La llegada de profesionales recién titulados a puestos de alta responsabilidad en el gobierno de José Antonio Kast, con sueldos que superan los $9,9 millones mensuales, no es una novedad: es la repetición de un libreto que ya fracasó en la administración de Gabriel Boric. El programa “Futuro Público”, que busca reclutar jóvenes menores de 35 años para ocupar cargos de confianza, es el espejo de la “generación de los 30” que pobló el gobierno anterior. Mientras la clase trabajadora enfrenta un desempleo del 9,4% y los jóvenes ven cómo sus títulos universitarios no les garantizan ni siquiera un trabajo precario, el Estado se llena de veinteañeros que nunca han gestionado un presupuesto público y que, sin embargo, ganan diez veces más que un trabajador promedio. La derecha chilensis, que criticó con saña la inexperiencia del gobierno de Boric, ahora repite el mismo error, demostrando que la “eficiencia” y la “mano dura” son solo un discurso para los de abajo, mientras los de arriba siguen repartiéndose el botín del poder.
Santiago de Chile. El 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast asumió la presidencia con la promesa de poner fin a la “improvisación” y la “inexperiencia” del gobierno de Gabriel Boric. Cinco meses después, su administración ha replicado el mismo error que tanto criticó. El programa “Futuro Público”, lanzado en diciembre de 2025, busca reclutar a jóvenes profesionales de hasta 35 años para ocupar cargos en el Estado. La iniciativa, que cuenta con un consejo directivo de 22 miembros, promete capacitar a estos jóvenes en gestión pública, presupuesto y manejo de crisis. Pero lo que el gobierno presenta como una “renovación” es, en los hechos, la institucionalización de la inexperiencia como criterio de selección.
La fábrica de aprendices: dos casos que retratan el desprecio por la preparación
Dos casos recientes, ocurridos en áreas estratégicas del Estado, confirman el patrón de inexperiencia millonaria que caracteriza al gobierno de Kast.
El primero ocurrió en el Servicio Nacional de Migraciones. Camila Pérez, abogada de 26 años, juró como abogada ante la Corte Suprema en marzo de 2026 y al mes siguiente fue contratada como “experta” en la dirección del organismo, con una remuneración bruta mensual de $2.769.058. Su cargo, bajo el estamento de “experto” —grado 8, asociado a funcionarios con mayor trayectoria en el sector público—, la ubica como asesora del gabinete del director Frank Sauerbaum. Pérez es militante de Renovación Nacional y fue candidata a concejala por Romeral en 2024, sin resultar electa. Su contratación se produce en medio de la implementación del Plan Retorno, una de las medidas estrella del gobierno en materia migratoria. Desde Migraciones han salido a precisar que sus funciones están acotadas a labores de asesoría, pero la pregunta persiste: ¿cómo es posible que una abogada que juró hace apenas cinco meses ocupe un cargo de “experto” que, por definición, debiera recaer en alguien con trayectoria probada?
El segundo caso es aún más revelador de la lógica de clase que guía estos nombramientos. Trinidad Zegers Domínguez, abogada de 27 años, juró como abogada en abril de 2026. Ese mismo mes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la puso a cargo de la coordinación de la reactivación de la Reforma Procesal Civil, una iniciativa que busca reemplazar el Código de Procedimiento Civil de 1903 y que duerme en el Congreso desde 2012. Su sueldo: $2 millones mensuales. La reacción no se hizo esperar. La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) expresó sus reparos, señalando que una reforma de esa envergadura “requiere que todas las responsabilidades relevantes, tales como, técnicas, políticas, administrativas y de coordinación, sean asignadas con criterios transparentes y atendiendo a la experiencia y competencias necesarias para la función encomendada”. Incluso desde el propio oficialismo surgieron críticas por la falta de experiencia y los contactos que habrían facilitado el nombramiento.
Rabat salió al paso de las críticas, asegurando que la función de Zegers es “ejecutiva y administrativa” y que “evidentemente, que una reforma de esa naturaleza la lleva en el parlamento el ministro de Justicia”. Pero el argumento no cuela. La propia OTJ fue categórica: no se trata de un problema personal contra Zegers, sino de “un problema institucional” que revela que el Ministerio de Justicia está dispuesto a asignar responsabilidades clave sin criterios de mérito ni transparencia.
La hipocresía de la “mano dura”: la crítica selectiva de la derecha
La derecha chilensis, que durante el gobierno de Boric se rasgó las vestiduras por la inexperiencia de sus ministros, ahora guarda silencio o celebra los nombramientos de jóvenes profesionales en su propia administración. El doble estándar es brutal: cuando la inexperiencia es de izquierda, es un “fracaso” y una “improvisación”. Cuando es de derecha, es una “renovación” y una “apuesta por el futuro”. La función de clase de esta crítica selectiva es evidente: la derecha no cuestiona la inexperiencia en sí misma, sino que la inexperiencia esté al servicio de proyectos que no beneficien a los grupos económicos que la financian.
Los casos de Camila Pérez y Trinidad Zegers no son excepciones, sino la regla. A ellos se suman el de Sofía Shea, periodista de 24 años, egresada hace apenas un año y con una práctica profesional de siete meses, que fue ascendida en un mes a jefa del Departamento de Comunicación Digital de la SECOM; y el de Francisca Álamos, ingeniera comercial de 31 años, sin trayectoria en la industria financiera, designada como cabeza de la Oficina de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. El patrón es el mismo: jóvenes, recién titulados, militantes o cercanos al oficialismo, ocupando cargos de alta responsabilidad para los que no tienen preparación, con sueldos que la clase trabajadora jamás podría alcanzar.
El lujo de la inexperiencia: sueldos millonarios para aprendices de gobernante
La paradoja alcanza niveles grotescos cuando se contrastan estos nombramientos con la realidad de la clase trabajadora. Mientras los jóvenes profesionales recién titulados llegan a cargos de confianza con sueldos que superan los $2,7 millones —y en algunos casos los $9,9 millones mensuales para asesores presidenciales—, el desempleo juvenil supera el 24% y los titulados universitarios enfrentan un mercado laboral que los excluye sistemáticamente. Un asesor del Presidente que cumpla con todos los requisitos puede ganar hasta $9.963.058 mensuales, mientras que un joven profesional con título universitario tiene una probabilidad de 1 entre 6 de estar sin trabajo.
El programa “Futuro Público”, que se presenta como una herramienta para “atraer y formar una red de jóvenes profesionales con vocación de servicio”, es en realidad un mecanismo de captación de cuadros políticos sin experiencia previa. Los seleccionados recibirán una capacitación intensiva y pasarán a ocupar cargos de responsabilidad en el Estado, sin haber demostrado nunca su capacidad para gestionar recursos públicos o tomar decisiones complejas. Es la “escuela de gobierno” de la derecha, financiada con recursos de todos los chilenos, para formar a sus propios militantes.
Epílogo: el Estado como botín de la clase dominante
Los casos de Camila Pérez y Trinidad Zegers no son una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El Estado no es un ente neutral al servicio del bien común, sino un botín que la clase dominante se reparte entre sus propias filas. Los jóvenes profesionales que llegan a cargos de confianza no son elegidos por su capacidad o su experiencia, sino por su lealtad al proyecto político de la derecha. Su inexperiencia es funcional: garantiza que no cuestionen las decisiones de sus superiores y que sigan las directrices del partido sin chistar.
El gobierno de Kast no es un gobierno de jóvenes talentosos, sino un gobierno de aprendices de gobernante que, con sueldos millonarios y cero experiencia, gestionan los recursos de todos los chilenos mientras los trabajadores se hunden en la precariedad. La inexperiencia de los de arriba no es un error; es una característica del sistema. Y mientras el Estado siga siendo un botín de la clase dominante, la inexperiencia millonaria seguirá siendo la regla, no la excepción.