancias, incluso a costa de quienes lo han perdido todo en los incendios.
El argumento de la “idea matriz”: la coartada del capital
El requerimiento del gobierno argumenta que el artículo 31° “no guarda relación directa con las ideas matrices o fundamentales del Proyecto, infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución”. El ministro Quiroz justificó la acción señalando que “esto está fuera de la idea matriz” y que “pensamos que es una idea que tal vez incluso se podía perfeccionar, pero es mejor hacerla bien de un comienzo”.
Pero, ¿cuál es la “idea matriz” de la megareforma? La respuesta es simple: la megareforma no es un proyecto de “reconstrucción”, sino un mecanismo de transferencia de recursos desde el Estado hacia el capital. El corazón de la iniciativa es la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capitales, la invariabilidad tributaria por 20 años para las grandes inversiones y la flexibilización de la normativa ambiental. La “reconstrucción” de los damnificados no es más que una coartada para regalar más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas.
La norma impugnada, que obliga a las empresas a reconectar gratuitamente los servicios a los damnificados, es una de las pocas medidas que realmente benefician a los sectores populares. Por eso el gobierno la impugna: porque atenta contra la lógica de acumulación del capital. Las empresas concesionarias no pueden perder ni un peso, aunque eso signifique dejar a los damnificados sin agua, sin luz y sin gas.
La reacción de la oposición: “miserable” y “falta de humanidad”
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. La senadora Paulina Vodanovic (PS) cuestionó que el requerimiento “afecta a la gente, afecta a quienes hoy día están privados de aquello” . El diputado José Antonio Rivas (PS) tildó la impugnación de “miserable”: “Nos parece miserable que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional contra una norma básica de compromiso del Estado con quienes han vivido una tragedia”. El senador Iván Flores (DC) señaló que la acción del gobierno es “no entender lo que le está pasando a la gente que ha sufrido daño por los incendios” . Su par Yasna Provoste (DC) catalogó la jugada del Ejecutivo de “falta de humanidad” .
Pero la crítica más reveladora vino de la propia derecha. El medio La Tercera reportó que “desde las fuerzas progresistas, concretamente, apuntan con dureza que el jefe de gabinete no tuviera conocimiento del envío de la impugnación” . Es decir, ni siquiera el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sabía que el gobierno estaba recurriendo al TC para impugnar una norma que protege a los damnificados. La descoordinación no es un accidente: es la manifestación de un gobierno que improvisa, que no tiene un rumbo claro y que, en su afán por proteger los intereses del capital, termina pisoteando los derechos de los de abajo.
La función de clase de la descoordinación
Desde una perspectiva marxista, la descoordinación del gobierno de Kast no es un problema de comunicación o de gestión, sino la expresión de la contradicción fundamental del capitalismo chileno. Por un lado, el gobierno necesita mantener la fachada de la “emergencia” y la “reconstrucción” para justificar su agenda de ajuste fiscal y rebajas tributarias. Por otro, debe garantizar que los intereses del capital —las empresas concesionarias, los grupos económicos, los grandes inversionistas— no se vean afectados por ninguna medida que limite su capacidad de acumulación.
La impugnación del artículo 31° es la confirmación de que, para el gobierno de Kast, los derechos de los damnificados son negociables, pero las ganancias de las empresas no. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que regala 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que autorizó la capitalización de Codelco y que prepara una reforma al mercado de capitales, no duda en utilizar el aparato estatal para impugnar una norma que obliga a las empresas a reconectar gratuitamente los servicios a quienes lo han perdido todo.
La descoordinación entre los ministros —Poduje diciendo que “no corresponde” cobrar a los damnificados y el gobierno impugnando la norma que lo prohíbe— no es un error, sino la manifestación de la contradicción de clase que atraviesa al gobierno. La derecha chilena no tiene un proyecto para los de abajo; tiene un proyecto para el capital. Y cuando esos dos proyectos chocan, el capital siempre gana.
Epílogo: la farsa de la “reconstrucción”
El requerimiento del gobierno de Kast ante el Tribunal Constitucional es la confirmación de que la “reconstrucción” que prometió la derecha no es una reconstrucción para los damnificados, sino para las ganancias de los grupos económicos. La misma administración que se llena la boca con discursos de “emergencia” y “orden” es la que, cuando los intereses del capital están en juego, no duda en utilizar el aparato estatal para garantizar que las empresas concesionarias sigan facturando, incluso a quienes lo han perdido todo.
Mientras los ministros se contradicen entre sí y el gobierno se descoordina, los damnificados de Viña del Mar, Ñuble y el Biobío siguen esperando que el Estado cumpla con su obligación de garantizarles el acceso a los servicios básicos. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “reconstrucción”. La verdadera reconstrucción no vendrá de un gobierno que impugna normas que protegen a los de abajo, sino de la organización popular que se niega a pagar el costo de un sistema que siempre protege a los de arriba.