Mientras el gobierno de Daniel Noboa pregona una férrea lucha contra el crimen organizado, el pasado 18 de agosto firmó un acuerdo ministerial que convierte a Ecuador en un territorio de operación libre para las fuerzas armadas estadounidenses. Militares, contratistas y civiles del Pentágono podrán ingresar al país sin visa, sin necesidad de permisos oficiales y con inmunidad judicial absoluta. La misma administración que se jacta de “recuperar el control” ha entregado a Washington la llave de la soberanía nacional: un cheque en blanco para que miles de soldados extranjeros operen en territorio ecuatoriano sin rendir cuentas a ninguna autoridad local, replicando el libreto de la Guerra Fría y la Doctrina Monroe, donde el “patio trasero” se vuelve a militarizar para garantizar los intereses del capital transnacional.
Quito. La madrugada del 18 de agosto de 2026, el Ministerio del Interior de Ecuador publicó en el Registro Oficial el acuerdo ministerial que sella una de las cesiones de soberanía más graves en la historia reciente del país. Firmado por el ministro John Reimberg, el texto establece un nuevo procedimiento migratorio para el personal militar y civil del Departamento de Defensa de Estados Unidos y sus contratistas, amparado en el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) firmado entre ambas naciones en 2023 y ratificado en 2024.
Los privilegios del imperio
Los alcances del acuerdo son lapidarios. Los integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses, empleados civiles del Pentágono y empresas contratadas o subcontratadas por este, podrán ingresar al país sin necesidad de permisos oficiales y contarán con inmunidad para cualquier acción de carácter judicial. El personal bajo este esquema podrá permanecer hasta 180 días no renovables dentro de cada año, con entradas múltiples, mediante un registro denominado “Actos de Comercio y Actividades”, sin necesidad de una visa ecuatoriana. Para ingresar, bastará con presentar un pasaporte o identificación oficial estadounidense y una orden de movimiento del Departamento de Defensa.
El documento detalla además la exención de tasas migratorias para el personal y aeronaves estadounidenses; la protección frente a sanciones administrativas mientras la permanencia sea regular; y la tramitación diplomática cuando las actuaciones involucren a personas cubiertas por privilegios e inmunidades, lo que significa que podrían realizar cualquier tipo de actividad sin responder a las autoridades judiciales ecuatoriana. Las inmunidades, advierte el análisis de La Jornada, pueden dificultar que autoridades y víctimas ecuatorianas investiguen directamente posibles abusos.
La farsa de la “cooperación”
El acuerdo se firmó el mismo día que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, se reunía en Quito con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el titular del Comando Conjunto, Henry Delgado, para “revisar los avances de las operaciones conjuntas” en la lucha contra el “narcoterrorismo”. La coincidencia no es casual: el gobierno de Noboa ha utilizado la crisis de seguridad como excusa para una entrega de soberanía que, en los hechos, convierte a Ecuador en un apéndice de la estrategia militar de Washington.
Lo que la normativa no explica, sin embargo, es cuántos militares, civiles o contratistas podrían ingresar, si deberán quedar identificados o registrados sus nombres, compañías y funciones, las provincias o instalaciones donde operarán, si portarán armas o participarán directamente en ataques, qué autoridad ecuatoriana aprobará cada misión y qué jurisdicción investigará posibles muertes, lesiones o daños civiles. La opacidad no es un descuido: es la garantía de que el Pentágono operará sin control.
La hipocresía del “Estado de derecho”
La paradoja de este acuerdo alcanza niveles grotescos cuando se contrasta con el discurso del gobierno de Noboa. La misma administración que declara “conflicto armado interno” y promete “mano dura” contra el crimen organizado, es la misma que entrega a Washington la capacidad de operar en territorio ecuatoriano sin las cortapisas que sí se exigen a los ciudadanos ecuatorianos. Mientras un manifestante puede ser condenado por “terrorismo”, un soldado estadounidense podrá actuar con total impunidad, blindado por un acuerdo que ninguna autoridad ecuatoriana podrá revisar.
La hipocresía alcanza su punto más alto cuando se recuerda que la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en Ecuador fue rechazada por el 60,6% de la ciudadanía en un referendo de 2025. Noboa, sin embargo, ha decidido ignorar la voluntad popular y avanzar por la vía de los decretos, demostrando que para la oligarquía ecuatoriana, la soberanía es un concepto que se negocia cuando los intereses del capital están en juego.
La función de clase de la rendición
Desde una perspectiva marxista, el acuerdo ministerial no es una medida de seguridad, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado ecuatoriano. El capital transnacional, representado por el Pentágono y las corporaciones que lo rodean, necesita garantizar el control de los recursos estratégicos y la estabilidad de los regímenes que le son funcionales. La militarización del territorio no es una respuesta a la inseguridad, sino un dispositivo de control social que blinda los intereses del capital.
El gobierno de Noboa, al entregar la soberanía y la impunidad al imperio, no está protegiendo a la clase trabajadora ecuatoriana. Está garantizando que el capital extranjero pueda operar sin restricciones, que los recursos naturales sigan siendo saqueados y que cualquier resistencia popular sea sofocada con la fuerza de un ejército que no rinde cuentas a nadie. La “lucha contra el narcotráfico” es solo la coartada para una ocupación militar que, como en Colombia y en el resto de América Latina, siempre ha servido para proteger los intereses de los de arriba, no la vida de los de abajo.
Epílogo: la soberanía como botín
El acuerdo ministerial de Ecuador es un nuevo capítulo en la larga historia de la subordinación de América Latina al imperio. La Doctrina Monroe, resucitada por la administración Trump, ha vuelto a imponer la lógica del “patio trasero”: un territorio donde los Estados latinoamericanos son meros ejecutores de los designios de Washington, y donde la soberanía popular es un concepto que se negocia en los despachos del Pentágono.
Mientras los ministros celebran la “cooperación” y los generales estadounidenses planean sus operaciones, la clase trabajadora ecuatoriana sigue esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. El imperio entra sin visa, sin control y sin rendición de cuentas. Y los de abajo, una vez más, pagan el costo de una soberanía que los de arriba han decidido vender al mejor postor.