La “Operación Imperio Ámsterdam” ha destapado el alcance de una red criminal que, bajo la fachada de dispensarios de cannabis medicinal, habría amasado ganancias ilícitas por $8 mil millones en Chile, mientras sus conexiones se extienden hasta el corazón del poder político y económico. Las escuchas telefónicas revelan cómo los líderes de la organización discutían contactar a un senador, una diputada y otros parlamentarios en busca de “influencia”, mientras otro imputado ofrecía un millonario aporte a la campaña de un candidato a diputado. La investigación salpica a la pareja de la exvocera de gobierno Mara Sedini, vinculada financieramente a las sociedades bajo sospecha, y al exchico reality Camilo Huerta, detenido como el imputado número 74 de la causa. Detrás de la fachada de un negocio “legal” se esconde una trama que involucra a actores de la clase dominante, demostrando que la “mano dura” que el gobierno pregona es solo para los de abajo, mientras los de arriba operan con total impunidad en los intersticios del Estado.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La madrugada del lunes 17 de agosto, el exchico reality Camilo Huerta aterrizó en el Aeropuerto de Santiago procedente de Miami. No fue recibido por sus fanáticos, sino por el OS-7 de Carabineros. Su detención lo convirtió en el imputado número 74 de la “Operación Imperio Ámsterdam”, una investigación que ha expuesto las entrañas de una presunta organización dedicada al tráfico de drogas, el lavado de activos y la asociación ilícita.
Pero el verdadero escándalo no reside en la figura de un exchico reality, sino en la red de complicidades que la investigación ha destapado. El caso Imperio Ámsterdam no es un simple caso de narcotráfico; es el reflejo de la podredumbre de un sistema que blinda a los poderosos.
La fachada del “Dispensario Nacional”: cannabis medicinal como pantalla de un multimillonario negocio ilícito
La investigación, liderada por la Fiscalía de Aysén, apunta a una organización que utilizó los dispensarios de cannabis medicinal como una fachada para operar. La estructura bajo indagatoria habría utilizado la franquicia “Dispensario Nacional” para comercializar marihuana con una concentración de THC superior a la permitida, generando ganancias ilícitas por cerca de $8 mil millones.
El negocio era una máquina de extracción de plusvalía que operaba en los márgenes de la ley, utilizando el vacío regulatorio para acumular ganancias millonarias. Los líderes de la organización, como Andrés Astorga, dueño del “Dispensario Nacional”, y Rodrigo Buzeta, fundador de MA Botanics, manejaban la producción, distribución y venta de la droga como si se tratara de una empresa legal.
La conexión política: el lobby del crimen organizado
Lo que hace de este caso una ventana a la podredumbre del sistema es la revelación de que los líderes de la organización intentaron utilizar su poder económico para cooptar a figuras políticas. Las escuchas telefónicas intervenidas por el OS-7 registran una conversación de septiembre de 2025 entre los imputados Andrés Astorga y Rodrigo Buzeta, donde mencionaron a tres parlamentarios.
Buzeta afirmó: “No sé si es que hay que hacer un lobby con algún parlamentario. Yo creo que el que más pesca es el senador Manuel José Ossandón y creo que la diputada Ana María Gazmuri también pesca harto”. También mencionó a la diputada Marisela Santibáñez, sugiriendo contactarla para “que vea el tema de la defensa del cannabis”. Los tres parlamentarios han negado cualquier contacto.
Pero la injerencia política de la organización no se limitó a gestiones de lobby. La investigación también reveló que Rodrigo Buzeta y Raimundo Silva, propietarios de MA Botanics, discutieron un eventual aporte de dinero a la campaña del exalcalde de Pelarco y candidato a diputado, Luis Bernardo Vásquez Bobadilla. En la conversación, Silva propuso entregar $750 mil “para la campaña para ver si los ayuda”. Vásquez, actual director regional subrogante del IPS Maule, reconoció conocer a los empresarios y que le ofrecieron aportar, aunque aseguró que el dinero nunca llegó.
El vínculo con el poder ejecutivo: la pareja de la exvocera de gobierno
El caso Imperio Ámsterdam no solo salpica al Parlamento, sino también al corazón del Ejecutivo. El nombre de Martín Krauss Valdés, pareja de la exvocera de gobierno Mara Sedini, ha aparecido en las escuchas telefónicas y en los antecedentes financieros de la investigación. Krauss figura como accionista minoritario de DN Medcorp SpA, la sociedad vinculada al “Dispensario Nacional”. Su participación fue mencionada en una escucha de junio de 2025, donde se señalaba que el 20% de las acciones de la sociedad estaba repartido entre varios socios, entre ellos Krauss.
El vínculo financiero es aún más estrecho: Inversiones Cami SpA, una sociedad de propiedad exclusiva de Krauss, recibió transferencias desde cuentas relacionadas con DN Medcorp. La Fiscalía ha solicitado información sobre Krauss al SII y la CMF. Aunque Krauss no está imputado en la causa, su vinculación con una organización criminal y su relación con una exautoridad del gobierno de Kast plantea preguntas incómodas sobre la permeabilidad del Estado y la impunidad de sus élites.
La hipocresía de la “mano dura”: la clase dominante se protege mientras persigue a los de abajo
El gobierno de José Antonio Kast ha hecho de la “mano dura” contra la delincuencia su principal bandera. Ha impulsado una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción, ha militarizado la seguridad pública y ha prometido “poner de rodillas a la delincuencia”. Pero el caso Imperio Ámsterdam revela que la “mano dura” es selectiva: se aplica con rigor a los sectores populares, pero se desvanece cuando se trata de los suyos.
Mientras el gobierno persigue a los jóvenes de los barrios populares por delitos menores, los líderes de una red criminal que movió $8 mil millones operaban con total impunidad, con conexiones en el Parlamento y en el propio Ejecutivo. La hipocresía alcanza niveles grotescos: la misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales desde el Estado hacia las grandes empresas, ahora se ve salpicada por un escándalo que revela que sus propias filas están permeadas por el crimen organizado.
La función de clase del caso Imperio Ámsterdam
Desde una perspectiva marxista, el caso Imperio Ámsterdam no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. La clase dominante no solo controla los medios de producción, sino también las instituciones del Estado, y utiliza ese control para proteger sus propios intereses y los de sus allegados. La “mano dura” contra la delincuencia es una herramienta para disciplinar a los de abajo, no para perseguir a los de arriba.
El caso Imperio Ámsterdam es la prueba de que el crimen organizado no es un fenómeno que afecta solo a los sectores populares, sino que está profundamente entrelazado con el poder político y económico. Los vínculos entre los imputados y los parlamentarios, la conexión con la pareja de una exautoridad de gobierno y la utilización de una fachada “legal” para blanquear dinero son la confirmación de que el capitalismo chileno no es un sistema de reglas claras, sino un entramado de complicidades donde los de arriba siempre encuentran la manera de eludir la justicia.
Epílogo: la impunidad como política de Estado
El caso Imperio Ámsterdam es solo la punta del iceberg de una podredumbre que atraviesa todo el sistema político y económico chileno. Mientras el gobierno de Kast se ufana de su “mano dura”, las escuchas telefónicas revelan cómo los líderes de una organización criminal discutían contactar a parlamentarios para hacer “lobby” y cómo un imputado ofrecía dinero a un candidato a diputado “para ver si los ayuda”. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura”. La verdadera lucha contra el crimen organizado no se libra con estados de excepción ni con más cárceles, sino con un Estado que realmente persiga a los poderosos y que no se doblegue ante los intereses de la clase dominante. Mientras eso no ocurra, la impunidad seguirá siendo la regla, no la excepción.