El proyecto de reforma constitucional en seguridad es la consagración de una doctrina de excepción que entrega al Ejecutivo el poder de suspender libertades, interceptar comunicaciones y militarizar territorios por hasta 240 días sin control del Congreso. La iniciativa, que plantea ocho modificaciones a la Carta Fundamental, ha desatado un terremoto político que amenaza incluso, con fracturar al oficialismo. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: el “gobierno de la emergencia” no busca proteger a los de abajo, sino blindar un aparato represivo que disciplina a los sectores populares mientras el capital sigue haciendo su agosto con el saqueo del erario.
por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noche del lunes 17 de agosto, el gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado, con suma urgencia y un plazo de 15 días para su discusión, el proyecto de reforma constitucional que busca convertir la seguridad pública en un deber del Estado y crear un nuevo estado de excepción para enfrentar el crimen organizado. Pero la letra chica de la iniciativa ha encendido todas las alarmas: durante su vigencia, el Presidente podrá suspender o restringir la libertad personal y de desplazamiento, los derechos de reunión y asociación, interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes. La medida podrá extenderse hasta 240 días sin que el Congreso pueda intervenir, y las zonas afectadas quedarán bajo el mando de un oficial general designado por el jefe de Estado.
La farsa del “equilibrio”: el estado de excepción como herramienta de dominación de clase
Lo que el gobierno presenta como una herramienta para “recuperar territorios controlados por bandas” es, en los hechos, una carta blanca para la militarización de los barrios populares. El nuevo estado de excepción —distinto de los estados de asamblea, sitio, catástrofe y emergencia que ya contempla la Constitución— podría aplicarse en territorios acotados como barrios o sectores urbanos, es decir, precisamente en los lugares donde vive la clase trabajadora.
La hipocresía del discurso oficial alcanza niveles grotescos. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales desde el Estado hacia las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, dice ahora necesitar un “estado de sitio por 240 días” para proteger a los ciudadanos. Como ha señalado el ex Presidente Gabriel Boric, se trata de “una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”.
El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, fue categórico al calificar la propuesta como “un paso peligroso a un Gobierno iliberal, y un Gobierno iliberal es la antesala de un Gobierno autócrata y autoritario”. El senador Matías Walker (Demócratas) advirtió que “así comienzan a morir las democracias”, y que las nuevas atribuciones “en manos equivocadas, el día de mañana, pueden producir efectivamente una deriva autoritaria”.
Las grietas en el bloque patronal: el oficialismo se desangra por el miedo al autoritarismo
La reforma no solo ha generado rechazo en la oposición. También ha abierto una grieta profunda en el oficialismo que amenaza con hacer naufragar el proyecto. La propuesta original, que contemplaba 11 modificaciones a la Constitución, tuvo que ser recortada a 8 para intentar calmar las aguas en Chile Vamos. El gobierno cedió en las inhabilitaciones de derechos para condenados por delitos asociados al terrorismo y el crimen organizado, una medida que había generado un encontronazo público entre el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y la ministra de Salud, May Chomali.
Pero el ajuste no ha sido suficiente. En un intenso Comité Político Ampliado en La Moneda, el gobierno acordó reducir la propuesta a un catálogo de 6 o 7 medidas específicas, pero el Ejecutivo sigue lejos de alcanzar el quórum de 4/7 requerido en el Senado, es decir, 29 votos. En Renovación Nacional, los parlamentarios se mantienen divididos respecto al tenor y la conveniencia de las enmiendas. La senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario) fue lapidaria: la reforma “no va a cambiar absolutamente nada” y no está “disponible” para aprobar este proyecto.
Incluso el propio Presidente Kast, en una entrevista en Radio Duna, intentó bajar el perfil a su propia iniciativa, asegurando que no se busca abrir una discusión constitucional global, sino implementar “modificaciones quirúrgicas”. Pero el daño ya está hecho: la reforma ha abierto un debate sobre si el gobierno de Kast está siguiendo el “modelo Bukele” y dando pasos hacia un régimen iliberal.
La función de clase del garrote constitucional
Desde una perspectiva marxista, la reforma constitucional de seguridad no es una respuesta a la inseguridad, sino la profundización de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El nuevo estado de excepción no es una herramienta para proteger a la ciudadanía, sino un dispositivo de control social que permitirá al Ejecutivo suspender derechos y militarizar territorios sin control parlamentario. La misma lógica que permite al gobierno de Kast declarar que determinada agrupación constituye una organización terrorista o del crimen organizado es la que, en el pasado, se utilizó para perseguir a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas y a los sindicatos.
El proyecto le da rango constitucional a la posibilidad de crear registros de organizaciones criminales, una medida que, en los hechos, permitirá al Estado construir un archivo de sospechosos sin necesidad de condena judicial. La facultad del Presidente para declarar organizaciones terroristas con acuerdo del Senado en sesión secreta es una violación flagrante de la separación de poderes y del debido proceso.
Mientras el gobierno de Kast se ufana de su “mano dura”, la clase trabajadora sigue esperando soluciones que no llegan. La seguridad no se construye con más cárceles ni con estados de excepción que blindan al aparato represivo. La seguridad se construye con inversión social, con empleo digno, con educación pública y con un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician del miedo. Como ha dicho Walker, “así comienzan a morir las democracias”. Y en el Chile de los patrones, la muerte de la democracia siempre ha sido el precio que pagan los de abajo.